
Ataque a Cristina Fernández: piden que se investigue a la Policía porteña
Redacción La NUEVA Mañana


La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández solicitó este viernes que se investigue la posible "responsabilidad penal" de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el ataque que la tuvo como víctima el 1 de septiembre de 2022, dado que esa era "la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado" fallido en el barrio porteño de Recoleta.
Los abogados que representan a la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, formularon el planteo en un escrito de 28 páginas que dirigieron al fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la causa en la que intervienen también la jueza María Eugenia Capuchetti, dijeron fuentes judiciales.
"Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sostuvieron los abogados querellantes en la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra Fernández de Kirchner.

"La Policía de la Ciudad era, además, la mayor responsable de garantizar la seguridad de la vicepresidenta (a quien solo la salvó un milagro)", sostuvieron los letrados en el escrito en el que repasaron distintos episodios violentos que tuvieron por víctima a la exmandataria y/o a dirigentes y militantes del espacio político que representa.
El escrito apuntó también al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (en uso de licencia), Marcelo D'Alessandro, y en el mismo se cuestionó nuevamente a la jueza Capuchetti, a la que le achaca no haber investigado a la policía porteña por sus supuestos vínculos con la conducción de esa fuerza.
"Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de Vicepresidenta en un sistema democrático", afirmaron los abogados en la presentación judicial.
"Más allá del atentado, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos. Esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza Capuchetti que investigó a la custodia vicepresidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad Buenos Aires", sostuvieron los abogados Aldazábal y Ubeira.
La querella también reclamó que se cite a prestar declaración testimonial al fiscal Gómez Barbella, con el fin de que dé cuenta del oficio que le habría enviado a Marcelo D'Alessandro en el que supuestamente alertó sobre la posibilidad de que se desarrollaran episodios de violencia en torno al instituto Patria.
Fuente: Télam
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