Las críticas en torno al nuevo sistema de escrutinio provisorio genera desconfianza en sectores cordobeses. Hace tres semanas hubo una prueba piloto, sólo fueron dos apoderados.
Ed Impresa 02/08/2019
César Martín Pucheta
PASO 2019 - ESCRUTINIO PROVISORIO Y LEGITIMIDAD
Al caer la noche del 11 de agosto, el país entero estará pendiente de los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que, aunque no resolverán demasiado en materia de candidaturas (los principales partidos no presentan competencias internas), servirán para trazar un mapa electoral que planteará la hoja de ruta de cada una de las fuerzas, de cara a las generales de octubre.
Si bien los resultados definitivos, que dependen de la Justicia Electoral y se comienzan a verificar 48 horas después de cerrado el acto electoral (sí, el martes 13 por la tarde), la tensión para conocer a ganadores y perdedores suele resolverse en la noche del mismo día de la elección. En ese espacio temporal se concentran las expectativas. Es decir que la euforia, las carcajadas, las lágrimas, los festejos y las decepciones, se expresan en la Argentina por los resultados arrojados en el escrutinio provisorio.
Por primera vez en esta elección se utilizará un software que se llama Smart Tally, producto de la empresa venezolana Smartmatic. Fue diseñado especialmente para la Argentina y, de forma digital, transmitirá de modo directo los resultados electorales desde cada escuela al centro de cómputos ubicado en la sede central del Correo Argentino. Hasta el 2015, los telegramas eran recolectados por empleados del Correo que digitalizaba el material recibido y lo enviaba a los centros de cómputos de la Dirección Nacional Electoral (DiNE).
Escrito así, la propuesta no parece ser demasiado riesgosa sino fuese por el mecanismo de transmisión que se plantea utilizar desde el sistema y las dificultades para garantizar la correcta transferencia de esos resultados, cosa que advirtió una parte de la oposición y un buen número de expertos informáticos que comenzaron a alertar al respecto. Hay denuncias públicas por intentos de fraude, advertencia por la manipulación de las actas y la adulteración de los resultados. Incluso, amenazas que apuntan a judicializar el tema para postergar la elección o postergar la utilización del software.
En el colmo de todo, los tres simulacros de escrutinio que motorizó la Dirección Nacional Electoral, que depende de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación y está a cargo de Adrián Pérez, arrojaron más dudas que certezas. O al menos, provocaron lecturas divergentes entres oficialistas y opositores.
El sábado 13 de julio, la DiNE llevó adelante una transmisión piloto en Córdoba. Fue en la escuela “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”, ubicada en el barrio Crisol Sur y, aunque fueron invitadas todas las fuerzas, sólo asistieron los apoderados de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
Desde el oficialismo entienden que las modificaciones que se aplicarán el 11 de agosto “representan un avance extraordinario”. Al menos así lo entiende Eugenio Márquez, uno de los apoderados del macrismo en tierras mediterráneas. “Habrá que ver qué pasa con las escuelas en las que no haya conectividad, que seguirán trabajando con el sistema anterior” asegura Márquez para quien el sistema garantiza que no haya riesgos de ningún tipo, “al contrario, se elimina el intermediario que pasaba a buscar los telegramas y lo llevaba al Correo. Ahora se puede ir transmitiendo todo desde la escuela con la presencia de todos los presidentes de mesa y con los fiscales que quieran estar en el lugar”, asegura en conversación con La Nueva Mañana. Según el apoderado de Juntos por el Cambio, su colega del Frente de Todos “estaba muy conforme y sorprendido por la eficiencia del proceso”. Sin embargo, esa impresión no es la que expresa su compañero de ocasión.
Fabián Medina es el informático que ese sábado estuvo en la escuela ubicada en Avenida Revolución de Mayo en representación del Frente de Todos. “Yo no tuve acceso al software por lo que no hay forma de saber si esos datos fueron enviados a algún lugar o sólo se trató de una transmisión interna. Lo único que vimos fue una pantalla con los datos cargados, pero nunca supimos cómo y a dónde habían ido los datos” dice a este medio.
“Andá a saber por dónde pasan los datos. No hay un caño que sea exclusivo entre la escuela y el correo, los datos circulan por una red pública. Se suben y se transmiten por la red de internet como la que cada uno de nosotros usamos en nuestras casas. Cualquier persona que tenga la intención de interferir en esos datos puede hacerlo teniendo un conocimiento bastante básico sobre el tema”, asegura.
Desde el Frente de Todos aseguran que el desafío estará en ajustar el sistema de fiscalización “hasta la instancia en que podamos seguir los datos”. Los militantes de la boleta que encabezan a nivel nacional Alberto Fernández y Cristina Fernández, tienen en claro que la fiscalización y el “cuidado de los votos” fue uno de los principales problemas con los que se toparon en los procesos electorales previos, sobre todo en el 2015 y quieren concentrarse en esa tarea. Pero su postura también da cuenta de un problema que fue identificado con claridad en las discusiones en torno al recuento a cargo de Smartmatic: los datos que se envían al correo pierden la posibilidad de ser “seguidos” en un determinado momento. El miércoles, la DiNE habilitó un fiscal por fuerza política para controlar el proceso de digitalización y transmisión de telegramas en cada Centro de Transmisión Electoral (CTE). Es decir, por escuela. Precisamente en ese lugar se esconde una de las grandes discusiones en torno al tema.
“El escaneo genera un archivo con formato TIFF y al correo llega uno en formato PDF, eso no se cambia solo” advierte Medina al explicar el concepto de “trazabilidad”, uno de los centrales que se ponen en duda desde los sectores que se oponen al sistema. “La gente piensa que la informática es mágica pero no es magia. Alguien hace las cosas y, en este caso, nosotros no sabemos quiénes las hacen”, asegura el informático.
Además de la “trazabilidad”, otros problemas se suman a los cuestionamientos del sistema traído desde Venezuela. Para Andrés Piazza “hay varios niveles de inseguridad porque los partidos no tienen acceso a los datos crudos, es decir que están imposibilitados de hacer sus propios reaseguros, porque los datos que se cargan no tienen una API (interfaz de programación de aplicaciones) ni nada por el estilo. Es decir que sólo se transmitirán por el sistema y no hay certezas en la posibilidad de poder seguir esos datos”, señala el director de Desarrollo Digital y especialista en Derecho informático y electoral.
Desde el peronismo provincial advierten que no van a hacer “conjeturas a priori”. “Nos parece muy bien que si hay fuerzas que tienen elementos concretos hagan las presentaciones a la Justicia, pero nosotros no tenemos esas certezas” dijo Domingo Carbonetti, el apoderado de Hacemos por Córdoba, a La Nueva Mañana.
Desde Consenso Federal, Roberto Birri prefiere hablar de “preocupación”. “No se trata de sospechar por la sospecha misma, sino que a partir de los ensayos que han arrojado errores que son importantes y hacen que el software no sea confiable. Ese es un dato objetivo que no se basa en una mera desconfianza política” dice al ser consultado por La Nueva Mañana.
“La inmediatez del proceso electoral hace que esto sea un hecho consumado de muy difícil solución por la vía judicial, pero hemos dado instrucciones a todos los fiscales para extremar cuidados para garantizar que los resultados que se transmiten sean efectivamente los que reflejen la voluntad de los electores”, advierte el precandidato de Consenso Federal en la provincia de Córdoba.
Entre los beneficios que el sistema Smartmatic propone se destaca la celeridad. “Nos vamos a ahorrar muchas horas de espera porque estamos superando un sistema que ya estaba sospechado a partir de elecciones anteriores y que, básicamente, requería más tiempo” dicen desde Juntos por el Cambio. La pregunta es el precio que las autoridades están dispuestas a pagar en pos de “tener los resultados más temprano”.
Sin certezas por parte de las fuerzas opositoras, todo parece basarse en la confianza o en la desconfianza en el sistema. Con el escrutinio definitivo en manos de la Justicia Electoral, que continuará contabilizando votos de modo tradicional, el físico, desde las urnas; el poder de daño de cualquier falla en el sistema de conteo provisorio se concentra alrededor de la legitimidad de los resultados. En una elección que, según se prevé, se definirá en muy pocos votos; nadie se anima a afirmar que los datos del escrutinio provisorio van a coincidir con los del escrutinio definitivo. “Se va a proclamar a un ganador el domingo a la noche y puede que haya otro cuatro o cinco días después. Eso puede llegar a ser un desastre”, señalan desde los sectores más críticos.
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