Redacción La Nueva Mañana
Este lunes se realiza el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con alcance en los niveles inicial, primario y secundario de todo el país.
La medida de fuerza, prevista por 24 horas, reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición salarial, mayor financiamiento para las escuelas públicas y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
CTERA denunció que los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y cuestionó el recorte de fondos nacionales destinados a la educación. Además, rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa y eventuales reformas jubilatorias que, según la organización, ponen en riesgo derechos laborales, previsionales y el sistema educativo público.
En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ratificó su adhesión a la medida y difundió un duro comunicado contra el Ministerio de Capital Humano de la Nación. El gremio cuestionó el anuncio de inspecciones en establecimientos educativos para controlar el cumplimiento del régimen de "servicio esencial" durante la huelga y sostuvo que esa decisión constituye "un grave intento de restringir el ejercicio del derecho de huelga", garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La organización sindical afirmó además que, en la provincia de Córdoba, el anuncio del Gobierno nacional "resulta jurídicamente inviable", ya que la educación es una competencia provincial y el Ministerio de Capital Humano "carece de facultades para inspeccionar, controlar o promover sanciones sobre trabajadores dependientes del sistema educativo provincial". En ese sentido, remarcó que ninguna amenaza o intento de intimidación reemplazará la negociación paritaria ni vulnerará derechos constitucionales.
El paro coincide con el regreso a clases tras el receso invernal en varias provincias y también cuenta con adhesión de gremios docentes universitarios y sindicatos de distintas jurisdicciones. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza una medida de fuerza nacional, por lo que se prevén complicaciones en el funcionamiento de dependencias públicas.
Mientras tanto, el conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno nacional vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de la educación pública y el alcance del derecho constitucional a la huelga.
