Inversión en salud, fortalecimiento de programas sociales y endurecimiento de los controles son una constante en todo la Argentina. ¿Qué pasa en nuestra provincia?
Ed Impresa 27/03/2020
César Martín Pucheta
CORONAVIRUS
Como en todo el país y una buena parte del mundo, la vida en Córdoba se ha modificado sustancialmente desde la llegada de la pandemia de Covid-19. Para empezar, el aislamiento preventivo y obligatorio impulsado por la administración nacional para evitar la circulación del virus paralizó la actividad casi por completo en toda la Argentina y, naturalmente, en Córdoba. A eso hay que sumarle que, así como el Estado nacional apuesta a normas y medidas específicas para hacer frente a la pandemia, las administraciones provinciales también discuten y aplican sus propias medidas, acompasadas con sus realidades locales. Algo similar hacen los municipios y las comunas.
En Córdoba, hace poco más de una semana se sancionó una ley de emergencia que creó un fondo específico para enfrentar el desafío sanitario que supone el crecimiento exponencial de casos que, según señalan, tocará su techo durante las últimas semanas del mes de abril.
“En un escenario optimista, se espera que en Argentina haya poco más de 250 mil casos positivos acumulados al 17 de mayo, con 35 mil severos y 12 mil críticos que requieran internación en terapia intensiva”, disparó el gobernador de Santa Fe, Miguel Perott,i hacia mediados de la semana que pasó y despertó aún más la alarma, por lo que a muchos representó la aparición de un número con el que no contaban en la previa.
¿En qué condiciones se encuentra la provincia para poder enfrentar una situación que exigirá al máximo la capacidad de los hospitales públicos y los médicos cordobeses?.
A pesar de las críticas y las advertencias de los sectores más duros de la oposición, desde la administración Schiaretti afirman que el sistema está preparado. Justifican el optimismo en la inversión realizada en los últimos años que, según dicen, se refleja en la mejora de infraestructura, la capacitación del personal y la compra de equipamiento. Sin embargo, la insuficiencia se asume en los dispositivos habilitados por la Ley de Emergencia que dispone 1.200 millones de pesos especiales para fortalecer ese sistema público que está obligado a funcionar de modo más coordinado con la iniciativa privada.
Entre otras cosas, esos fondos van a servir para “duplicar la cantidad de camas críticas en toda la provincia”, aseguró el ex ministro de Salud Francisco Fortuna días atrás. Al día de hoy, Córdoba apenas cuenta con 489 camas críticas. Se buscará llegar a las 1.000 en un proceso que se prevé paulatino pero constante con el horizonte puesto en abril. Además, desde la Provincia asumen que si a ese número se le suman la cantidad de camas existentes en el sistema privado y en algunos sanatorios municipales del interior provincial, Córdoba contará con cerca de 2.300 camas en todo su territorio.
Desde esa base, el mapa actual de la salud cordobesa tiene su base en el Hospital Rawson y el Hospital de Niños, pero atenderá los casos que necesiten una mayor atención en sanatorios públicos de referencia ubicados en seis puntos estratégicos de la provincia (Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, Mina Clavero y Santa María de Punilla).
A esa proyección se le debe sumar la construcción de uno de los ocho hospitales modulares que levantará el Gobierno Nacional y que, con 80 camas para la internación común de pacientes que no requieran de un respirador artificial, en Córdoba se ubicará en el Polo Sanitario, frente al Hospital de Niños. En esa misma sintonía, Schiaretti inaugurará a comienzos de la semana próxima el Hospital Elpidio Torres, que permitirá reforzar la atención y descomprimir al San Roque, donde se atenderán solamente casos de coronavirus.
En plano científico, tras una etapa de capacitación que se extendió hasta el pasado lunes, el Laboratorio Central de la Provincia se prepara para avanzar en la realización de 1.500 testeos de Covid-19 diarios como fruto de la decisión nacional de “descentralizar” el Instituto Malbrán, en donde hasta la semana pasada se concentraban todos los análisis.
Así, Córdoba se prepara para enfrentar no sólo la pandemia mundial de coronavirus sino la situación sanitaria exigida por el dengue, que también llega a niveles históricos provincial en este 2020, y la llegada de las enfermedades respiratorias características del comienzo del otoño en esta parte del mundo.
Después del aspecto sanitario, la situación económica con la que se topa el Covid-19 es la gran preocupación de las administraciones de todo el mundo. Sucede que el aislamiento como la estrategia más efectiva para enfrentar al virus paraliza la actividad y el daño a la economía es tan evidente como inevitable. Si a esa realidad se le suma la prolongada recesión que vive nuestro país desde hace por lo menos dos años, la problemática es aún mayor.
Paliar las consecuencias económicas que dejará esta pandemia a nivel global es una de las principales preocupaciones tanto de Alberto Fernández como de Juan Schiaretti. En ese contexto, si bien las medidas nacionales de fortalecimiento de programas alimentarios, controles de precios, postergación de vencimientos e impulsos a la producción ocupan las primeras planas a nivel nacional, el gobierno provincial también analiza de modo permanente la situación local, por lo que no se descarta el anuncio de nuevas medidas en las próximas semanas, sobre todo destinadas a garantizar el reimpulso productivo que necesitará el país cuando todo esto sea parte del pasado.
El lunes cerca de 300.000 cordobeses beneficiarios de las tarjetas sociales provinciales recibirán un aporte adicional por única vez de $ 2.000.
Hasta el momento, fue necesario atender a las urgencias de los sectores más vulnerables de la provincia. Por esa razón, el lunes cerca de 300.000 cordobeses beneficiarios de las tarjetas sociales provinciales recibirán un aporte adicional por única vez de $2.000, “para que puedan seguir comprando alimentos y los productos de primera necesidad”. ¿Alcanza? La respuesta es no, pero la idea es poder avanzar en paliativos que sirvan para hacer frente a una situación que pone en jaque a todos los trabajadores informales y a los desocupados del país. La Provincia, al igual que las carteras nacionales, analiza extender las políticas de emergencia en caso en que el aislamiento deba extender más de lo previsto.
Los números de detenidos por infringir el aislamiento dispuesto a nivel nacional crecen cotidianamente en todo el país. Aunque cueste creerlo, son cada vez más los argentinos que deciden romper con la cuarentena preventiva a los que las disposiciones de gobierno les obliga, por el bienestar general.
En ese marco, la actividad de las fuerzas de seguridad se ve exigida de un modo extra y los retenes en rutas y ciudades empiezan a formar parte del paisaje común, algo que es criticado por los sectores más duros entre los que se oponen a la medida del aislamiento. Los hay. “Seremos muy severos, la gente tiene que entender que es una medida necesaria y que vamos a hacer respetar la ley” decía días atrás, el Comisario Mayor Héctor Gutiérrez, el Jefe de la Policía Caminera de Córdoba. Ya se cuentan de a miles los ciudadanos que ha sido detenidos por violar el aislamiento en la provincia, como así también se ha avanzado en los controles y en el secuestro de vehículos.
La exigencia extra en materia de Justicia llevó al Ministerio Público Fiscal a reorganizar el sistema para poder responder de la mejor manera a la situación. Por eso se avanzó esta semana en la creación de una nueva unidad fiscal para tratar procedimientos con encarcelamiento en Córdoba capital ajenos a la violación de cuarentena. A su vez, mientras las causas relacionadas a violencia familiar seguirán recayendo en el Polo de la Mujer, desde el Ministerio que conduce Claudia Martínez se intensificó la asistencia con 22 nuevos puestos de atención telefónica para brindar asesoramiento a personas en situación de violencia.
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