El Gobierno distribuyó un instructivo para despedir a miles de trabajadores estatales
El texto distribuido por el Gobierno de Javier Milei explica el paso a paso de los despidos, organizados por la Jefatura de Gobierno, a cargo de Posse.
"Yo también hablo" no es sólo una campaña de concientización sino un espacio de contención y escucha, destinado a quienes fueron vejados por sus propios superiores.
País 02/04/2021El Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzarán la campaña pública "Yo también hablo", destinada a soldados conscriptos que también hayan sufrido torturas y malos tratos por parte de sus militares superiores durante el conflicto bélico y que hasta la fecha no lo hayan contado.
La iniciativa se lanzará en el marco de la conmemoración de los 39 años de ese conflicto bélico, precisó un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
"Si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencia y torturas por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo. No estás solo, vamos a acompañarte. Porque fueron crímenes de lesa humanidad y necesitamos justicia", dice una de las piezas de concientización de la campaña que impulsan los excombatientes.
La campaña "Yo también hablo" no es sólo una campaña de concientización sino un espacio de contención y escucha para que las víctimas de torturas y tormentos encuentren un lugar donde poder narrar lo vivido e inscribir ese sufrimiento personal en la historia y en la justicia.
Para quienes quieran hacer denuncias las vías de comunicación son por correo electrónico a [email protected] o al teléfono al 0221-4262900.
Tanto la CPM como el Cecim son querellantes en la causa que investiga las torturas en Malvinas con trámite en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego: la causa 1777/07 se inició en 2007, tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto.
Entre las torturas que se denuncian en el expediente judicial, se mencionan los estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otras.
Cuatro miembros de las Fuerzas Armadas ya fueron procesados por estos crímenes en febrero del año pasado y en las próximas semanas, entre el 13 y el 22 de abril, otros seis militares deberán prestar declaración indagatoria acusados de imponer tormentos a más de 20 soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino.
Muchos años antes de que se iniciara la causa, las organizaciones de excombatientes habían denunciado que fueron torturados y, a 39 años, los testimonios de los soldados en el expediente judicial demuestran con total claridad que, en las islas, los altos mandos militares replicaron la maquinaria represiva de la dictadura militar.
Esos mismos testimonios permiten dar cuenta que, durante el conflicto bélico, la tortura a los saldados por parte de sus superiores fue una práctica sistemática, ejercida como forma de disciplinamiento.
Días atrás, la CPM y el Cecim pidieron que el predio donde funcionó el Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7 sea declarado sitio de memoria.
Diversos procesos judiciales confirman que el lugar fue utilizado como centro de detención y que el personal intervino en operativos de secuestro, detención y asesinatos.
También que dos bebés apropiados fueron registrados, en sus partidas de nacimiento, con domicilio en el Regimiento.
Fuente: Télam
Noticias relacionadas:
El texto distribuido por el Gobierno de Javier Milei explica el paso a paso de los despidos, organizados por la Jefatura de Gobierno, a cargo de Posse.
La jueza de feria Liliana Rodríguez Fernández hizo "parcialmente lugar a la acción de amparo" presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Gobierno y que afecta a derechos de los sindicatos y los trabajadores.
En el marco de la visita del presidente Javier Milei al Instituto Cardenal Copello, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, Teresa Azolina, una maestra que tuvo sus primeros años, reveló a los medios de comunicación presentes lo difícil que lo está pasando en lo económico.
El vocero presidencial señaló este martes que el Gobierno "no iba a permitir que se desguace la Ley de Bases", que debió volver este martes a comisión, y advirtió que, hasta que se apruebe, el ajuste económico "será mayor" por lo que los gobernadores serán "los más afectados".
El anuncio lo hizo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en medio de la escalada de violencia narco que provocó en los últimos días el asesinato de dos taxistas, un colectivero y un playero, y mantiene paralizada la ciudad.
La medida fue tomada a partir del planteo de la Fundación Apolo, que preside el legislador porteño Yamil Santoro, de Republicanos. Esta iniciativa es preocupante, ya que la representación femenina en los puestos jerárquicos es muy baja.
El procedimiento en las localidades de Cosquín y Santa María de Punilla lo encabezó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Los detenidos son dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, acusados de infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
La comunidad de la UNC marcha desde las 11 desde el Monumento a la Reforma hasta el Patio Olmos. Autoridades, trabajadoras y trabajadores y estudiantes confluyen en esta histórica medida de fuerza.
Participaron más de 70 mil personas entre autoridades de universidades locales, estudiantes, docentes, no docentes, gremios, organizaciones sociales, y referentes de todo el arco político, incluidos del gobierno provincial y municipal.
Alcanza tanto a los usuarios de EPEC y a los hogares que reciben el suministro a través de las 204 cooperativas que prestan el servicio en toda la provincia. El 40% de los usuarios está registrado en la categoría más alta y paga la tarifa plena.