El conglomerado brasileño Odebrecht declaró la quiebra para intentar reestructurar una deuda millonaria mientras continúa envuelta en un escándalo de corrupción que afectó a políticos de varios países latinoamericanos.
Se trata del mayor proceso de recuperación judicial de la historia de Brasil, con una deuda que supera los 98.000 millones de reales (más de US$ 25.000 millones) aunque gran parte de la misma (84.000 millones) corresponden a créditos concursales y están sujetos a recuperación judicial, informó la agencia de noticias EFE.
A su vez, de esos 84.000 millones, unos 33.000 millones de reales equivalen a deudas contraídas entre las propias compañías del grupo.
La empresa pretende evitar que sus principales acreedores, bancos y fondos de inversión, ejecuten las garantías de los préstamos impagos y se queden así con el control de distintos activos valiosos del grupo.
Desde 2014, la empresa y sus directivos quedaron en el epicentro de la principal investigación por corrupción en Brasil. Las ramificaciones del escándalo alcanzaron a Argentina, Perú y Colombia. En el país la compañía fue una de las encargadas de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que todavía no fue concluida.
Al solicitar la recuperación judicial, ODB dejó afuera a la petroquímica Braskem, a Odebrecht Ingeniería y Construcción y a Ocyan, entre otras, consideradas como "bienes esenciales" para la supervivencia del grupo.
A través de un comunicado la firma indicó que la “protección por bancarrota” acordada con la justicia de San Pablo constituye el camino para avanzar en el arduo y costoso proceso de reestructuración de sus deudas. Los acreedores buscar embargar y ejecutar los activos comprometidos como garantía para préstamos impagos.
