Acumula numerosas investigaciones penales. Dudoso manejo de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y perjuicios a los vecinos, entre los delitos que se le imputan.
Política07/06/2017 Miguel Perín
El capítulo de las investigaciones sobre supuestos delitos cometidos en el ámbito público y privado por parte de Eduardo Luis Accastello es muy extenso. En lo que tiene que ver con las causas iniciadas en los Tribunales de Villa María, la mayoría son impulsadas por la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad, una asociación de vecinos que se puso al frente de una cruzada para recuperar la transparencia en la función pública a nivel municipal.
Dicha Asamblea formuló una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra Eduardo Luis Accastello y otras personas que puedan estar involucradas. Esa denuncia se está tramitando en la Fiscalía del 3º turno, a cargo del fiscal René Bosio.
“Se está instruyendo la causa, se han tomado numerosas declaraciones testimoniales. Tenían que librarse una serie de oficios que no sabemos si han sido librados. La causa marcha, no muy rápidamente para nuestro interés”, señaló el titular de la asociación denunciante, el abogado Manuel Sosa, quien recordó que ya han pasado más de seis meses de la presentación de la denuncia.
En esa causa la Asamblea fue admitida como querellante, lo cual le permite el acceso al expediente de la causa. Sin embargo, el acceso no es total, ya que “no nos permite participar en las medidas de instrucción. Cuando lo hemos pedido no nos dan participación”, se lamentó Sosa, quien remarcó además que uno de los puntos a esclarecer es “la trama de negocios con amigos y testaferros que se vislumbra al analizar la evolución patrimonial del joven militante que vendía ropa en un Renault 12”.
Hay una segunda denuncia promovida por la misma entidad que también está en manos del fiscal Bosio, basada en una línea de investigación que iniciaron los Tribunos de Cuenta con mandato cumplido, en la que se determinó que había fondos que llegaban del gobierno nacional, que eran depositados en los bancos Nación, Córdoba, Hipotecario y quizás otras entidades financieras. “Ese dinero supuestamente desaparecía por unos meses y después volvía a aparecer”, graficó Sosa.
Se formuló la denuncia y como consecuencia de ello el fiscal Bosio ordenó el allanamiento de la Municipalidad de Villa María. “De allí se retiró numerosa documentación que no ha sido peritada todavía, pese a que han pasado varios meses. Según el fiscal, requiere la colaboración de Policía Judicial de Córdoba porque no tiene suficiente personal para llevar a cabo todas las investigaciones”, acotó el vocero de la entidad denunciante.
La supuesta conducta delictiva que se investiga podría haber perjudicado al municipio, ya que se trataba de fondos destinados a viviendas. Esto habría provocado la demora y hasta la paralización de las obras.
Existe una tercera denuncia penal que fuera promovida hace alrededor de dos años, por dudosos manejos en la Cooperativa 15 de Mayo, que tiene a su cargo el manejo de los servicios de agua, cloacas y mantenimiento de la planta depuradora de efluentes cloacales de la ciudad de Villa María. “Nosotros hicimos una denuncia sosteniendo que la planta depuradora no funcionaba adecuadamente y que se tiraban los residuos al río sin tratamiento o con insuficiente tratamiento”, precisó Sosa.
Se hicieron análisis que estuvieron a cargo de la Universidad Tecnológica de Villa María y se comprobó que había valores irregulares, por lo que se hizo una denuncia administrativa en la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Luego personal de Policía Ambiental tomó nuevas muestras y en base a los resultados de las pericias, se hizo una presentación ante la Fiscalía del 1º turno, a cargo de Silvia Maldonado. La investigación se abrió por el supuesto delito de “contaminación”, a lo cual se sumó otra denuncia por “estafa”, ya que la Cooperativa cobra un cargo sobre la tarifa del servicio para el mantenimiento de la planta depuradora. Posteriormente, se hizo una denuncia administrativa ante el Ersep, que quedó congelada, “supuestamente por razones políticas”, apuntó Sosa. Sin embargo, a comienzos del 2017, el Ersep emitió un dictamen de su Departamento Legal que fue contundente.
El mismo llegó a manos de la fiscal Maldonado quien citó a declarar al responsable del Departamento Legal del Ersep y esta es la última medida conocida en la investigación.
En esta causa aparece involucrada la Municipalidad, ya que se trata del poder concedente del servicio que presta la Cooperativa 15 de Mayo. “Si ellos no controlan al concesionario son tan responsables penalmente como la propia gente de la Cooperativa”, recalcó el denunciante.
“Nosotros creemos que ese dinero que fue encontrado en la caja de seguridad mencionada en la causa CBI tiene que venir a esta causa. Este hecho tiene que ser acumulado a esta causa por enriquecimiento ilícito”, manifestó Sosa relacionándolo con la investigación del fiscal Bosio. La referencia apunta al conflicto de competencia que se generó entre los fueros Federal y Provincial sobre quién debía investigar el origen de los fondos que aparecieron en una caja se seguridad perteneciente a Fernando Boldú y a la que tenían acceso Accastello y su pareja, Verónica Navarro Alegre.
Los abogados de Cristina invocaron razones de seguridad, edad y ausencia de riesgo de fuga. Sin embargo, los fiscales Luciani y Mola insistieron en la detención inmediata. La Justicia ya determinó que su residencia es apta para la condena, pero desde sectores oficialistas llegaron a afirmar que la ex mandataria quiere escaparse.
Guillermo Francos y un funcionario del equipo económico de Luis Caputo se reunieron con los gobernadores de Chubut, Catamarca, La Pampa, Santa Cruz y la vicegobernadora Myrian Prunotto, en representación de Córdoba. Inicialmente reclamaron una reunión con Milei, pero no fue posible.
Cristina Fernández explicó que solicitó la prisión domiciliaria porque debe contar con custodia de por vida al haber sido dos veces presidenta y, además, porque los autores intelectuales del intento de magnicidio en su contra nunca fueron investigados.
El referente de Derechos Humanos se presentó en el departamento de Cristina Fernández para brindarle apoyo a la ex presidenta después de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Desde Israel, el presidente se refirió al fallo de la Corte Suprema que condenó a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida a los cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández. "La Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer", indicó.
"El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular", dijo el diputado nacional y valoró el apoyo de la gente a su madre a 10 años de haber concluido su mandato. Sobre Mauricio Macri, presidente del PRO, indicó: "No lo vota nadie".
A menos de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el Dique San Jerónimo es una excelente opción para pasear en esta época del año.
El Grupo de Entidades Empresariales de Córdoba, conocido como G6, emitió un comunicado a través del cual celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ratificar la condena en la causa Vialidad a la ex presidenta Cristina Fernández.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc) denuncia "18 meses de ajuste económico", como parte de un plan de la gestión de Javier Milei para "desmantelar el sistema público de producción de conocimientos".
El cuerpo sin vida del adolescente apareció tirado en la calle con un disparo en el rostro, este miércoles por la noche. La fiscal Liliana Copello imputó a Carlos Caligaris, ex oficial y actual guardia de seguridad, por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El siniestro ocurrió este jueves por la tarde, cerca de las 16, por razones que se investigan. Un servicio de emergencia trasladó al niño a un nosocomio zonal, con diversos traumatismos. Allí, facultativos que lo asistieron, confirmaron su deceso.
