El Gobierno español toma el poder en la crisis de Cataluña

Mundo 29/10/2017 Por
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, asumió todas las competencias tras la destitución de Carles Puigdemont de quien no se sabe cómo actuará.
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Este domingo será un día clave para los catalanes. - Foto: Archivo.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó el control sobre la región de Cataluña que recientemente proclamó su independencia tras la votación del Parlamento catalán. Aún no se sabe si los líderes de la región acatarán las órdenes o desistirán.

Este sábado se hizo efectiva la destitución de Carles Puigdemont a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). El presidente español, Mariano Rajoy, asume todas las competencias del presidente de la Generalitat, pero las delega a su vicepresidenta que además ejercerá las funciones del vice catalán, Oriol Junqueras.

Además, los ministros del gobierno de Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas, cuyos responsables son destituidos. El decreto detalla que se ejercerá “las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al Orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional".

El jefe de los Mossos d' Esquadra (policía catalana), el mayor Josep Lluis Trapero, fue destituido también. Está acusado de haber actuado bajo prohibición, y obrado a favor del gobierno independentista. Será reemplazado por el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, quien asumió las competencias de esta área en Cataluña.

"Asumimos las competencias de Interior en Cataluña para velar por la legalidad. Sustituimos al mayor Trapero por su situación judicial", escribió en su cuenta de Twiter el ministro Zoido.

Desde la Policía catalana informaron que “trabajando con normalidad” para "proteger y garantizar la seguridad de las personas". La policía estaba sindicada de haber sido inactiva durante la votación de referendo separatista del 1 de octubre, desconocido y rechazado por el Gobierno español. En su momento hubo violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y la Guardia Civil española contra los votantes.

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