El lunes 11 de noviembre, comienza el juicio oral por el caso de Abril Sosa, la niña de 4 años que fue asesinada tras ser secuestrada en la puerta de su casa de barrio General Bustos, en enero de 2018.
Córdoba 07/11/2019 Soledad Soler
Abril Sosa fue hallada asesinada el lunes 15 de enero de 2018, 48 horas después de que sus familiares advirtieron su desaparición.
Dos días demoró la Justicia en encontrar a la niña de 4 años que había salido a jugar a la puerta de su casa y que se convirtió en víctima de un crimen atroz.
Como suele ocurrir en este tipo de casos, el agresor y principal responsable de la desaparición de la pequeña Abril se encontraba en su entorno cercano. Daniel Ludueña residía en una pensión de barrio General Bustos, a 50 metros de la vivienda de los Sosa, y es el único imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causae contra Abril.
La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1 de Córdoba, Alicia Chirino, fue quien elevó la causa a juicio oral con esa carátula.
El inicio del proceso oral obliga a dar una mirada hacia atrás, sobre una causa que en sus primeros instantes presentó al menos ciertas improlijidades. Vale recordar las manifestaciones vertidas por la fiscal Claudia Palacios, quien intervino durante las primeras horas de búsqueda, cruciales en casos de este tipo.
Mientras la madre y el padre de la niña se encontraban desesperados por encontrarla con vida, Palacios aseguraba que era posible que se tratara de “un ajuste de cuentas por drogas” y ya se mostraba poco optimista en relación a la investigación, reconociendo incluso ante los medios que habían pasado “muchas horas” desde la desaparición y que no tenía certeza de poder hallarla.
Además de estigmatizar a la familia vinculándola con el narcomenudeo, en medio del dolor que los atravesaba en aquel momento, la fiscal también juzgó públicamente su rol parental: “Me sorprende que hay chicos que están en la calle hasta muy tarde y hay padres que no toman ninguna medida al respecto”, afirmó a pocas horas de hallar finalmente el cuerpo de la niña, a tan solo 10 cuadras del lugar donde había sido secuestrada por Ludueña.
El accionar de la fiscal le valió un pedido de juicio político presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales por la legisladora Liliana Montero, quien planteó que Palacios había incurrido en una falta ética grave por diversos “incumplimientos, infracciones y violaciones a normativas y procedimientos”.
Según Montero estas faltas vulneraron, entre otros puntos, el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y los derechos de las víctimas de violencia de género, provocando su revictimización. Si bien dicha denuncia fue desestimada por el mismo Poder Judicial, a través de una resolución de su Tribunal de Ética (TEJ) “el organismo dio una serie de recomendaciones en relación a la comunicación de los fiscales en casos como este”, recordó la legisladora en diálogo con La Nueva Mañana.
Hoy la pregunta acerca de las responsabilidades, vuelve a aparecer con fuerza. “Abril desapareció de la puerta de su casa, en verano, cuando normalmente los chicos están de vacaciones. Todos hemos sido niños y hemos jugado en la calle a la noche. Hay algo que hoy nos está pasando como sociedad y que tiene que ver con la falta de seguridad”, reflexiona Montero.
“Debemos pensar en espacios públicos que sean amigables con niños y niñas, trazar ciudades más seguras”, apuntó. En ese sentido, la legisladora señaló que la seguridad en Córdoba se dificulta “si en un barrio no tenés buena iluminación, si las calles se anegan cuando llueve, si crecen los yuyos” en los descampados. “El Estado puede controlar o disminuir las condiciones en las que los derechos se pueden ver vulnerados”, agregó.
En Argentina, 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres y un 40 por ciento son menores de edad, según indica el último informe realizado por la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En Córdoba, Abril Sosa fue la primera niña víctima de femicidio del año 2018. Ese año también fueron asesinadas otras cuatro niñas y adolescentes. Celeste Caballero (14 años) fue ultimada en Laguna Larga por Carlos Heredia (36). Wanda Navarro (15 años) fue hallada asesinada en un predio de Jesús María. Por el crimen fueron imputados Walter Maximiliano Vargas (30), Claudio Damián Schmidt (38) y Mario Rubén García (29). Por último, en noviembre de 2018 Karina Abba (17 años) fue asesinada por su primo, Mario Ruiz Díaz (39) en Villa Huidobro.
En lo que va de 2019, se han producido al menos 12 femicidios vinculados de mujeres y niñas en Argentina. Además, tomando las cifras elaboradas por el Observatorio Mumalá, 195 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre por causa de la violencia machista. En Córdoba, se registraron 16 femicidios entre enero y octubre de 2019; entre ellos, los de al menos tres jóvenes: Eylín Jiménez (17 años), Amalia Lorena Heredia (16 años) y Haydée Palavecino (18 años).
De no mediar imprevistos, este lunes 11 de noviembre comenzará el juicio oral en la Cámara 2da del Crimen de Córdoba, a cargo de la fiscal Laura Batistelli.
El único imputado por el crimen de Abril Sosa es Ludueña, quien llega acusado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio criminis causae, que implica la intención de matar para lograr impunidad.
Por su parte, la mamá y el papá de la niña serán parte querellante, bajo el patrocinio del abogado Carlos Nayi. “Pediremos la máxima sanción para un depredador, que tiene una calificación legal muy severa”, anticipó Nayi en diálogo con La Nueva Mañana. En caso de ser hallado culpable, Ludueña recibiría la pena máxima: prisión perpetua.
El inicio de este juicio reabre una herida. La brutalidad del accionar criminal de Ludueña contra la pequeña Abril todavía duele. Quizás porque en el fondo, una certeza nos interpela como sociedad: todas las niñas y los niños, vivan en el barrio que vivan, deberían poder abrir las puertas de su casas para salir a jugar una noche de verano.
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