Pese a estar en los presupuestos, este 2019 el faltante de métodos anticonceptivos regulados bajo ley, puso en jaque el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Ed Impresa 06/12/2019
Miriam Campos
“Las que menstruamos somos las mujeres, las que nos quedamos embarazadas, somos las mujeres por lo que si nos ponemos a hacer un recorrido histórico ginecológico de nuestras vidas, gastamos presupuestos enormes”, dice Betiana Olearo, médica de familia que trabaja en el dispensario de barrio IPV Argüello. Los métodos anticonceptivos están contemplados en la ley 25.673, sancionada en 2002 que, entre varios objetivos, intenta promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y de procreación. Sin embargo, este año, pero con mayor fuerza en los últimos tres meses, en los dispensarios barriales hay faltantes de insumos que garanticen la salud sexual de las mujeres que cuentan con el sistema público para planificar su vida reproductiva.
“Provisión discontinua hay siempre, pero ahora estamos en un momento crítico. En nuestro centro de salud tenemos 2.000 mujeres fichadas para retirar medicamentos anticonceptivos y el método que más eligen en nuestra comunidad es el método inyectable, y el último mes, de 660 que teníamos registradas para retirarlo, solamente pudieron acceder 234 mujeres. El resto se está quedando afuera porque no hay”, indica Olearo y explica que se trata de un método crítico porque si no se coloca la inyección en las fechas marcadas por el tratamiento, la efectividad del mismo se reduce, y crece el riesgo de embarazo.
“La situación hace que si no tienen recursos para comprarlo ellas misma, terminan cambiando de método en mitad de la marcha, con lo que se produce toda una complejidad. Algunos cuerpos toleran mejor algunos métodos que otros y no es tan fácil usarlos adecuadamente, por eso cada mujer debe poder elegir el que más le convenga, es su derecho”.
En este cuadro, es el mismo Estado que formula las leyes y por otro lado, las termina vulnerando. “Estas situaciones pasan a ser un problema de violencia de género por parte del Estado”, dice la médica y agrega que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda métodos de larga duración como el implante y DIU, “pero no los tenemos disponibles en este momento”.
En julio pasado, desde la nueva sede de la Dirección de Epidemiología de la Municipalidad de Córdoba, el intendente Ramón Mestre anunció la disponibilidad de implantes subdérmicos anticonceptivos de forma gratuita, donde Córdoba sería “el primer y único municipio de Argentina en importar en forma directa esos dispositivos, financiando la compra con fondos propios”.
“Nosotros tuvimos una entrega que duró un mes y luego ya no. Algo que por la difusión del anuncio, las mujeres venían a consultar. De vez en cuando vuelven a mandar alguno”, cuenta sobre los implantes subdérmicos, Glenda Henze, desde el dispensario en barrio Ituzaingó Anexo, donde trabaja como médica generalista y atiende a niños y mujeres.
“Todo el año hemos tenido problemas de falta de insumos, pero hace tres meses que no tenemos entrega regular sobre todo de los inyectables, que sigue siendo un método muy elegido por las mujeres. Los jueves a la mañana nos llegan 10 dosis y a las 11 ya no hay más. Valen casi $300 y muchas mujeres no se lo pueden comprar, entonces suspenden el método. Esta semana ya tuvimos casos de mujeres que quedaron embarazadas porque usaban el inyectable y luego no se lo pusieron. Estas situaciones así, son estados de desesperación para muchas mujeres”, dice Henze.
En el dispensario de Ituzaingó Anexo hay cerca de 250 mujeres bajo tratamiento de inyectables, y de forma regular se entregaban 180 dosis por mes, lo cual no cubría la demanda, pero la situación empeoró. Ahora el centro de salud, solo recibe a cuentagotas 40 inyectables al mes.
En 2016, según reportes nacionales, la cifra de distribución de métodos anticonceptivos fue de nueve millones, tres veces menos a lo que se había distribuido un año antes. Fue una situación crítica por lo que al año siguiente se duplicó y en 2018, se llegó a los 26 millones, pero a los dispensarios sigue sin llegar la cantidad necesaria.
El programa nacional Remediar que llega a los centros de salud, de las cinco cajas con medicamentos otorgadas a los dispensarios según población a atender, ahora sólo se envían dos. Y a nivel local, La Farmacia Municipal, llega cada vez con menos medicamentos y también se redujeron a menos de la mitad las cajas enviadas. En este marco, el programa de salud sexual y reproductivo sufrió un gran deterioro así como pasó con el programa nacional de vacunas.
“Las que asisten a los centros de salud son por lo general mujeres, son quienes llevan a las hijas y los hijos y son las que después tienen que rebuscárselas para conseguir los medicamentos. Se van amargadas sabiendo que no se lo van a poder comprar, o salen del centro de salud pensando de dónde van a sacar para poder comprarles. Desde el rol de cuidadoras que tenemos asignadas las mujeres, estamos doblemente expuestas, somos las que tenemos que salir a bancar esa falta de medicamentos y por todos lados, es difícil sostener eso”.
Toallitas femeninas, tampones, protectores diarios, medicamentos para el dolor menstrual, métodos anticonceptivos, test de embarazos, protectores mamarios, entre otros, forman parte de las lista de los productos para la “protección femenina”, como se los rotula para la venta.
En ese marco, durante 2019, por ejemplo, una mujer en Córdoba necesitó cerca de $2.400 pesos para proveerse de tampones o toallitas femeninas. Si contemplamos los hogares donde madres e hijas menstrúan, los presupuestos requeridos, inciden desproporcionadamente en las economías familiares, ninguno de estos productos están considerados por el Estado esenciales de ser garantizados para el bienestar femenino. “Desde el ultimo tiempo, las mujeres plantean lo caro que es el acceso a las toallitas, y se plantean cómo hacer mes a mes. Esto, así, es algo que ni se les cruza por la cabeza a los que tienen que tomar decisiones”, cierra Henze.
“Estoy en el dispensario 72, queda en barrio La Floresta, que es en el límite con Malvinas Argentinas. Y pese a que nuestra población es más pequeña, acá también tenemos faltantes, sobre todo los últimos tres meses. Mucha gente de la zona se quedó sin trabajo y por ende sin obra social así que también asisten a nuestro centro de salud”, explica María Julia Córdoba, la única médica generalista, en el dispensario, que trabaja junto a una pediatra, una enfermera, y una odontología. Psicóloga ya no tienen, y nunca el municipio cubrió la vacante. Eso es todo el equipo de técnico de trabajo al que le suman las tareas comunitarias, donde a veces dan charlas informativas en la sala de espera.
“Por día tenemos 30 pacientes y hacemos todo, salud sexual y reproductiva, control de embarazo, enfermedades crónicas y sobre todo hacemos promoción y prevención de salud, control adolescente, capacitación de los jóvenes y si van por una cosa, le hacemos el control de otras cosas en lo posible pero la demanda asistencial nos limita bastante. Falta de todo. Acá tenemos 40 mujeres aproximadamente q estaban bajo programa de anticonceptivos inyectables y nos daban solo 15, el resto se quedaba afuera”. Cuenta la médica y agrega que el último tiempo entre los mismo centros de salud se iban prestando para resolver las situaciones, pero pero hubo un momento en que todos los dispensarios de las zona se fueron quedando sin insumos.
“Hay un cambio de gestión pero la planificación debe durar hasta último momento porque nosotros estamos trabajando igual todo el tiempo. La población necesita de su medicación y tapar huecos no es hacer salud pública”, explica Córdoba, para quién “mínimo e indispensable es el acceso a los anticonceptivos, para decidir según la necesidad de cada mujer. Como así tampoco puede faltar la medicación para Interrupción legal del Embarazo, porque es el modo en que los profesionales pueden acompañar según la decisión q tome la mujer”. Hoy si hay faltante de misoprostol en los centros de salud, ante una situación de ILE, una mujer necesita disponer de casi $6.000 para poder comprarlo.
“Garantizar por ejemplo, el acceso a las ligaduras tubáricas, como método permanente contra el embarazo en los centros de salud, es un limite q nos ponen porque somos hospitales municipales y no podemos derivar directamente a los hospitales provinciales. Hay ahí toda una cuestión burocrática. Esto es una de las cosas diezmaron la salud pública porque está absolutamente fragmentado”, señala la médica como una de las políticas de gestión que se podría articular mejor entre Provincia y Municipalidad dado el inicio de los nuevos gobiernos. “Hay que optimizar recursos, los profesionales que trabajamos en los barrios, necesitamos que haya coordinación”, agrega.
Las elecciones acá fueron en mayo, y en el municipio ya se sabían que igual había que gobernar hasta diciembre. “Ante el reclamo por los insumos para la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, las excusas fueron del tono ‘No podemos hacer gastos porque fueron las elecciones’, una respuesta sin sentido porque son gastos aprobados en los presupuestos y hasta el 10 de diciembre tienen que estar. La excusa después fue, ‘hay que ver qué hace la nueva gestión’, pero nosotros teníamos que seguir laburando y la rueda seguía girando”, relata Córdoba.
Los programas están y son los mismos en cualquier sistema de cualquier parte del mundo prácticamente, son los que fueron diseñados por la OMS. “El éxito que funcionen o no depende de la voluntad política que se tenga para financiarlos y de sostener el personal suficiente para poder garantizarlos”, completa la médica.
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