"Acá no nos va a sacar nadie, me tiro, me tiro. Nosotros somos laburantes y nos vienen a buscar como chorros", grita uno de los trabajadores desde el techo de la planta de la ex Plascar ubicado en el complejo de Interfábricas. La desesperación, ante la orden de desalojo que llegó con una cuadrilla de Infantería, la Policía y personal del Eter, llevó a algunos trabajadores a subirse al techo de la fábrica y amenazar con quitarse la vida.
Quienes subieron al techo son los trabajadores que lo perdieron todo: el empleo, la casa, la rutina e incluso sus familias. Algunos viven en la planta porque no tienen a dónde ir. La Provincia les proporciona mensualmente solo $4.000 y sobreviven también con las changas que consiguen.
La situación es penosa desde agosto de 2017, cuando Cristian Filipczak, el antiguo presidente de Plascar, que integraba un “holding” internacional se declaró insolvente, dejó de la noche a la mañana a 243 empleados sin salario, sin indemnizaciones y con una deuda de luz en la planta que llegaba a los dos millones de pesos. Algunos de los trabajadores llevaban 25 años dedicando su vida a la autopartista, que no dio explicaciones ni la Justicia logró darles alivio con celeridad.
Desde entonces, quienes siguen reclamando por el dinero que les deben y el derecho a trabajar, conformaron una cooperativa llamada Cosplascor, y se pusieron al hombre la tarea de la burocracia legal por la planta y la determinación de seguir trabajando. La maquinaria, está, la fuerza de trabajo también y sobre todo la necesidad de producir.
La autopartista tiene una infraestructura instalada que no cualquier fábrica tiene, las seis máquinas con tecnología alemana que hay, cotizan entre los 20 y 35 millones y en los picos de producción logró generar ganancias entre 130 y 150 millones de pesos al mes.
"El proyecto que tenemos se ve que molesta. Molesta que los laburantes se pongan a trabajar por su cuenta", indicó a La Nueva Mañana, Miguel Maldonado desde Interfábricas, mientras intenta convencer a sus compañeros que bajen del techo. Ante la situación, se postergó el desalojo pero las cosas siguen sin resolverse.
Ricardo Benedicto, uno de los abogados que acompaña a los trabajadores, explicó a este medio que tras las horas de tensión el juez Saúl Silvestre suspensión del desalojo -por dos meses-, y se hizo un acta para que los trabajadores sean depositarios, es decir, que momentáneamente quedarían a cargo de los bienes que están adentro de la planta.
La fábrica con todo su potencial, estuvo parada casi de dos años, y los trabajadores se organizaron para poder moler el plástico viejo, venderlo y pagar los boletas de luz adeudadas por antiguo dueño. Con la luz reconectada, mientras continuaba la puja legal para evitar el desalojo, los cooperativistas lograron armar lazos con instituciones, como la Universidad Tecnológica de Córdoba, para pintar productos de la empresa Alladio y darles valor agregado. De ese modo, volver a poner en marcha parte de la fábrica, se convirtió en el objetivo.
A principio de este año la jueza Verónica Vidal, del tribunal N°12 de San Martín, en Buenos Aires, (cerca de la planta de Tortuguitas) planteó como inminente el remate y le dio lugar al reclamo del abogado de un mexicano -que apareció de la nada- que aseguraba ser propietario del espacio de la planta. Se hizo una nueva tasación y se actualizaron los números por lo que para los trabajadores sería imposible ser oferentes. En eso estaba la situación, cuando las cosas detonaron en el desalojo.
"Vinieron con un orden de desalojo y nos quisieron avasallar una gran cantidad de policías. Nosotros estábamos haciendo los ensayos para la gente de Alladio y hoy, ante esta situación, los compañeros vivimos momentos de mucha tensión" dice Maldonado y cierra: "Cuánta impotencia".
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