Redacción La NUEVA Mañana
Dos proyectos presentados en paralelo en el Concejo Deliberante capitalino y la Legislatura provincial buscan “prohibir la comunicación oficial que personalice la publicidad de los actos de gobierno procurando la promoción personal o partidaria en beneficio de un funcionario o colectivo de funcionarios determinado, sean tanto de carácter electivo, como designados por autoridad superior”.
La iniciativa fue presentada este jueves en ambos cuerpos parlamentarios y tiene un trasfondo político que avanza sobre la unidad de los bloques opositores en Córdoba, todo un gesto de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar en el mes de noviembre.
“La comunicación oficial es pública e institucional, no personal. Por esta razón es por demás importante que se aprueben proyectos como éstos, por la calidad de nuestras instituciones, para que en Córdoba no haya más funcionarios ni candidatos en las publicidades del gobierno, que se realizan en nombre del pueblo de Córdoba y con el dinero de todos los ciudadanos”, dijo al respecto Marcelo Cossar, el titular del bloque de la UCR en la Unicameral, quien presentó el proyecto en la órbita provincial. “Necesitamos recuperar la comunicación y la información pública como un bien público. ¿Qué significa esto? Que la comunicación pública debe volver a ser de los cordobeses, pública de verdad”, afirmó.
Por su parte, Juan Negri, concejal de Juntos por el Cambio y encargado de ingresar la iniciativa en el Concejo capitalino, afirmó que el proyecto no va “en contra de que se publiciten las obras que se realizan, sino que se esconda detrás de la publicidad oficial campañas permanentes de quienes gobiernan”. “Ésa ha sido la principal política pública de Hacemos por Córdoba en la provincia y en la ciudad, aprovecharse de la institucionalidad para posicionar a sus políticos”, sostuvo el edil.
Si bien el proyecto parece ser una apuesta a modificar, a futuro, una conducta política que han tenido (y tienen) prácticamente todas las gestiones a lo largo y a lo ancho del país, en el universo pre-electoral, los destinatarios del llamado de atención parecen tener nombre y apellido.
“Vemos constantemente como se utiliza el dinero público para posicionar la imagen del intendente Martín Llaryora, el gobernador Schiaretti, el vicegobernador Calvo y la diputada Alejandra Vigo. Sobre todo, teniendo en cuenta las cifras millonarias que el gobierno gasta en publicidad oficial”, señaló Negri en esa dirección.
“El dinero de los cordobeses es de todos los cordobeses, no de quienes gobiernan”, advirtió, apuntalando uno de los fundamentos principales de la iniciativa: el uso de los fondos públicos.
“Sabemos que la información de los actos de gobierno es una obligación del estado. Pero a lo largo de estos 21 años, el Gobierno de Córdoba ha venido amparándose en esa obligación para sustituir los actos de gobierno por los actos de sus candidatos. El fin último no es informar a los cordobeses. Si fuera éste el verdadero objetivo, tendríamos datos abiertos y públicos. Tendríamos un gobierno provincial transparente y abierto”, afirmó Cossar.
Entre las firmas que acompañan la presentación en la Unicameral, se sumó también la legisladora Cecilia Irazuzta, que en la sesión de este miércoles se unió al Pedido de Informes presentado por el radical Dante Rossi para que el Gobierno Provincial explique por qué y con qué objetivos la diputada nacional Alejandra Vigo tiene semejante participación en la publicidad oficial del Gobierno de Córdoba.
La propia Irazuzta defendió la iniciativa, y pidió que se trate y sancione un proyecto del ley de su autoría llamado “Neutralidad de la Administración Pública”, que persigue los mismos fines que la iniciativa presentada este jueves.
“Los años electorales parecen despertar a un gran aparato gubernamental que se utiliza en favor de quienes desean ser candidatos. Es competencia desleal, pero sobre todo es un accionar ilegal el utilizar para la publicidad de ciertas personalidades lo que debiera ser utilizado para comunicar políticas públicas, difundir información importante o encarar campañas de concientización”, insistió Irazuzta en la sesión legislativa.
Según el proyecto, las limitaciones a la figuración personal se extienden a cualquier estrategia de comunicación institucional mediante nombres, videos, fotos, imágenes, utilización de signos o colores partidarios, o similares, que concentren la atención en la persona de funcionarios públicos en ejercicio por encima de las propuestas políticas y actos de gobierno. Un objetivo de máxima, que ahora buscará ser discutido en el plano legislativo.
