Ambientalistas, políticos y abogados se pronunciaron en contra de los cambios en la Ley de Residuos Peligrosos. Denuncian que atenta contra la Constitución y el medio ambiente.
Ed Impresa 13/09/2019
Fabiana Cuba
No resulta novedoso afirmar que las vertiginosas transformaciones del contexto político argentino se aceleraron de la mano de los resultados de las elecciones primarias. Desde el 11 de agosto, temas como “inflación”, “recesión”, “transición política” y “reperfilamiento de la deuda” no dejan de ocupar la primera plana de los medios nacionales y sirven como camuflaje perfecto para precipitar la toma de algunas decisiones por parte del Ejecutivo.
En este contexto, el Gobierno nacional oficializó el pasado 26 de agosto el Decreto 591/2019 que establece modificaciones en los decretos 181/92 y 831/93 reglamentados en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos sancionada en 1991 y promulgada al año siguiente. Con pocos bombos y sin nada de platillos, el presidente Mauricio Macri ratificó -en los papeles- la prohibición de la importación de este tipo de desechos. Sin embargo, alentó el ingreso de “sustancias y objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos”, sin la necesidad taxativa de un certificado sanitario que acredite la inocuidad de los productos a reutilizarse.
La polémica medida fue advertida por organizaciones sociales, ambientalistas, abogados y políticos, quienes alertaron que representa un retroceso en materia de protección medioambiental y podría significar la potencial adquisición de residuos peligrosos y tóxicos. Además, denunciaron que la misma entra en contradicción con el Art. 41 de la Constitución Nacional que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades (...) sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Greenpeace Argentina: “Esto viene a modificar la ley de residuos original y elimina la exigencia de que los países vendedores de residuos tengan que presentar un certificado de inocuidad ambiental”.
El decreto que busca potenciar el ingreso de materiales “con finalidades específicas y para los que exista una demanda” por parte de industrias papeleras, metalúrgicas y del plástico, encendió la alerta y rápidamente sumó adhesiones en contra.
En ese sentido, desde Greenpeace Argentina manifestaron que esta política “crea un potencial futuro en el que la Argentina podría transformarse en el basurero del mundo”. “Esto viene a modificar la ley de residuos original y elimina la exigencia de que los países vendedores de residuos tengan que presentar un certificado de inocuidad ambiental. Ahora, la revisión de estos desechos se realizará en el país”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador del área de Campañas de la ONG internacional.
En diálogo con La Nueva Mañana, el especialista afirmó que esta nueva realidad va en contramano de lo que actualmente otros países están impulsando. Es el caso de China, que desde el 2018 dejó de ser el receptáculo de casi el 70% de los plásticos que se producían a nivel mundial, y que llegaban provenientes de países miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, o Japón. El gigante asiático tomó la decisión de cancelar los acuerdos y reforzar su legislación, por el alto grado de contaminación que provocaba este negocio.
“Hay que aclarar que el decreto no permite abiertamente el ingresos de residuos peligrosos. Pero flexibiliza la legislación, por lo que de todas formas existe la posibilidad de que te envíen material tóxico”, agregó.
El texto dispone que desde su entrada en vigencia -es decir, 30 días después de su oficialización- quedará descartada la obligación de la presentación de un “certificado de origen que acredite la no peligrosidad” de las mercaderías obtenidas a partir de la valorización de residuos que tenía vigencia desde el ‘92. El Gobierno esgrime como argumento que a nivel mundial se avanzó en esa línea y que el fin último es que estos elementos sirvan como insumos, materias y productos.
Asimismo, la gestión macrista asevera que la acreditación de inocuidad sanitaria es de “imposible cumplimiento” ya que “los países exportadores únicamente emiten constancias indicando que en el marco regulatorio local, la corriente residual no es considerada un residuo peligroso”. Es el caso de materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa, la chatarra de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio. “Detrás de todo crimen ambiental siempre hay un negocio para unos pocos”, sentenció Mingo.
Cabe destacar que la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores se sumó a los reclamos que se hicieron oír. La entidad criticó la medida y señaló que en el país se producen cerca de 40.000 toneladas de basura por mes y que sólo se llega a reciclar cerca del 40%.
“Este problema se suma a la desastrosa gestión de residuos que ya tenemos. Lo poco que se recicla es gracias a los 150.000 cartoneros que proveen a las industrias de residuos postconsumo”, explicó en diálogo con este medio Juan Collado, miembro de la Federación.
En ese sentido, los recicladores indicaron que no sólo está en peligro el medio ambiente sino que además la normativa atenta contra su fuente de subsistencia. “En lugar de potenciar la recolección y reciclado de lo que tiramos los argentinos, se facilita la importación desde Europa o EE.UU que buscan asegurar un lugar para depositar su basura. Esto perjudica a los cartoneros que trabajan de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica que se agudizará por la baja en el precio de esos insumos”, añadió.
Kopta: “La legislación podría habilitar el ingreso de insumos radioactivos que hayan sido agotados en su uso. Es como si nosotros fabricáramos pilas, las exportáramos y luego las recibiéramos una vez utilizadas”.
El Foro Ambiental Córdoba también hizo pública su preocupación por lo que las modificaciones a la Ley de Residuos Peligrosos podría significar para el presente y el futuro. “La legislación podría habilitar el ingreso de insumos radioactivos que hayan sido agotados en su uso. Es como si nosotros fabricáramos pilas, las exportáramos y luego las recibiéramos una vez utilizadas. A eso se suma, que ahora no habrá limitación temporal en relación a la permanencia de los mismos”, comentó Federico Kopta, presidente de la institución.
A su vez, remarcó que el tratamiento de residuos es “pésimo” y que aún se siguen acumulando desechos en basurales a cielo abierto, en arroyos y vertederos sin una clara política de “basura cero”. “Es ínfimo lo que se logra rescatar de los residuos. Hay políticas muy inconsistentes respecto a la recolección diferenciada y el tratamiento, lo que se vincula con los costos del servicio”, afirmó a LNM.
Luego de que se desatara la polémica y llovieran las críticas, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió un comunicado donde asegura que “solo se permitirá la importación de insumos que fueron valorizados a través de distintos procesos y convertidos en nuevas materias primas, promoviendo, así, una economía circular”.
A través del escrito, subsecretario de Fiscalización y Recomposición del organismo, Juan Trebino, resaltó además que “los residuos que no han sido valorizados y que no cumplan con las exigencias establecidas (...) se encuentran prohibidos”.
El funcionario consideró que se trata de una “actualización de la normativa ambiental” en base a modelos mundialmente reconocidos. De esta manera, desde la cartera que conduce Sergio Bergman se aplicarán controles sobre las mercancías a importar en base a normas técnicas de calidad.
En respuesta al pronunciamiento oficial, la Asociación de Abogados Ambientalistas, Greenpeace y la Federación de Cartoneros presentaron el pasado 10 de septiembre un pedido para que se declare la nulidad de la normativa, alegando que se trata de una determinación “inconstitucional” que atenta contra la preservación del medio ambiente.
También, se sumaron pedidos de información por parte de diputados y senadores para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre esta determinación. Por un lado, el senador Dalmacio Mera expidió una solicitud para que se den a conocer los fundamentos, ya que afirma que esta normativa despierta “graves inquietudes” y “deja sin efecto la prohibición para el ingreso de residuos peligrosos sin que sea garantizada su inocuidad”.
Por otra parte, la Cámara baja avanza con el tratamiento de un proyecto que busca derogar la medida. La diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto, señaló que el decreto no solo “es regresivo en materia ambiental”, sino que además “viola principios elementales del derecho y atenta contra el desarrollo de las economías populares”.
Seguramente en los próximos días se conocerá el desenlace de esta historia que, hasta el momento, solo se muestra como una distopía ambiental que se aproxima a pasos agigantados.
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