En el marco de la causa por el Correo-Gate, el juez federal Ariel Lijo requirió los libros societarios y contables desde 2001. Se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda.
País 24/12/2017
El juez federal Ariel Lijo exigió conocer la situación bancaria de empresas del Grupo Macri y el Correo Argentino. El magistrado ordenó las medidas en el marco del expediente por el cual se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda por parte del Estado al Correo Argentino S.A. durante la gestión de Mauricio Macri.
Por su parte, la fiscal Grabiela Boquin estimó que el perdón sumaría unos $ 70.000 millones hasta 2033. En la causa está imputado el presidente; el entonces ministro de Comunicaciones, y actual de Defensa, Oscar Aguad; y su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros.
El magistrado ordenó oficios a las firmas de la familia Macri como así también al Correo Argentino para que remita los libros societarios desde el inicio de la concesión, en 2001, hasta la actualidad para completar la información aportada.
El pedido surge a raíz de que en junio pasado, que según la Justicia las respuestas a las órdenes de presentación a las firmas Sideco Americana y Socma -del Grupo Macri- "resultaron ser insuficientes".
Además, el juez pidió que en la documentación, a remitir al juzgado, se incluyan actas de asamblea, actas de directorio, registro de acciones/accionistas, depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales y demás libros contables y extracontables (diario de inventario y balances a la fecha).
De acuerdo al requerimiento del fiscal Juan Pedro Zoni, el juez solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe sobre la situación bancaria de las empresas Sideco Americana S.A, Socma Americana, Neficor Argentina y Correo Argentino.
En una ampliación de la imputación, el fiscal Zoni solicitó que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que fue por la fiscal Gabriela Boquin ante la Cámara del fuero Comercial.
En su momento, Boquin dijo que el acuerdo entre Correo y el Estado era "abusivo" y denunció el aparente intento de "vaciamiento" de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario, vinculado con la familia del presidente Macri.
El caso llegó a los tribunales de Comodoro Py, a partir de cuatro denuncias que se unificaron. Dos fueron realizadas por bloques de diputados kirchneristas, una por un abogado y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Fuente: Política Argentina y Ámbito Financiero.
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