Acumula numerosas investigaciones penales. Dudoso manejo de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y perjuicios a los vecinos, entre los delitos que se le imputan.
Política 07/06/2017 Miguel Perín
El capítulo de las investigaciones sobre supuestos delitos cometidos en el ámbito público y privado por parte de Eduardo Luis Accastello es muy extenso. En lo que tiene que ver con las causas iniciadas en los Tribunales de Villa María, la mayoría son impulsadas por la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad, una asociación de vecinos que se puso al frente de una cruzada para recuperar la transparencia en la función pública a nivel municipal.
Dicha Asamblea formuló una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra Eduardo Luis Accastello y otras personas que puedan estar involucradas. Esa denuncia se está tramitando en la Fiscalía del 3º turno, a cargo del fiscal René Bosio.
“Se está instruyendo la causa, se han tomado numerosas declaraciones testimoniales. Tenían que librarse una serie de oficios que no sabemos si han sido librados. La causa marcha, no muy rápidamente para nuestro interés”, señaló el titular de la asociación denunciante, el abogado Manuel Sosa, quien recordó que ya han pasado más de seis meses de la presentación de la denuncia.
En esa causa la Asamblea fue admitida como querellante, lo cual le permite el acceso al expediente de la causa. Sin embargo, el acceso no es total, ya que “no nos permite participar en las medidas de instrucción. Cuando lo hemos pedido no nos dan participación”, se lamentó Sosa, quien remarcó además que uno de los puntos a esclarecer es “la trama de negocios con amigos y testaferros que se vislumbra al analizar la evolución patrimonial del joven militante que vendía ropa en un Renault 12”.
Hay una segunda denuncia promovida por la misma entidad que también está en manos del fiscal Bosio, basada en una línea de investigación que iniciaron los Tribunos de Cuenta con mandato cumplido, en la que se determinó que había fondos que llegaban del gobierno nacional, que eran depositados en los bancos Nación, Córdoba, Hipotecario y quizás otras entidades financieras. “Ese dinero supuestamente desaparecía por unos meses y después volvía a aparecer”, graficó Sosa.
Se formuló la denuncia y como consecuencia de ello el fiscal Bosio ordenó el allanamiento de la Municipalidad de Villa María. “De allí se retiró numerosa documentación que no ha sido peritada todavía, pese a que han pasado varios meses. Según el fiscal, requiere la colaboración de Policía Judicial de Córdoba porque no tiene suficiente personal para llevar a cabo todas las investigaciones”, acotó el vocero de la entidad denunciante.
La supuesta conducta delictiva que se investiga podría haber perjudicado al municipio, ya que se trataba de fondos destinados a viviendas. Esto habría provocado la demora y hasta la paralización de las obras.
Existe una tercera denuncia penal que fuera promovida hace alrededor de dos años, por dudosos manejos en la Cooperativa 15 de Mayo, que tiene a su cargo el manejo de los servicios de agua, cloacas y mantenimiento de la planta depuradora de efluentes cloacales de la ciudad de Villa María. “Nosotros hicimos una denuncia sosteniendo que la planta depuradora no funcionaba adecuadamente y que se tiraban los residuos al río sin tratamiento o con insuficiente tratamiento”, precisó Sosa.
Se hicieron análisis que estuvieron a cargo de la Universidad Tecnológica de Villa María y se comprobó que había valores irregulares, por lo que se hizo una denuncia administrativa en la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Luego personal de Policía Ambiental tomó nuevas muestras y en base a los resultados de las pericias, se hizo una presentación ante la Fiscalía del 1º turno, a cargo de Silvia Maldonado. La investigación se abrió por el supuesto delito de “contaminación”, a lo cual se sumó otra denuncia por “estafa”, ya que la Cooperativa cobra un cargo sobre la tarifa del servicio para el mantenimiento de la planta depuradora. Posteriormente, se hizo una denuncia administrativa ante el Ersep, que quedó congelada, “supuestamente por razones políticas”, apuntó Sosa. Sin embargo, a comienzos del 2017, el Ersep emitió un dictamen de su Departamento Legal que fue contundente.
El mismo llegó a manos de la fiscal Maldonado quien citó a declarar al responsable del Departamento Legal del Ersep y esta es la última medida conocida en la investigación.
En esta causa aparece involucrada la Municipalidad, ya que se trata del poder concedente del servicio que presta la Cooperativa 15 de Mayo. “Si ellos no controlan al concesionario son tan responsables penalmente como la propia gente de la Cooperativa”, recalcó el denunciante.
“Nosotros creemos que ese dinero que fue encontrado en la caja de seguridad mencionada en la causa CBI tiene que venir a esta causa. Este hecho tiene que ser acumulado a esta causa por enriquecimiento ilícito”, manifestó Sosa relacionándolo con la investigación del fiscal Bosio. La referencia apunta al conflicto de competencia que se generó entre los fueros Federal y Provincial sobre quién debía investigar el origen de los fondos que aparecieron en una caja se seguridad perteneciente a Fernando Boldú y a la que tenían acceso Accastello y su pareja, Verónica Navarro Alegre.
Cuando finalizan la tarea, los muchachos dicen que el costo es de 12.500 y no de 2.500 pesos, como habían asegurado. “Escuchó mal, usted. No nos vamos de acá hasta que nos pague”, amenazan.
Siempre resulta tentador decirles a los demás que nuestros males lo reconocen como fuente; así nos despegamos de nuestra propia responsabilidad, cargamos al de enfrente con la mochila de la frustración, la derrota y la vergüenza.
Se trata de un dispositivo que permite a organizaciones sociales e instituciones controlar y monitorear cómo son las condiciones de espacios de encierro y detención. Son siete provincias que no disponen de esta herramienta de supervisión.
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