Acuerdo social y producción, la experiencia que intenta replicar el Gobierno

 

Especial para La Nueva Mañana

“Nave insignia”. Así definió el presidente Alberto Fernández a la industria automotriz al anunciar medidas y enviar un proyecto de ley muy esperado por todo el sector. En un acto en Casa Rosada frente a sindicalistas y empresarios, anunciaron la sanción del decreto 789/20 que significa alivio impositivo. El decreto  propone un nuevo esquema de retenciones, según el cual las unidades despachadas que superen a las exportaciones del 2020 no pagarán retenciones. Se espera que estos alicientes favorezcan a la recuperación de un sector que mostró en enero buen desempeño al aumentar su capacidad instalada en un 5% en relación al mismo mes pero del 2020, según Indec.

Desde el gobierno son optimistas en que las medidas anunciadas permitan consolidar la recuperación, generar empleo y traer divisas para recomponer las reservas del Central. El ministro de Economía, Martín Guzmán aclaró que tanto el decreto como la ley son claves para lograr “estabilidad macroeconómica”. Ya que el aumento de las exportaciones es una condición necesaria para que “el crecimiento pueda sostenerse”. De no aumentar los despachos al exterior, la balanza comercial se desequilibra al crecer las importaciones cuando el mercado interno se expande. En el mismo sentido, el ministro señaló a la “sostenibilidad fiscal” como otro “pilar” para tener una economía más “robusta y dinámica”. 

Por su parte, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones para el complejo automotriz apunta a crear un régimen de fomento para nuevas inversiones del sector. El texto contempla para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura que amplíen la capacidad instalada, distintas exenciones y facilidades en lo que respecta a: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y derecho de exportación.  Plantea, también, la creación del Instituto de la Movilidad, un ente público no estatal que buscará articular a la cadena de valor con el Estado, sindicatos y las instituciones científicas.

Los principales actores de la cadena de valor automotriz celebraron las medidas. Al respecto, Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), destacó las medidas por su incentivo a la exportación y generación de empleo. Quien además preside Toyota Argentina dijo a la prensa que el sector ya maneja niveles de producción superiores a la pre pandemia. Herrero estimó que están creciendo un 30% por arriba del año pasado.  

¿Puede una ley garantizar la expansión de un sector económico?

El crecimiento económico no es algo que pueda decretarse. Si nos retrotraemos en el tiempo vemos que en 2008 se promulgó una ley para la consolidación del sector autopartista, sin embargo, luego de un crecimiento del sector, llegó su estancamiento y declive. En el mismo sentido, en el año 2016 el gobierno de Macri buscaba aumentar la integración de autopartes nacionales con la sanción de una ley. No obstante, la apertura indiscriminada de las importaciones esterilizó los objetivos que la normativa proponía. De hecho, el mismo año de la sanción de la ley, el promedio de piezas importadas por cada vehículo ascendió a 18.700 dólares, es decir, unos 2.593 dólares más que el monto mayor durante la gestión que lo precedió. 

Un pacto para vivir

No obstante esto, el proyecto que Alberto Fernández envió al Parlamento cuenta con una particularidad. Se trata de un texto que surge como consecuencia de un acuerdo entre los diferentes actores de la cadena de valor automotriz, iniciativa de Smata. El pacto comenzó a gestarse en el 2019 con la industria en crisis, en donde las megadevaluaciones y falta de previsibilidad llevaron la capacidad ociosa al 75%. Finalmente, en diciembre del 2019 le acercaron a Alberto Fernández el plan “Visión 2030: Acuerdo Social y Productivo para el Sector Automotor Argentino”. El principal objetivo del programa es el desarrollo del complejo y apuestan a que sea declarado “estratégico para la producción argentina”. En una ponencia para la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, dijo que el sector automotor emplea a 650 mil personas de forma directa e indirecta, con solo el 20% de integración nacional. Por lo tanto, con políticas de Estado específicas, en tres años se puede llegar a 1,3 millón de trabajadores empleados. “Por eso tiene que ser considerada estratégica, como es el campo o el petróleo”, concluyó. 

En diálogo con La Nueva Mañana, la presidenta de la Cámara de Metalúrgicos y de Autopartistas de Córdoba (Cimcc) Isabel Martínez  calificó como “muy importantes” a los anuncios. Las iniciativas tendrán impacto tangible en la cadena de valor, puesto que “más exportaciones es más producción local”, explicó. La dirigente empresaria aclaró que si bien no se consensuó el porcentaje de integración nacional que incorporarán las terminales por cada vehículo, por tratarse de procesos lentos, “lo importante es que las empresas automotrices decidan hacer este camino”. En este sentido la empresaria autopartista remarcó que la terminal Volkswagen presentó a la cámara “un plan de nacionalización de autopartes para su modelo Taos”. La multinacional alemana no sería la única, también Nissan envió un proyecto para estrechar relaciones con proveedores locales.

Desde el sindicato que representa a los trabajadores de las automotrices también vieron positivas las iniciativas del gobierno. Leonardo Almada dijo a La Nueva Mañana que siempre que las medidas generen “trabajo y producción” “vamos a apoyar”. Además, agregó que llega en un buen momento luego de la crisis ocasionada por el gobierno anterior  que abrió las importaciones indiscriminadamente, afectando a un sector que explica el 6,6% del PBI industrial, genera exportaciones por más de u$s8 mil millones (2008) y recursos fiscales por casi 3 mil millones de dólares. El vocero del Smata también mostró optimismo por la posibilidad de un nuevo acuerdo bilateral con Brasil que junto a la quita de retenciones “genera mucha expectativa”. 

El acuerdo del cual emerge el proyecto de ley es quizás en sí mismo la “nave insignia” que busca enarbolar el Presidente. El acuerdo de todos los eslabones de la cadena de valor más los sindicatos con eje en la producción (más allá de ganancias y salarios), es el ejemplo que desde el Gobierno buscan replicar en el Pacto Social convocado por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. 

 

 

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