Solo un grupo reducido de choferes agrupados en el Sindicato de Peones marchará al Concejo. En tanto, desde la Terminal de Ómnibus harán viajes gratuitos.
Córdoba19/09/2019
Redacción La NUEVA Mañana
El Concejo Deliberante tratará este jueves un proyecto para cambiar la escala de penalidades para el transporte ilegal. En ese sentido, se analizará el incremento del monto de las multas a conductores de "taxis y remises truchos", como así también a choferes de Uber.
Se esperaban ademas distintos cortes en la terminal N°1 y N°2 y el aeropuerto, marchas y protestas en varios lugares de la ciudad. Los puentes a cortar según se informó en la noche del miércoles eran el Centenario, Alvear, Sarmiento y Maipú. Ante esto, la Municipalidad y el fiscal Raúl Garzón salieron a advertir que será obligatorio dejar al menos media calzada en esas vías y que aquellos vehículos que obstruyan calles, perderán su licencia.
Por ello, desde el Sindicato de Peones de Taxis confirmaron a La Nueva Mañana que se modificarán los alcances de la protesta. Mientras se mantiene el paro, un grupo minoritario de choferes marchará al Concejo y otro realizará viajes gratuitos desde la Terminal de Ómnibus. Es decir, un "paro a la japonesa".
"Espero que pongan el énfasis que ponen con nosotros, lo pongan con los ilegales. Nos movilizamos un grupito y el resto hacemos el aguante desde los lugares de trabajo", explicó a este medio el secretario general de ese gremio, Miguel Arias.
Este miércoles, a través de una nota dirigida al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón solicitó que se determinen “las medidas administrativas pertinentes, de acuerdo al poder de Policía que detenta, conforme a la ordenanza que regula el servicio público de taxis y remises”.
Cabe destacar que Garzón está a cargo de la Instrucción de las situaciones conflictivas en el plano judicial que deriven de las protestas sociales en la ciudad. En ese marco, dictaminó que no se permitirá realizar cortes totales ni en calles, ni en puentes.
Por su parte, desde el municipio emitieron un comunicado en respuesta del pedido judicial y afirmaron que “se han desplegado acciones a los fines de la detección y remoción de vehículos que realicen transporte de personas sin certificado habilitante, en un todo de acuerdo con las normas municipales”.
Asimismo, recordaron que “la utilización de un vehículo habilitado como servicio público para obstaculizar, obstruir o impedir la libre circulación por la vía pública, será sancionado con la caducidad de la licencia” para realizar esa labor y la inhabilitación por el término de cinco años para brindar cualquier tipo de prestación en ese orden.
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