La emergencia aprobada por el Congreso puso en debate uno de los temas más sensibles para Córdoba y el país. El futuro de la Caja de Jubilaciones como telón de fondo.
Ed Impresa 27/12/2019
César Martín Pucheta
El congelamiento de la actualización jubilatoria por 180 días, los enigmas en torno a la nueva fórmula y la dependencia de la “voluntad” del Ejecutivo para establecer los aumentos inmediatos en los montos que perciben los trabajadores pasivos forman parte de uno de los combos más controvertidos de lo que dejó la discusión del proyecto de emergencia que inauguró la actividad legislativa en la Argentina post macrista.
Con una alta dosis de efervescencia argumentativa y alguna que otra amenaza de judicialización, la norma se aprobó con el voto del amplio abanico oficialista y algunos aliados de ocasión. La pata cordobesa del espacio Argentina Federal puso sus reparos en la discusión en particular pero los concentró en el rechazo a la suba de los impuestos a la exportación de granos y a la industria del software, y en el regreso de Edenor y Edesur a la órbita nacional. Más allá de la críticas “por afuera”, el tema jubilaciones no pareció representar un problema para los diputados del peronismo provincial.
Consultado por La Nueva Mañana el previsionalista Daniel Medah señala que “siempre que hay crisis, los Gobiernos apelan a tomar medidas que son antipáticas, el problema es que casi siempre, los sectores más vulnerables terminan teniendo que pagar parte de la crisis que a ellos les afecta en mayor grado”.
Al analizar en retrospectiva, Medah afirma que “el aumento que recibieron los jubilados en el 2018 fue menor al que recibieron los trabajadores activos y no alcanzó a cubrir el costo de vida, pero en el 2019 esa pérdida se recompuso por encima de los sueldos”. La explicación está en que una buena parte de los aumentos de calculan a partir de la inflación oficial registrada en los seis meses anteriores al percibimiento del haber, al dispararse sobre finales del 2018, el efecto sobre los montos comenzó a sentirse a mediados de este año. En ese sentido, el previsionalista cordobés señala que “el perjuicio podría ocasionarse entre marzo y junio porque en el período de julio a diciembre de 2019, la inflación fue altísima”. Según advierte, con el cálculo actual habría planteado aumentos del 11% al 15% para ese período. “difícilmente esté garantizado para todos los sectores”.
Considerando que puede existir un aumento menor para las jubilaciones que superen la media, Medah entiende que allí habrá una pérdida.
La no existencia (hasta el momento) de una fórmula alternativa concentró la mayor parte de las críticas opositoras. Abanderado nuevamente en su rol de titular del interbloque que nuclea a radicales y macristas, Mario Negri dijo que el único objetivo del Gobierno es “ahorrarse 2 puntos del PBI”. “Desde el fallo Badaro se exigió un índice de movilidad jubilatoria y ahora ustedes vienen por la suspensión, pero no traen otra fórmula. Cuando casi se incendiaban la ciudad, nos decían ‘les roban un trimestre a los jubilados’, pero ustedes se quedan con un semestre”, señaló el radical durante su exposición en el recinto.
Para Víctor Vallejos, lo votado en el Congreso representa “una mirada esperanzadora del nuevo tiempo. Abierta al diálogo y pensando en los que menos tienen”. “En lo que respecta a los jubilados, la intención explícita es ir regularizando paulatinamente una situación que no es para nada buena en la actualidad” dice el referente del Foro Solidario Córdoba, que reúne a Jubilados y Pensionados de toda la provincia.
“Pensando en los ingresos de los jubilados, los nuevos cálculos se plantean como cambios positivos y valores en alza. Yo no tengo dudas de que estamos en un marco de crisis en el que las medidas deben ser entendidas de modo integral. No sólo va a haber un aumento especial para los jubilados que cobren la mínima y confiamos en un buen cálculo que vendrá cuando se oficialice la nueva fórmula sino que las tarifas no van a aumentar, los medicamentos bajaron en general y serán muchos los jubilados que reciban lo remedios de modo gratuito”, señala.
Lo concreto es que durante diciembre y enero, ningún jubilado nacional cobrará por debajo de los $19.068. Los que cobran la mínima ($14.068) recibirán dos bonos mensuales de $5 mil y los que cobran por encima del haber más bajo pero no llegan a esos $19.068, recibirán una compensación para alcanzar ese monto.
“En marzo, la jubilaciones volverán a aumentar para todos”, aseguraron desde el oficialismo, que ya envió un proyecto para avanzar en una ley que modifique los regímenes especiales en el plano previsional y, así, terminar con las denominadas “jubilaciones de privilegio.
Desde hace ya un tiempo lo suficientemente prolongado como para diagnosticar al padecimiento como crónico, la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba representa uno de los grandes problemas para las finanzas provinciales. Los fondos con los que el sector activo de la economía provincial abastece la caja destinada al sector pasivo no es suficiente y la brecha crece cada vez más. Las razones son muchas, algunas más técnicas y algunas más políticas. Pero la cierto es que la Caja de Jubilaciones necesita de las finanzas provinciales y, de esta manera, el Estado cordobés necesita cada vez más del Gobierno nacional.
Según las estimaciones, el rojo de la Caja cerrará rozando los 16 mil millones de pesos en este 2019 y, en una economía con proyecciones estables, superará los 21 mil millones en el 2020. En ese marco, la relación entre las administraciones de Schiaretti y Fernández cobran una particular importancia en lo que tiene que ver con la vida de los jubilados cordobeses. Hay quienes dicen que la gran oportunidad perdida durante la idílica convivencia entre Macri y el mandatario cordobés reelecto fue no haber podido avanzar con la normalización del cumplimiento de los acuerdos en la materia, ya que uno de los problemas radica en los retrasos delos fondos que la Nación destina al rojo del sistema mediterráneo. Con una inflación desbocada como telón de fondo, la situación se complicó más de la cuenta.
Dos tercios del déficit los asume la Nación y al cerrar la gestión Macri apenas si se llegó a un acuerdo para el envió de lo adeudado por el ejercicio 2018. Anses reconoció deudas por 1.665 millones y acordó un método de pago que contempla cuotas de 538 millones en enero, febrero y marzo. A eso, se le deben sumar los acuerdos respecto al ejercicio 2019 y algunos convenios especiales firmados durante el último año, que contemplan además a las provincias que como Córdoba no nacionalizaron su sistema a mediados de los noventa.
En su argumentación para justificar el acompañamiento, con disidencias parciales, al megaproyecto de emergencia, el jefe de bloque del schiarettismo en la Cámara baja dejó entrever que todos estos factores en pos de la “negociación” se volverán a medir en “gestos” a la hora de “defender los intereses de Córdoba”.
“Acompañaremos en general el proyecto de ley enviado por el gobierno nacional para garantizar la gobernabilidad que necesita Argentina”, dijo Carlos Gutiérrez cuando anticipó la postura de su bloque. Así, se abría la pata legislativa de la nueva estrategia de convivencia entre la administración provincial y el gobierno del Frente de Todos.
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