Pacientes hemofílicos contagiados con VIH en 1985 volvieron a pedir justicia  

Hace tres décadas, alrededor de mil personas que tenían hemofilia se contagiaron de VIH. Días pasados, Pedro Benigno Gutiérrez, Hugo Adrián Cardozo e Iván Darío Rivarola (quien vive en Córdoba) reclamaron el procesamiento de los responsables de la Fundación de la Hemofilia Argentina, donde contrajeron las enfermedades entre 1985 y 1992.

Los tres se amparan en un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de comienzos de este año que declaró que los presuntos delitos no están prescriptos y ordenó reabrir la causa, cuya clausura por el paso del tiempo había ordenado el juez federal Claudio Bonadío en el 2005.

La hemofilia es un trastorno genético que afecta la coagulación de la sangre.

La primera de las nuevas denuncias recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y las otras dos en el de María Servini, donde fueron ratificadas, aunque todo indica que deberían unificarse.

"Ante el conocimiento de hechos gravísimos y enterado de la muerte de ochocientos hemofílicos, entre los cuales conocí personalmente a casi todos, ya no me queda duda de que lo que hicieron con nosotros fue un genocidio o una matanza generalizada", sostuvo Gutiérrez en su reclamo.

Las denuncias apuntan a los médicos Raúl Pérez Bianco y Miguel Tezano Pintos, ex director y ex integrante del consejo de administración, respectivamente, de la citada Fundación, así como a Eduardo Cordero Biedma y Eduardo Alfredo Díaz, entonces directivos ejecutivos de la Academia Nacional de Medicina y de la institucional especializada.

Las denuncias penales son por los supuestos delitos de "contagio doloso", "tráfico de medicamentos contaminados" y "envenenamiento masivo", para los cuales el Código Penal prevé penas de hasta 25 años de prisión cuando alguno de esos ilícitos provoca muertes.

Todos los pacientes se infectaron del virus del VIH al ser transfundidos con sangre extraída en países de África, donde ya había estallado la epidemia, y procesada en Francia sin los recaudos necesarios. Ese concentrado era importado por la Argentina, que fue uno de los países más afectados por esta contaminación a gran escala, aunque se estima que en Estados Unidos y otras naciones europeas hay entre 6 y 10 mil pacientes en idéntica situación.

La mayoría de los infectados se fueron muriendo a lo largo de los años esperando justicia, entre ellos, Luis Echerren, el principal impulsor de esta causa que falleció en enero del 2015 y que denunció la actitud del juez federal Claudio Bonadío, quien nunca tomó declaración a los denunciados hasta que la acción penal prescribió en el año 2005, y cerró el caso.

El fallo de Casación ordenando reabrir la causa fue apelado por los imputados, por lo que se espera que intervenga la Corte Suprema de Justicia para resolver el litigio.

Fuente: Telam