El secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez, denunció hoy que integrantes de la Iglesia Católica recibieron "intimaciones" de la Afip que encabeza Leandro Cuciolli para obligarlos a realizar declaraciones juradas y hacer un balance de sus actividades económicas, algo que "es ilegal".
"La Administración Federal de Ingresos Públicos ha emitido una Resolución General número 4137/2017 que obliga a todos los integrantes de la Iglesia católica que realicen declaraciones juradas y hagan un balance sobre sus actividades económicas, cuando por todas las leyes comenzando por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con rango constitucional, las leyes propias de cada impuesto y el Código Civil y Comercial de la Nación, están automáticamente exentos de todo tributo", señaló Estévez, en un comunicado.
El titular de Upsafip, gremio que agrupa a los profesionales y jefes del Organismo Fiscal, explicó: "Entendemos que el dictado de esa Resolución ha sido un error que podrán subsanar a la brevedad, ya que se trata lisa y llanamente de un ataque del Estado Argentino al Estado del Vaticano porque la Iglesia Católica Apostólica Romana además de ser una fe depende de un estado soberano que goza de las mismas exenciones e inmunidades de todos los estados que tienen acuerdos con nuestro país".
El sindicalista explicó que el gremio, "que tiene más de 200 convenios firmados con instituciones intermedias, entre ellas Obras Apostólicas de la Orden Franciscana, fue notificado de que están llegando a cientos de curas párrocos, colegios católicos, conventos y otras obras de la Iglesia intimaciones de la Afip que se sabe son absolutamente ilegítimas".
"No vamos a poner a nuestra gente a embargar la bolsa de limosna en las iglesias ni a trabar las cuentas de un Estado extranjero como es el Vaticano por una redacción que estimamos no fue intencional, sino errónea en una Resolución General", advirtió.
El representante de los jerárquicos prosiguió: "Entendemos que el Administrador Federal derogará la mencionada Resolución General a la brevedad y dejará de poner a nuestros funcionarios en la incómoda situación de actuar siguiendo instrucciones que se colisionan contra todas las leyes superiores, y que además agreden al Estado del Vaticano y a el culto oficial de la República Argentina".
Por último, precisó que no van a "soportar ni que se avasallen los derechos de la Iglesia, ni que se ofenda al Estado Soberano del Vaticano cuya cabeza es el papa Francisco ni que se desconozca la Constitución Nacional y todas las leyes superiores".
"Y mucho menos que nos usen como herramienta de violación de las leyes, con meras Resoluciones Generales administrativas sin fuerza legal frente a sus normas superiores para que después desfilen en los tribunales federales nuestros funcionarios acusados de abuso de autoridad cuando es la propia Administración Federal la que no respeta las leyes superiores e imparte instrucciones", concluyó.
Fuente: Noticias Argentinas
