Por: Consuelo Cabral
El 1 de agosto, durante un operativo represivo de Gendarmería nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, Santiago Maldonado, de 28 años, desapareció. Y si bien en enero de 2017 ya habían sido denunciados operativos similares, con uso de balas de plomo por parte de las fuerzas del Estado nacional, la desaparición del joven tatuador puso en el centro de la escena al pueblo mapuche y su reclamo por la recuperación de tierras, hoy en manos de empresarios extranjeros, como es el caso de Luciano Benetton o el magnate inglés Joseph Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri desde hace 11 años.
Durante 78 días la pregunta “¿Dónde está Santiago Maldonado?” dio la vuelta al mundo, empapeló las redes sociales y fue bandera en las masivas movilizaciones que hubo en todo el país. Fue recién el 17 de octubre, cinco días antes de las elecciones legislativas, que tras un nuevo rastrillaje al río Chubut su cuerpo apareció flotando.
El sábado 21 de octubre, a pocas horas de los comicios, el juez Gustavo Lleral a cargo de la investigación dijo ante los medios que Santiago no presentaba lesiones. De esa forma, el magistrado le limpió las manos al Gobierno y eso se reflejó en las urnas.
Después, la autopsia reveló que Santiago murió por ahogamiento. La familia y también desde distintos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos denuncian que de no haber sido por la feroz represión de Gendarmería, Santiago no se habría visto obligado a tirarse al río.
Apenas dos meses después del hallazgo de Santiago sin vida, el sábado 25 de noviembre, Rafael Nahuel fue asesinado en un operativo del grupo Albatros de Prefectura, en Villa Lago Mascardi, contra la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu que ocupaba tierras que según la machi eran sagradas.
Rafael tenía 22 años y participaba en una organización barrial donde aprendía a soldar. Una bala nueve milímetros que habría salido de un arma de Prefectura lo alcanzó cuando huía por una montaña. Estaba junto a los mapuches porque la represión ocurrida dos días antes, donde incluso hubo niños detenidos, lo había conmovido y había decidido solidarizarse.
Durante esos 60 días entre la aparición del cuerpo de Santiago flotando y el asesinato de Rafael, desde el Gobierno nacional, principalmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comenzó a asociar al pueblo mapuche con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) instalando la idea de un enemigo interno, terrorista y vinculado a grupos extranjeros.
Los medios masivos de comunicación acompañaron el discurso oficial e incluso lo foguearon. Un ejemplo claro fue cuando luego de la muerte de Rafael, Bullrich lanzó un comunicado donde se detallaba de forma minuciosa que los mapuches tenían armas de fuego y que habían disparado contra Prefectura.
“Murió un mapuche durante un enfrentamiento con Prefectura”, fue el título general, en consonancia con el comunicado. Sin embargo, las pericias ordenadas por el juez Gustavo Villanueva en el lugar donde ocurrió el operativo arrojaron que todos los casquillos encontrados son de Prefectura.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el beneficio de la duda es para las fuerzas y no para el pueblo, con lo que a contramano de lo que señala la Constitución respaldó los abusos cometidos por Prefectura.
Pero a diferencia de lo que podría pensarse que haría el Gobierno nacional tras la caída de la versión oficial sobre Rafael Nahuel, la ministra Bullrich dijo que el beneficio de la duda es para las fuerzas y no para el pueblo, con lo que a contramano de lo que señala la Constitución respaldó los abusos cometidos por Prefectura y, coherente con su discurso, continuó avanzando en su escalada represora hasta desembocar en los oscuros jueves 14 de diciembre y lunes 18 de diciembre.
Fue durante las protestas contra la aprobación del recorte a los jubilados a través de la ley de reforma previsional, que el ministerio sacó todas las fuerzas a las calles, dejando ambas jornadas unos 200 heridos en total.
Miles de ciudadanos se enfrentaron durante horas a camiones hidrantes con agua de color amarillo, gases lacrimógenos, balas de goma, motos, piedras cuando se les acabaron las balas de goma. Fue tras las protestas que Mauricio Macri volvió a usar el recurso discursivo del “enemigo interno”.
Así, justificó los abusos cometidos por “las fuerzas del orden” diciendo que “la violencia que vimos fue orquestada, no fue espontánea” sino organizada por “violentos” y “extremistas”.
Con dos años por delante para concluir su gestión, y si en un semestre hubo dos muertos y centenares de heridos, la pregunta es hasta dónde avanzará la escalada de violencia estatal y quiénes serán los nuevos enemigos internos para justificarla.
Apenas dos meses después del hallazgo de Santiago sin vida, el sábado 25 de noviembre, Rafael Nahuel fue asesinado en un operativo del grupo Albatros de Prefectura, en Villa Lago Mascardi.
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