El Senado dio el puntapié para discutir la ampliación de la Corte Suprema

  

JUSTICIA 

En medio de la discusión en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación comenzó este miércoles a discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un debate que siempre se mantuvo en la agenda judicial del oficialismo aunque se fue postergando debido a las divergencias internas del Frente de Todos.

El proyecto representa también el primer acto de trabajo conjunto entre el nuevo interbloque del oficialismo, integrado desde la semana pasada por dos bloques: el Frente Nacional y Popular que tiene como presidente de José Mayans, y Unidad Ciudadana, comandado por Juliana Di Tullio.

La discusión tuvo su primer capítulo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presidida por Guillermo Snopek, y la de Asuntos Penales, que comanda Oscar Parrilli. Allí se acordó un esquema de trabajo que se retomará el miércoles 13 de mayo en el que se determinará el mecanismo para dar comienzo a una ronda de expositores que será propuesto por los diferentes integrantes del cuerpo.

Los proyectos

La iniciativa del oficialismo toma como punto de partida un proyecto del senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, que propone llevar la conformación de la Corte de cinco a nueve integrantes.

En la actualidad, el Máximo Tribunal de Justicia del país está integrado por cinco miembros, aunque en la práctica funciona con cuatro ya que nunca se promovió el reemplazo para la vacante generada por la renuncia de Elena Highton de Nolasco, que se produjo en noviembre del 2021.

El cuestionado presidente Horacio Rosatti comparte hoy las sillas cortesanas con Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Un pleno masculino que deja a un lado la paridad de género, que es uno de los puntos sobre los que debería avanzar una nueva conformación, según se desprende de las impresiones de quienes coinciden en la necesidad del debate.

De hecho, semanas antes de que la partida de Highton de Nolasco se hiciese efectiva, la riojana Clara Vega, del bloque unipersonal “Hay Futuro Argentina”, presentó un proyecto que apunta a garantizar la paridad y que establecía que los integrantes de un mismo sexo “no podrá superar en más de uno a los miembros del otro sexo”.

La propuesta de Rodríguez Saá establece que no puede haber cinco integrantes del mismo sexo. Pero su planteo, que sumó la firma de la titular del flamante bloque de Unidad Ciudadana, va más allá y proponer “salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la Corte”. Para eso proponía incluir representantes de Derecho “Civil, comercial, Penal, Trabajo, Seguridad Social, Constitucional, Contencioso Administrativo y cualquier otra rama del Derecho Público y/o Privado”.

Luego del anuncio respecto a la habilitación del debate en la Cámara alta, el rionegrino Alberto Weretilneck oficializó su iniciativa para elevar el número de ministros de la Corte a 16 integrantes.

Según lo establece ese proyecto, el Máximo Tribunal debe dividirse en cinco salas, de tres integrantes cada una. Esas salas, cuya conformación deberá definirse a partir de un “sorteo público y transparente” deberán actuar “para resolver en cada caso que llegue a conocimiento de la Corte”, “sus decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integran la sala”, mientras que los Presidentes de cada una de las salas  “podrán convocar a tribunal pleno cuando consideren conveniente fijar la interpretación de la ley o la doctrina aplicables”. El texto también contempla que las salas “deberán convocar al pleno cuando puedan producir una resolución contraria a la adoptada en una o más causas anteriores por otra Sala o por la Corte en pleno”.

Por su parte, la Corte actuará en plenario solo “en los asuntos en que tiene competencia originaria”.

Según el proyecto del senador de Juntos Somos Río Negro, la nueva Corte debería tener un “cupo federal” que obligaría a una conformación en la que cada con tres representantes por cada una de las cinco regiones que se enumeran de la siguiente manera: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Norte, Centro y Sur. Además, también se contempla la paridad de género y una renovación de autoridades todos los años. El Presidente se debería elegir por mayoría y “no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva”.

Un cuarto proyecto se conoció el mismo miércoles y tiene la autoría de la neuquina Silvia Sapag, encolumnada con el bloque que se identifica con la vicepresidenta de la Nación. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa que propone elevar a 15 el número de integrantes de la Corte, ocho de los cuales deberían ser mujeres para garantizar la paridad, propone un pormenorizado análisis de los antecedentes de los aspirantes. “En el art. 6 del proyecto hablo de transparencia y conflicto de intereses”, dijo la senadora en el plenario del miércoles en donde propuso que “aparte de que los postulantes tienen que hacer caso a la Ley de Ética de la función pública, deben adjuntar otra declaración con la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen,  la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años”, además de dejar sentado “cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de sus cónyuges, de sus ascendientes y sus descendientes”.

El destacado tenía un destinatario directo entre los actuales ministros, el actual vicepresidente del Máximo Tribunal, que ingresó a la Corte a propuesta del entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que antes había intentado nombrarlo por decreto. “Después de las PASO nos enteramos que Rosenkrantz fugó 650 mil dólares porque le parecía que podía venir un Gobierno nacional y popular y sus bienes podía correr peligro”, apuntó la neuquina que llamó a no desconocer “la relación entre fuga de capitales y pobreza” y ponderó la gravedad del hecho cuando es cometido por un funcionario de la Justicia.

 

 

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