Un estudio reciente encontró glifosato y daño genético en niños de la localidad. Los vecinos llevan cinco años de lucha, el Poder Judicial mira para otro lado. Sus historias, en esta nota.
Ed Impresa 30/04/2021
Adrián Camerano
Aquel 25 de marzo de 1996 los escasos vecinos de Dique Chico no lo sabían, pero a 717 kilómetros de sus casas se firmaba una norma ministerial que cambiaría sus vidas para siempre. Era la resolución 167/96 del entonces secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y hoy canciller Felipe Solá, actual promotor del acuerdo con China para la instalación de grandes granjas porcinas. La medida impuso una forma dominante de producción agrícola en el país: soja transgénica+agrotóxicos, un combo fogoneado por las multinacionales del agronegocio, aceptado por buena parte de los productores y que más temprano que tarde tendría su correlato en el rural Dique Chico.
A veinticinco años de aquel momento histórico, la localidad del departamento Santa María transita un momento peculiar: en el último lustro experimentó un crecimiento poblacional inédito, al compás de la autovía en la ruta 5, lotes medianamente accesibles y el plan Procrear; y a la vez registra pobladores expulsados –o a punto de serlo- por las fumigaciones sistemáticas en la zona. Mismas caras de una moneda que aún no terminó de caer.
Este abril, en tanto, la ciencia confirmó lo que era sospecha: dos de seis vecinitos de 5 a 13 años expuestos a un estudio de genotoxicidad tienen en su cuerpo glifosato y su metabolito, conocido por la sigla AMPA; y unos 16 de 20 relevados presentan daño genético. El trabajo científico de la doctora Delia Aiassa dio cuenta, en algunos casos, de valores que triplican los niveles apuntados en la bibliografía científica de referencia.
En el pueblo, los datos shockearon primero y reavivaron luego entre vecinos el debate sobre las implicancias de la exposición a agentes genotóxicos, el cuidado de la casa común, la amenaza sobre sus propios proyectos de vida.
A apenas una hora de viaje desde Córdoba, Dique Chico es un pueblo tranquilo y con bello entorno, elegido para asentarse por habitantes de grandes ciudades. Pero a poco de llegar, esos nuevos vecinos se encuentran con que al poblado de postal llegan los efectos de la agricultura intensiva. La historia de Juan y Lucrecia es paradigmática: en 2015 cambiaron Rosario por Dique Chico, donde construyeron su casa “buscando un lugar donde nuestros hijos –refiere él- pudieran crecer con la libertad que nosotros tuvimos de chicos” en Elortondo, de donde son oriundos. Pero justo en esos años comenzó a visibilizarse que la escuela Bernardo de Monteagudo, donde cursaba uno de los niños, era epicentro de fumigaciones, y en 2018 se relevó la salud de seis estudiantes. Los resultados asustaron, y hubo estampida de familias: la matrícula escolar se redujo un 50%.
En el interín, Juan y Lucrecia vieron cómo se pulverizaba sistemáticamente en el campo ubicado a 60 metros de su casa, protagonizaron choques con los fumigadores –algunos, vecinos del pueblo-, y creció en ellos la certeza de que enfrente tienen a “grandes intereses y empresas”. “En estos años tomamos real conciencia de lo que es vivir al lado de un campo fumigado. Pero esto no es una situación nuestra solamente, todo Dique Chico está expuesto a lo mismo”, completa él.
Con su hija de 8 años entre el grupo de niños relevados, todos los días de su vida Juan piensa en irse del pueblo.
Similar es la historia de Esteban y Adriana, que en 2015 se mudaron de Córdoba a la que construyeron gracias a un crédito Procrear. “Nosotros ya sabíamos que había que poner el ojo en los campos en la entrada del pueblo”, refiere él, cuenta el proceso de lucha vecinal y relata que les empezó a “caer la ficha” de la gravedad del tema cuando “en 2018 se hicieron estudios y dos de esos seis niños con daños genéticos vivían frente a nuestra casa”. “Eso nos puso en alerta -completa-; si los niños de enfrente, que hacía 7 u 8 años que vivían ahí, están con daño genético con valores altísimos, con nuestra hija nos va a pasar lo mismo. Entonces decidimos esperar a que se resolvieran las cosas a través del Poder Judicial, vimos que no avanzaba y después de un año y medio de pensar distintas alternativas, decidimos abandonar nuestra propia casa e irnos”.
Esteban admite que “la decisión fue súper dolorosa pero la más acertada”. Y a la vez reconoce que “no es un criterio, porque hay gente que no lo va a poder hacer”. “Por un lado estamos felices de habernos ido, pero por otro lado no vamos a abandonar la lucha, porque sabemos que el resto no se puede ir”, cierra.
A un año de haber dejado su vivienda, Esteban y Adriana sueñan con volver. “Ahí están plantados nuestros árboles y frutales, están los adornitos que puso mi nena, su casita del árbol”, ilustra. La pequeña de 8 años que completa la familia es otra de las relevadas.
Oriunda de la ciudad de Córdoba, en 2013 Diana llegó con su familia a Dique Chico proveniente del Gran Buenos Aires. Con esfuerzo erigió su vivienda, también Procrear mediante, y en estos cinco años de lucha vecinal se convirtió en una referente local contra las aplicaciones. “Nuestra cotidianeidad está atravesada por las fumigaciones” dice, confiesa que “es duro pensar a lo que estamos expuestos cuando elegimos quedarnos” y admite que también pensó en irse.
“Este estudio es un llamado de atención para que se corte la exposición directa a los agrotóxicos” define, y se pregunta: “Si se admite que hay que proteger a los chicos de la escuela ¿por qué no se los protege cuando vuelven a sus casas, en el pueblo?”. Diana señala que con la dilación judicial en avalar las limitaciones a la pulverización “se está hipotecando nuestro futuro” y con firmeza apunta que “el Poder Judicial, el poder político y el agronegocio tienen una deuda pendiente con nuestro pueblo”.
“Si ganamos esta lucha, es un precedente para otros pueblos fumigados del país”, se esperanza; la palabra rendición no figura en su vocabulario. Su piba de 10 años también está entre las analizadas.
Mediante la resolución comunal 242/17, el presidente comunal Nilo Pérez estableció una Zona de Resguardo Ambiental de 1.000 metros y prohibió la utilización de productos químicos para la fumigación o fertilización agrícola, salvo los destinados a la agricultura orgánica o agroecológica. Lejos de reconvertir sus prácticas, los productores impugnaron la norma, y cautelar mediante, lograron suspenderla para poder seguir fumigando. Los vecinos acumulan denuncias ante la Policía local, la subcomisaría de Anisacate y la fiscalía de Alta Gracia, y la Cámara 2a. en lo Contencioso Administrativo lleva dos años pensando si la resolución es válida o no. Mientras, ordenó un relevamiento sanitario que el Ministerio de Salud provincial nunca realizó y limitó las pulverizaciones cerca de la escuela, medida que este 13 de abril ratificó el Tribunal Superior de Justicia.
Dilaciones judiciales mediante, el casco urbano de Dique Chico sigue expuesto a las fumigaciones. Este septiembre, si los “mosquitos” vuelvan a activarse, tendrán enfrente a estas familias y muchas otras, que ya están hartas de lidiar con las aplicaciones. Quien no podrá estar es María Rosa, jubilada, maestra de varios de los productores, treinta años viviendo en el pueblo: murió el año pasado de un cáncer en la boca.
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