Redacción La Nueva Mañana
El Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que introduce cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias y en el abordaje de las personas con padecimientos mentales y consumos problemáticos.
La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la modificación de las condiciones para internar a una persona sin su consentimiento cuando exista un riesgo grave para su vida, su integridad física o la de terceros. La reforma habilita una mayor intervención médica en estas decisiones y modifica los mecanismos de control previstos en la legislación vigente.
El cambio reabre una discusión central sobre los límites de la intervención estatal y sanitaria en la vida de las personas. La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010 que nunca llegaron a aplicarla plenamente, establece que las internaciones involuntarias deben ser excepcionales, cuando no existan alternativas eficaces y se determine una situación de riesgo cierto e inminente, con garantías de evaluación interdisciplinaria y control judicial.
La reforma modifica ese esquema y otorga mayor protagonismo a la evaluación médica para determinar la necesidad de una internación. Aunque el proyecto contempla mecanismos de revisión y notificación a la Justicia, la flexibilización de los procedimientos plantea interrogantes sobre las garantías para evitar decisiones arbitrarias y proteger la autonomía de quienes atraviesan una crisis de salud mental.
Otro de los ejes de la iniciativa es el abordaje de los consumos problemáticos, incluidas las comportamentales, como la ludopatía. El texto también contempla cambios en la organización de los servicios de salud mental y en las modalidades de atención, con participación de profesionales de distintas disciplinas.
Sin embargo, la discusión no se agota en los criterios para disponer una internación. La disponibilidad de equipos interdisciplinarios, profesionales especializados, tratamientos ambulatorios y dispositivos comunitarios resulta fundamental para garantizar una atención adecuada. Sin recursos suficientes, existe el riesgo de que la internación termine funcionando como respuesta ante la falta de alternativas terapéuticas y de acompañamiento.
La ley vigente promueve un modelo de atención comunitario, con un enfoque de derechos humanos y la integración de la salud mental al sistema general de salud. La reforma impulsada por el oficialismo vuelve a poner en discusión ese paradigma y el alcance de las garantías destinadas a evitar que una persona sea privada de su libertad por motivos vinculados a su padecimiento.
Con la aprobación del Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo.
Noticia relacionada:
