Redacción La Nueva Mañana
Abuelas de Plaza de Mayo presentó ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, un amparo para frenar un decreto que habilita la intervención "de facto" del gobierno de Javier Milei en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Advierten que la institución está "en extrema vulnerabilidad" y que las muestras recolectadas durante antes "corren riesgo".
El organismo de Derechos Humanos le solicitó a la Justicia que intime al Ejecutivo para que "cumpla la ley" y "garantice el funcionamiento" de la institución clave para la restitución de la identidad de personas que nacieron mientras sus madres estaban secuestradas y fueron apropiadas durante la dictadura militar. "Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas", recordó el comunicado que difundió Abuelas de Plaza de Mayo. "Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos", añadió.
"Pedimos la realización de una copia de las muestras y que quede a resguardo del Poder Judicial y medidas específicas para garantizar el sostenimiento de una dirección técnica", expresó Abuelas de Plaza de Mayo. Además detalló que actualmente la institución cuenta con preseupuesto suficiente para funcionar pero las tareas se vieron interrumpidas por el vaciamiento de personal: "Desde el vencimiento de los cargos no se ha llamado a concurso para cubrir los roles de dirección, por consiguiente, todos los trámites judiciales y análisis genéticos están parados".
El Juzgado a cargo de Alicia Vence recibió además una medida cautelar paralela para "no innovar con el objeto de preservar las muestras biológicas y genéticas del BNDG, y los instrumentos, equipamientos y tecnología utilizada para su salvaguarda y adecuado entrecruzamiento".
El Decreto N° 351/2025, firmado el 22 de mayo por el presidente Milei, transformó al Banco en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, lo que según Abuelas "obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor".
Entre otras cosas le quita autarquía y autonomía "lo que implica un entorpecimiento en la búsqueda bebés víctimas de desaparición forzada, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar".
"El BNDG es un instrumento creado en y por la democracia para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura y, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), es clave para la protección del derecho a la identidad", indica el comunicado.
