En Paraná se realizará la tercera audiencia pública del año de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con foco en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Ed Impresa 17/06/2022
Pablo Javier Rodríguez
Bajo las modalidades presencial y remota, el 28 y el 29 de este mes se realizará la 3° audiencia pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las dos experiencias anteriores de 2022 se concretaron en la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, para las audiencias de esta provincia y de San Juan, San Luis y La Rioja; y en Resistencia, Chaco, recogiendo la voz del público de Formosa, Corrientes, Misiones y la provincia anfitriona.
“El desafío es que los públicos sean conscientes del derecho a la comunicación que les asiste y que conozcan las herramientas que existen en la legislación vigente para ejercer ese derecho y defenderse ante la vulneración de derechos a través de los servicios audiovisuales”. Quien habla es Gustavo Bulla, coordinador de las Audiencias Públicas de la Defensoría del Público, entrevistado por La Nueva Mañana.
El 10 de diciembre de 2009 fue sancionada en el Congreso la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dejó atrás a la Ley de Radiodifusión de la dictadura. En su capítulo IV, artículo 19, la flamante norma dispuso la creación de la Defensoría del Público, un novedoso instrumento cuyas principales tareas son la recepción y canalización de consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y televisión; la convocatoria directa a organizaciones intermedias y el llamado a audiencias públicas en todas las regiones del país; la formulación de recomendaciones públicas; y básicamente, la representación de los intereses del público.
La primera defensora del Público fue Cinthya Ottaviano, quien asumió el 14 de noviembre de 2012 y se sostuvo en el cargo hasta el mismo día de 2016; tiempo en el que concretó unas 17 audiencias públicas y dos encuentros nacionales, con 1700 expositores y expositoras y 4270 personas asistentes.
“Con el gobierno de Mauricio Macri, hubo dos primeros años de acefalía y en 2018 y 2019 se intervino la Defensoría. Esto conspiró contra las posibilidades de ampliación del conocimiento por parte de la población de la existencia del área”, recuerda Gustavo Bulla. En plena pandemia, el 24 de junio de 2020 asumió como defensora del Público la periodista Miriam Lewin, quien afirmó desde el comienzo pretender “un organismo efectivamente federal y ágil” para acompañar el fortalecimiento de “audiencias activas y diversas”.
Hasta el 23 de junio pueden anotarse quienes quieran participar, virtual o presencial, de la Audiencia para la Región Centro: es necesario residir en las provincias de Entre Ríos, Córdoba o Santa Fe.
Bulla explica que esta oficina “ejerce una intermediación entre los públicos de todo el país y los titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual” y que “no tiene poder sancionatorio”.
Sin embargo, subraya que allí donde se le plantea una vulneración de derechos a partir de “denuncias de los interesados u observaciones sobre lo que se emite”, sí tiene la responsabilidad de “mantener un diálogo con los responsables de los contenidos, asesorar a quienes quieren recurrir al Poder judicial y elevar informes a la autoridad de aplicación que tiene capacidad de sanción, que es el Ente Nacional de las Comunicaciones, Enacom”.
La Defensoría cobró mayor notoriedad cuando personajes mediáticos como Baby Etchecopar o Viviana Canosa, al ser observados por vulneraciones de derechos, “redoblaron la apuesta diciendo que la Defensoría era chavista o un órgano de censura k”, recuerda Bulla. Desde el sector político, agrega, “hay dirigentes que son férreos opositores a la existencia misma de la Defensoría”, y cita el caso del ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, quien adelantó que si vuelven al gobierno, la cerrarán.
Sin embargo, Bulla destaca tareas realizadas que, sin tanto reconocimiento público, “contribuyen a mejorar los servicios de comunicación en la Argentina y los derechos de las audiencias”: capacitaciones con los canales del Grupo Telefé, con diversas emisoras radiales, convenios con gobernadoras y convocatorias a periodistas; “un asesoramiento fuerte para medios populares y para los pequeños productores de contenidos audiovisuales para que se puedan presentarse al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca)”.
En 2021, el tópico “Los medios y la información en la pandemia” convocó virtualmente a la comunidad para sumarse a “audiencias activas para una comunicación democrática”. El eje temático de las audiencias de este año es “Concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación”.
Bulla subraya que participa un promedio de 100 expositores por audiencia, de “sectores variados y representativos”, con “reclamos estructurales y también particulares de las regiones”: la falta de federalismo en los contenidos y la distribución inequitativa de la pauta publicitaria oficial; la falta de perspectiva de género en el abordaje de las violencias; la demanda de mejoramiento de la infraestructura de conectividad, las problemáticas de los pueblos originarios y las comunicaciones en zonas de frontera.
- ¿Qué estrategias piensan para ampliar el piso de participación?
- Las propias audiencias públicas son ámbitos importantes para dar a conocer la Defensoría. Tenemos como barrera la concentración de la propiedad de los medios, que funciona muchas veces como opositor a nuestra tarea, a la que se ve como una suerte de enemigo a derrotar o silenciar. El nuestro es un trabajo gradual. La Defensoría del Público no está llamada a ser un organismo que explote en la consideración popular, pero sí debe ir creciendo en base a su trabajo, su coherencia y su difusión.
Finalmente, sobre la importancia de empoderar a los públicos, Gustavo Bulla recurre al slogan que utilizan en la Defensoría: “Por audiencias más activas”. Y se explaya: “El especto radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad y el Estado nacional lo administra. La explotación de las frecuencias se concesiona por un tiempo limitado a sectores privados comerciales o sin fines de lucro, pero en última instancia nos pertenece a todos los ciudadanos. Por lo tanto, a todos nos debe interesar que el servicio que se nos preste sea de la mayor calidad posible, que respete derechos e informe adecuadamente, con la libertad absoluta de fijar posiciones sobre los diferentes aspectos de la actualidad”.
La inscripción a la audiencia puede realizarse en el siguiente enlace.
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