Sin la oposición, que se ausentó del recinto con críticas al funcionamiento del cuerpo, el oficialismo aprobó un proyecto de resolución que busca apuntalar el pedido del intendente.
Política30/05/2020
En soledad, luego de la decisión de los ediles opositores de no participar de la cuarta sesión especial del Concejo Deliberante capitalino, Hacemos por Córdoba aprobó el proyecto de resolución que respalda el pedido del municipio para que el Gobierno nacional revea el reparto de subsidios para el transporte, que en la ciudad lleva tres semanas paralizado por una medida de fuerza de los trabajadores nucleados en la UTA.
En el proyecto de resolución, además, Hacemos por Córdoba pidió incorporar al esquema de subsidios nacionales a la Tamse.
Según señaló el titular de la bancada oficialista, Juan Domingo Viola, en el año 2019, “el 91% de los subsidios fueron para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires”. Así, se evidencia una inequidad absoluta en el que el resto del sistema que hace funcionar al trasporte urbano en las principales ciudades de otras 22 provincias “recibió sólo el 9%. Por eso en CABA el boleto cuesta la mitad que en Córdoba”, consideró.
“Los problemas de los cordobeses no pueden esperar a que los concejales del radicalismo y demás partidos de la oposición se decidan a tratarlos. Los planteos formales que presentan son excusas para no definir las soluciones que Córdoba necesita, como el transporte público”, dijo el viceintendente al finalizar la sesión virtual.
“Nuestro compromiso es defender los intereses de los cordobeses. No vamos a parar hasta que se nos escuche, y sobre todo, hasta que el problema tenga una solución. No podemos esperar a que quienes generaron tantas dificultades a los vecinos se tomen todo su tiempo para encontrar los remedios. Debemos ser ágiles y eficientes, para vivir mejor en esta Córdoba que empieza a despertarse”, dijo al cuestionar con firmeza la decisión de los ediles opositores.
Si bien la oposición estuvo ausente del debate, luego de salir de la reunión de Labor Parlamentaria, alguno ediles se pronunciaron respecto al proyecto en tratamiento. Así, Olga Riutort señaló que Llaryora debería "pensar en dar de baja los contratos de concesión ya que el servicio no está funcionando". "Necesitamos soluciones concretas que mejoren de una vez por todas la movilidad de los ciudadanos", aseguró la representante de Fuerza de la Gente.
Ya en la jornada del jueves, la concejala del Frente de Izquierda, Laura Vilches, había presentado una nota al intendente para que actúe en esa dirección y procediese a rescindir el contrato de las empresas de transporte público de pasajeros. “El pliego de licitaciones y la ordenanza que regula el transporte público es clara. Si el concesionario no brinda durante dos días al mes el servicio se puede rescindir el contrato, incluso da la posibilidad de la incautación de unidades y espacios de las empresas", había señalado al respecto.
Desde el Frente Cívico, Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández señalaron: “Así como en la sesión pasada estábamos totalmente en contra del proyecto oficial de recorte de las conquistas laborales de los empleados, en la que nos opusimos en el fondo y en la forma del asunto en cuestión, en esta oportunidad estamos de acuerdo con el federalismo en los subsidios al transporte público urbano y avanzar en protocolos con responsabilidad social y distanciamiento que permitan el desenvolvimiento de la actividad comercial y productiva sin arriesgar la salud de los cordobeses”. Sin embargo, los juecistas dijeron “lamentar profundamente no poder participar de la sesión prevista para el día de la fecha debido a la persistencia del oficialismo en sostener una forma de funcionamiento del Concejo Deliberante totalmente ajena a lo que prevé la Carta Orgánica y el Reglamento del Concejo Deliberante”.
Esa posición también era compartida por otros ediles que se ausentaron del recinto este viernes por las críticas al funcionamiento "institucional" del cuerpo presidido por Passerini, en donde el oficialismo sesionó, por primera vez, en absoluta soledad.
El proyecto ya aprobado en Diputados. El mismo prohíbe ser candidato a cargos electivos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos de corrupción.
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