Redacción La Nueva Mañana
Con la consigna “Cumplir la ley es prioridad” y con el pedido de justicia por la muerte de Ezequiel Castro, este viernes se realiza la 9ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental.
Se trata de una movilización que desde 2014 toma el espacio público para reclamar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Es convocada por un amplio colectivo de organizaciones que partirá desde Colón y La Cañada a las 17.
En distintos momentos de la movilización habrá radios abiertas e intervenciones artísticas. En esta edición de la marcha, el colectivo levanta un fuerte y directo reclamo que incluye el cierre del Centro Psicoasistencial y la renuncia de la actual secretaria de Salud Mental, María Pía Guidetti.
“A pesar de sostener un discurso a favor de la ley, es la principal responsable de que en 12 años no se haya transformado el sistema de atención a la salud mental como la propia ley lo indica, y que en su lugar se haya implementado una política de ajuste y vaciamiento institucional”, expresan desde el colectivo.
“Nuestra lucha enfrenta muchas barreras y dificultades, impuestas precisamente por quienes tienen la responsabilidad de implementar las leyes nacional y provincial de salud mental y se resisten a hacerlo. Hay que invertir en la comunidad para exigir inversión pública en un sistema de salud comunitario, que se traduzca en el acceso efectivo a los derechos humanos, que sea inclusivo e integral”, afirman en el documento elaborado para esta 9ª marcha.
Respecto al paradigma de derechos que propone la ley, desde el colectivo organizador, mencionan que hay “posiciones punitivistas y hay quienes aún sostienen la idea de la peligrosidad de las personas usuarias y reclaman más castigo y encierro. Asocian violencia y delito a sufrimiento psíquico reforzando la exclusión hacia este colectivo”.
“Desde la hegemonía biomédica, vuelven las miradas reduccionistas con actores que pretenden sostener la centralidad de los hospitales psiquiátricos en las estrategias de atención, negando prácticas interdisciplinarias con modelos comunitarios”, explican.
Por eso, insisten en que la prioridad es cumplir con la ley, “fortaleciendo los marcos institucionales y comunitarios para que el acceso a la salud mental de las personas usuarias, sea desde el reconocimiento de la dignidad”.
Entre los principales reclamos mencionan “una enorme deuda” con la salud mental y exigen que “esté en todas las políticas”. Además, piden el reconocimiento de las prácticas de cuidado comunitarias y “acompañar y no castigar” a las personas con consumos problemáticos.
“Marchamos por las infancias vulneradas y por la necesidad de acompañarlas, marchamos para que no se vulneren más los derechos de las personas con discapacidad, marchamos para exigir el acceso a la salud mental en contextos carcelario”, agregan.
También piden justicia “por todas las víctimas de la violencia estatal, el poder policial represivo y el poder deshumanizador del sistema manicomial”.
