La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentó su informe sobre la situación de violencia institucional a nivel nacional en el contexto de la pandemia.
País 18/12/2021
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó este viernes su informe sobre la situación de violencia institucional a nivel nacional en el contexto de la pandemia de coronavirus, en el que se consigna que se registraron "981 muertes" a manos de integrantes de la fuerzas de seguridad "en los últimos dos años".
En un acto que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, los referentes de Correpi señalaron que "se triplicaron los decesos en lugares de detención", lo que representa "más del 70% de las muertes por violencia institucional".
"El incremento brutal que hemos tenido en muertes en lugares de detención fue consecuencia directa de las decisiones que se tomaron de que pesara más la campaña reaccionaria de la derecha que los reclamos y las advertencias de organismos, organizaciones, familiares y las propias personas privadas de su libertad de que esto iba a ocurrir", señaló a Télam la abogada de la organización María del Carmen Verdú.
En ese sentido, agregó: "Una de las primeras advertencias que tuvimos cuando comenzó la pandemia fue 'cuidado con las cárceles' porque en la situación de hacinamiento si entraba el virus iba a ser una masacre, por eso empezaron las protestas de los internos".
"Hay muchas medidas que están en nuestra agenda antirrepresiva urgente. Si se implementaran podrían no solamente limitar mucho la ilegalidad con la que actúan las fuerzas policiales en la calle, sino también controlar un poco el nivel de impunidad".
Verdú propuso "la prohibición" del uso del arma reglamentaria a todos los efectivos las fuerzas mientras se encuentran fuera de servicio y de civil y "acceso gratuito" al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión, entre otras acciones.
El archivo de casos contiene a la fecha 8.172 víctimas de violencia institucional desde 1996, y en 2020 se verificaron 537 las personas muertas por responsabilidad estatal, según se consigna desde la Correpi.
Mientras que durante los 11 meses que van de 2021 se registraron 417 personas muertas en lugares de detención por gatillo fácil o por otras modalidades.
También se destacó que "la fuerza (policial) dirigida por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta multiplicó por cuatro su incidencia, pasando del 1,2% al 5,2%, y ya es una fuerza más letal que la temida bonaerense si tomamos en cuenta los 121 asesinatos cometidos en estos 5 años o los 51 de los últimos dos años".
Además, el informe arrojó que "el 40% de las personas asesinadas tenían 25 años o menos".
En el acto se recordaron a todas las personas asesinadas el 19 y 20 de diciembre de 2001 y en especial a Carlos "Petete" Almirón, que tenía un rol importante en Correpi con su trabajo territorial con familiares de víctimas.
Los familiares se ubicaron frente al escenario móvil sosteniendo cada uno la foto de las víctimas por la violencia represiva de las fuerzas policiales.
Entre ellos se encontraba, Oscar, el papá de Camilo Caupolican Escobar, asesinado por la policía en el barrio porteño de Caballito el 10 de enero de 2019, causa que continúa sin una resolución judicial.
"Hay un patrón general que recorre el país, siguen matando las fuerzas de seguridad. ¿Quién entrena al 'perro' que muerde y mata a nuestros hijos?. Cambiemos la política de seguridad porque este paradigma a los ciudadanos no nos sirve, deberíamos participar en los proyectos de estudio de los oficiales de policía y controlar el método de operaciones porque si no esto va a seguir sucediendo", remarcó Oscar.
En un documento leído en Plaza de Mayo se señaló que "la situación económica y social ya es crítica y el acuerdo con el FMI la va a agudizar".
"Vemos con enorme preocupación la decisión del gobierno nacional y de los gobiernos locales, de aumentar la presencia represiva en las calles como método de control social para frenar las luchas que tendremos que dar en unidad contra todo el intento de ajuste contra el pueblo trabajador", remarcaron.
Se trata de un dispositivo que permite a organizaciones sociales e instituciones controlar y monitorear cómo son las condiciones de espacios de encierro y detención. Son siete provincias que no disponen de esta herramienta de supervisión.
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