Cerca de $3.000 anuales necesita una persona menstruante para proveerse de toallitas femeninas, tampones y protectores, insumos que en los sectores vulnerables son un bien de lujo.
Ed Impresa 05/06/2020
Miriam Campos
“Es la mancha de la vergüenza”, dice Soledad Díaz García, legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, cuando habla de la idea social que hay sobre la menstruación, y “que es justamente, lo que hay que derribar”, agrega. Esta semana presentó un proyecto de ley en la Unicameral cordobesa para que las y los legisladores presten atención y actúen sobre la gestión menstrual, esos insumos para contener el sangrado con el que necesitan contar cada mes, niñas, adolescentes, mujeres, personas trans e identidades no binarias.
Sobre información y el acceso a toallitas femeninas descartables o de tela, tampones, protectores diarios, copita menstrual, esponjas marinas y distintos métodos aptos para la contención y tratamiento del sangrado, a nivel nacional ni provincial, nunca se legisló para generar políticas públicas que garanticen salud y calidad durante un proceso biológico que implica más de 30 años de la vida de las personas.
En el país, hubo 12 proyectos presentados (algunos, incluso, referidos a la exención impositiva de los productos de gestión menstrual), cinco tienen incidencia nacional pero nunca se dio prioridad al derecho al acceso a estos insumos. Solo a nivel municipal, el partido de Morón en la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Santa Fe, avanzaron en la aprobación de la provisión gratuita.
El proyecto de ley impulsado por el Frente de Izquierda, plantea una partida presupuestaria especial para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que permitiría la gratuidad de estos productos. “Lo que planteamos es que la distribución se haga, de manera irrestricta y gratuita a toda la población que lo necesite, a través de los centros de salud, hospitales, el ámbito educativo y también en las cárceles, donde muchas veces las mujeres dependen de la visitas, de que sus familiares les entreguen estos productos que hoy se han encarecido muchísimo”, explica la legisladora.
Alrededor del mundo hay 1.800 millones de personas menstruantes, según datos de Unicef pero el sangrado sigue siendo tabú y se esconde. Alrededor de esta idea social es que, históricamente, las mujeres hemos abordado la menstruación y esto tiene una incidencia muy concreta en la vida social, laboral y educativa, que desde el inicio de la menstruación, hace que niñas y jóvenes, por ejemplo, puedan perderse entre el 10 y el 20% de sus clases.
“Hoy el sangrado menstrual, en nuestra sociedad, partiendo de la base que no pone en práctica la educación sexual en las escuelas en ninguno de los niveles, se entiende como algo sucio, genera vergüenza, genera límites, hasta ausentismo escolar y laboral, esto último puede significar, incluso, recortes y descuentos salariales. Entonces es todo un tema que no está siendo abordado como agenda”, dice Díaz García y cuenta que la motivación del proyecto para la provincia, nace de las fuertes dificultades que están existiendo hoy en las barriadas más humildes, para acceder a estos productos.
En este 2020 de crisis económica, inflación e ingresos familiares afectados también por la pandemia de coronavirus, el costo anual de toallitas ronda los $2.900, y el de los tampones $3.800. Por ejemplo, un paquete “económico” de toallitas femeninas por 16 unidades, en las góndola va desde $62 a $173,79 dependiendo de la marca y por lo tanto de la calidad.
En esta situación se debe tener en cuenta la composición femenina de una familia -donde a veces hay tres, cuatros o más personas menstruantes- y la necesidad de contar también con otros elementos que hacen a la higiene personal como el jabón, desodorante, ropa interior, entre otros. Además, para evitar lo que se conoce como “la pobreza menstrual”, se debe contar además, con acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas y ante todo: información y educación al respecto. Está claro que el gasto de los insumos para la menstruación, nunca son optativos y siempre impactan en los ingresos de las mujeres, que en general, son más exiguos.
La copita menstrual, una de las alternativas más ecológicas y económicas (el costo ronda entre los $600 y $1.500 con una durabilidad mínima de cinco años), requiere, como los otros productos, mantener cuidados de higiene durante su uso para evitar infecciones, pero en Córdoba, no todas las viviendas cuentan con esos servicios básicos.
“Debemos analizar el contexto social mayoritario porque hay poco tiempo para la salud femenina con la sobrecarga de tareas, falta de agua y colapso de las cloacas en los barrios del sur de la propia capital, por ejemplo. En las zonas rurales las mujeres no acceden a la salud en su mayoría y el hacinamiento urbano, hace que varias familias compartan incluso un baño con pozo séptico”, dice Díaz García.
Para la legisladora, esta pandemia además, abrió una crisis social sin dudas, donde las mujeres son el sector más vulnerable, y ya desde antes, engrosan la lista o índices de desocupación, trabajo informal, o precario y de pobreza en definitiva. “Respecto a la brecha salarial, hoy se habla del 27% solo en el mercado formal, si contamos el mercado informal estamos hablando cerca de 37 puntos y no es una cuestión menor”, ilustra.
En este marco, donde la equidad en muchos aspectos, es un horizonte lejano, es importante que el Estado garantice los insumos de gestión menstrual como una política pública y también como una política de salud sexual y reproductiva para las mujeres.
“Es una lucha que no se da en el marco de ampliación de derechos, sino por el contrario, es frente a la restricción de los derechos de las mujeres”, explica Díaz García y cierra: “Tenemos que romper con esas estructuras que quieren siempre limitar”.
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