La Justicia Federal dispuso este martes la intervención de la administración del Fondo Compensador del gremio que nuclea a los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba a partir de una investigación que indaga la presunta comisión de delitos por parte de la cúpula sindical.
La resolución que lleva la firma del juez federal Ricardo Bustos Fierro da la derecha al pedido que había sido elevado la semana pasada por el fiscal a cargo Carlos Casas Nóblega.
También la semana pasada, Casas Nóblega había solicitado los procesamientos de una veintena de dirigentes lucifuercistas, entre los que se encuentran las principales autoridades de la cúpula sindical, por los presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación y lavado de activos.
Desde el sindicato señalaron que la resolución judicial dispone la “veeduría judicial”, “debiendo los veedores presentar un informe cada 30 días, como respaldo a la trazabilidad de la operación financiera correspondiente”.
De esta manera, la conducción lucifuercista señala que seguirá estando a la orden de la Justicia a la vez que advierte que “el sindicato no ha sido intervenido” y que “el Consejo Directivo en pleno sigue en funciones, como así también la administración de nuestro gremio”.
Los interventores designados pro Bustos Fierro son los contadores Ximena Ladrón de Guevara y Fernando Agustín Rizzi.
Los gremialistas procesados permanecerán en libertad, aunque tienen prohibida la salida del país.
