La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este jueves a la jueza Carmen Lamela que ordene la busca y captura nacional e internacional de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers que se encuentran en Bélgica, quienes no se presentaron a la citación judicial para declarar como “imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos” tras la iniciativa separatista de Cataluña, según informó el diario El País. Junto al expresident de la Generalitat están en Bruselas los cinco ex consellers.
El fiscal pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constar que han viajado a ese país.
El Ministerio Público señala que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso" por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.
El ministerio fiscal añade que Puigdemont "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".
De acordarlo la juez, una vez emitida la orden de detención, los funcionarios podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.
La Fiscalía federal belga dijo a la agencia EFE que está a la expectativa y que "aplicará la ley" si las autoridades judiciales españolas emiten una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) de Puigdemont. "Solo puedo decir que se aplicará la ley, si la recibimos (la euro orden). No podemos hacer más comentarios ni conjeturas", añadieron las fuentes de la fiscalía.
El ministerio fiscal federal será la autoridad belga que reciba la euro orden de detención de parte de la Justicia española y la encargada de ejecutarla. Por su parte, el abogado de Puigdemont, el flamenco Paul Bekaert, explicó hoy a la prensa holandesa que intentará evitar la detención y prisión provisional para su cliente en el caso que se emita una orden de detención europea.
