Daniel Landgren es el protagonista del primer juicio penal a un productor de cannabis medicinal. Su abogado señala que se necesita un fallo que zanje dos leyes vigentes y antagónicas.
Ed Impresa 03/09/2021
Adrián Camerano
No hubo forma. A pesar de los múltiples planteos de su defensa, Daniel Landgren afronta un juicio por “producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor” en concurso real con “ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutico”. Ni los antecedentes de los 15 años en la militancia cannábica de Córdoba y Argentina, ni la infinidad de charlas, seminarios, talleres de cultivo medicinal donde intervino, ni los testigos a su favor ni las pericias al material secuestrado en la causa alcanzaron para lograr su sobreseimiento. Incluso el propio titular del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, el fiscal instructor Carlos Cornejo, admitió que al momento de los hechos la Argentina contaba con una ley que aplicaba el uso medicinal de la planta y sus derivados; es la 27.350, que regula el cannabis medicinal o terapéutico.
Con el proceso oral y público en curso, el abogado defensor Carlos González Quintana dice que en este juicio espera una sentencia “que zanje definitivamente la dicotomía de tener dos leyes vigentes y antagónicas al mismo tiempo”.
Landgren, que lleva cuatro años cargando esta mochila, pide “que el Poder Judicial se involucre y jueces y fiscales entiendan que es necesario que dejen de enviar a la cárcel a usuarios o cultivadores de cannabis”.
Ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, el acusado en el primer juicio penal a un productor de cannabis en Argentina –dudoso honor- evidenció conocimiento de la utilización del cannabis con finalidad terapéutica, se defendió de la acusación y utilizó el banquillo para proseguir la lucha por la legalización del cannabis medicinal, la que probablemente sea la razón de su vida.
En diálogo con La Nueva Mañana, fue incluso más allá: dijo que el expediente y posterior juicio tiene tintes políticos, pidió compromiso y aggiornamiento al Poder Judicial y denunció que se sigue “encarcelando a cultivadores y consumidores de cannabis”.
“La causa deviene de una decisión política”, señaló y habló de la tensión entre “un derecho importantísimo como la libertad, para que crezcan otros derechos, como es el caso de la legalización del cannabis medicinal”. Los allanamientos y la demora del acusado producidos en 2017 fueron “en un momento de ventana, en el que se había aprobado la ley pero no estaba reglamentada”, y ahora deviene en “este proceso judicial que vengo arrastrando desde hace cuatro años”.
Landgren subrayó “la necesidad de que la Justicia se involucre, y jueces y fiscales entiendan que es necesario que dejen de enviar a la cárcel a usuarios o cultivadores de cannabis, con el costo altísimo para el Estado y para las personas individuales”.
En la charla, Landgren celebra el cambio de paradigma que ha operado en la sociedad de un tiempo a esta parte. “La mirada en aquel momento era sobre el estupefaciente, y ahora el debate gira en torno a la cuestión medicinal”, dijo, y subrayó “la necesidad de que la Justicia se involucre y jueces y fiscales entiendan que es necesario que dejen de enviar a la cárcel a usuarios o cultivadores de cannabis, con el costo altísimo para el Estado y para las personas individuales, con la pérdida de libertad y los procesos penales que en general terminan en nada”.
El referente de la Comunidad Cannábica Córdoba –reconocida oficialmente por la Inspección General de Justicia provincial- celebra que “ahora hay una masa crítica de usuarios y cultivadores que opina, se informa, busca, y que confronta la medicina tradicional, diciéndole ´este aceitito que hago en casa me sirve más que la medicina tradicional”. Y pide “médicos formados e involucrados en este proceso absolutamente novedoso para los argentinos”.
La causa se inició luego de que la Policía provincial tomara conocimiento de la actividad de Landgren a través de un artículo periodístico publicado en el diario La Voz del Interior, titulado “El primer centro de producción cannábica está en Córdoba”. Hoy, cuatro años más tarde, el abogado defensor Carlos González Quintana señala que el juicio “representa la oportunidad histórica y definitiva que tiene Daniel de probar su inocencia en cuanto a los hechos que le imputó la Justicia provincial cuando arrancó la investigación, hace cuatro años”.
Para el defensor, el fiscal Cornejo “no valoró correctamente la prueba que se fue incorporando a lo largo del proceso”, y detalló: “Pusimos perito químico, arrimamos un informe médico de parte, ofrecimos testimonios de seis pacientes-usuarios de cannabis terapéutico, e incorporamos todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al cannabis y su eliminación de listas de estupefacientes a nivel mundial”.
González Quintana destacó que “mi defendido negó ser un productor de estupefacientes y explicó que el proceso de producción artesanal que desarrolla es un método casero utilizado hace años por autocultivadores con fines medicinales, descartando de lleno que sus aceites tengan efecto psicoactivo”. Lamentó también que “nada de eso prosperó como argumento defensivo y (Landgren) fue enviado a juicio por violar la ley federal de drogas”.
El devenir judicial fue curioso, el propio letrado lo relata. “La Justicia Provincial investigó, imputó y procesó a un ciudadano, pero lo envió a juicio para ser juzgado en otro fuero, la Justicia Federal. Es como tirar la piedra y esconder la mano”, manifestó.
Expectante con el devenir de las audiencias –el otro acusado es Diego Neo, por presunto encubrimiento-, González Quintana es terminante al señalar que “necesitamos un fallo que zanje definitivamente la dicotomía de tener dos leyes vigentes y antagónicas al mismo tiempo; una que prohíbe el cannabis por ser perjudicial para la salud y otra que lo autoriza por sus ya evidenciados beneficios terapéuticos”.
Desde su mirada legal, “en un Estado de Derecho la coexistencia de dos leyes como éstas no hacen más que generar inseguridad jurídica constante en un sector cada vez más visible y numeroso”.
Cuando surgió el caso, ya estaba sancionada, reglamentada y vigente en el país la ley 27.350, que regula el cannabis medicinal o terapéutico. Hoy existen nuevas normativas ampliatorias de derechos, el uso de cannabis medicinal está socialmente extendido y hay Estados con política pública proactiva al respecto. De hecho, el abogado defensor de Landgren solicitó el testimonio del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ya que en esa provincia existe una planta para la producción industrial de cannabis y sus derivados; y también del vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Raúl Gómez, integrante de un grupo de estudio centrado en el uso terapéutico del cannabis.
González Quintana destaca que ante los vericuetos judiciales la defensa “decidió no ir hasta el Tribunal Superior de Justicia y admitir la declaración de incompetencia, sometiéndonos al juicio en el fuero federal y dando la discusión jurídica ante funcionarios judiciales nuevos y con una perspectiva analítica distinta, más garantista, más democrática, en definitiva más sensata”. El fiscal acusador es Carlos Gonella, de destacada trayectoria en el campo de los Derechos Humanos.
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