El 3-J y los femicidios: un grito de las que ya no tienen voz

El flagelo de la violencia de género, que el año pasado apagó la vida de 23 cordobesas, parece no tener un final. Se trata de una lucha desigual de una sociedad que entendió que hay que frenar a los agresores y un Estado que lo hace a su ritmo. Una diferencia temporal que deja a cientos de huérfanos, silenciosas víctimas colaterales, en el marco de familias destrozadas que buscan retomar la normalidad de la vida.
Se hace difícil comprender cómo serán las futuras generaciones marcadas por este flagelo que, aún para muchos es un tabú. Por ejemplo, todavía existen aquellos que evitan hablar de femicidio y se refieren a los hechos como crimen pasional.

Maru Acosta, referente de la lucha contra la violencia de género luego del asesinato de su hermana Paola, que sacudió la primavera cordobesa de 2014, consideró que “la tarea que nos queda a quienes sufrimos una tragedia interminable es poder transformar todo el dolor y la tristeza en algo que sea útil para el futuro”.
En diálogo con LA NUEVA MAÑANA sostuvo: “Creo que podemos generar acciones positivas y cambios necesarios dentro de las instituciones y sociedad en general, para ponerle un freno a la violencia de género, de la que antes no se hablaba porque era un tabú”.

Sin embargo, estamos viviendo “una gran decadencia, no hay respeto a la vida. La vida de una persona no vale nada, y para la Justicia menos”, recalcó Claudia Urbaneja, mamá de María José, una joven madre de Villa del Totoral, cuyo crimen ocurrió en noviembre de 2012.
“La Justicia argentina no le da soluciones a las víctimas y vemos que todos los días no sólo matan a una sino a toda una familia y no se hace nada”, recalcó la mujer, que ahora está a cargo del cuidado de su nieta, después de la muerte de María José.

En ese sentido, Acosta agregó que “en la Justicia más que tabúes hay una mirada sesgada, una mirada que refleja la sociedad en que vivimos, una mirada machista que está instalada desde hace muchos años”. Y sostuvo: “En correlato con la realidad de los hechos, la Justicia sigue sacando fallos que no están a la altura, sigue sin buscar a las mujeres cuando se denuncia su desaparición inmediatamente, demorando horas claves”.

Y en ambos casos, tanto el de Paola Acosta como el de María José Urbaneja, ciertos vicios burocráticos aportaron al desenlace fatal de estas dos historias de vida. Mientras que la orden judicial de búsqueda de Paola y su hija Martina se demoró y cuando se activó el protocolo ya era demasiado tarde, una restricción de acercamiento no fue entregada a tiempo por parte de la Policía en Totoral y la vida de Majo fue sesgada por una andanada de puñaladas.
“Tienen que ser juzgados quienes actúan mal, y tienen la responsabilidad de protegernos y no lo hacen”, reclamó Maru Acosta.

Pero, ¿hay alguna forma de evitar llegar a esta instancia final? ¿Evitar muertes? ¿Hay cómo prevenirlo?.
Urbaneja consideró, por ejemplo, que “el botón antipánico no es un recurso efectivo. Muchas han muerto con el botón en su mano”.
Se trata de un trabajo interdisciplinario que debe comenzar desde la propia casa o la escuela, y es responsabilidad de cada uno de nosotros aportar un granito de arena para hacer una sociedad mejor y menos violenta. Al respecto, los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos pusieron en marcha semanas atrás una capacitación a directores de colegios en busca de transformar los patrones culturales.
También sigue en pie el Centro Integral para Varones, una iniciativa provincial para el tratamiento de aquellos acusados de violencia de género. Se llevan a cabo alrededor de 250 entrevistas diarias.

Un drama reflejado

La marcha #NiUnaMenos, que se repite cada 3 de junio, es una forma de reflejar y concientizar sobre el flagelo que se vive a diario en distintos puntos del país. Quizás, en este mismo momento, que escribo o usted lee -tristemente- se está registrando un nuevo episodio de violencia de género.
Como el hallazgo del cuerpo de Ana Barrera en un descampado en barrio Santa Isabel.“Es un flagelo que no ocurre sólo dentro de cuatro paredes sino que es un problema social, que pasa en muchas familias. Con estas marchas se consiguió elevar en la conciencia de la gente que la violencia de género no es normal” insistió Acosta. Cambiar la sociedad machista en la que crecimos, llenas de estereotipos, en la que la mujer era un objeto o simplemente un ama de casa sin voz ni voto. “Hay que seguir la lucha y alzar la voz continuamente denunciando que la situación debe cambiar”, agregó Maru.
Sobre la convocatoria anual, Claudia Urbaneja dijo que “como mamá de una víctima, #NiUnaMenos es la frase que me incentiva a seguir luchando por mujeres que sufren de violencia y evitar que termine en algo grave”.
“Que no vuelva a suceder, que nadie arrebate la vida de ninguna mujer, ninguna niña, por violencia de género en su cara más extrema que es el femicidio, es el objetivo que tenemos que alcanzar”, finalizó Maru.

Vivir el después

“La muerte de nuestra hija fue sólo el comienzo”, contó a LA NUEVA MAÑANA Claudia Urbaneja, que se divide entre su familia, el trabajo de docente y su actividad como militante de la lucha contra la violencia de género en el norte cordobés.
“En nuestra familia, como en otras que han perdido hijas por un caso de femicidio, la muerte marcó un antes y un después en nuestras vidas. Deja ausencia, deja dolor, deja llanto. Deja una familia destrozada. Y deja víctimas colaterales, como nuestra nieta”, comentó. Y agregó: “Hay que enfrentar cambios drásticos en la vida, como convivir con la ausencia del ser querido. Comenzar ese viaje solitario y desolado, un camino totalmente desconocido porque te das cuenta que la vida que conocés -en un abrir y cerrar de ojos- se detiene y aún más cuando es de una hija”.
Pero la muerte del ser querido es el inicio de un largo trajinar de cuatro años que para la familia Urbaneja recién terminó en 2016, período en el que debieron “enfrentar un juicio,  verle la cara al asesino de nuestra hija, ver cómo la desmerecían”.

Dos casos emblemáticos

PAOLA ACOSTA
En la madrugada del 21 de septiembre de 2014, el cuerpo sin vida de Paola Acosta fue hallado en una boca de tormenta próxima al puente Zipoli. A su lado, viva de milagro, estaba su pequeña hija Martina, de un año y nueve meses. La mujer de 36 años había desaparecido 80 horas antes luego de haberse encontrado con el padre de la niña, Gonzalo Lizarralde, que le había llevado la cuota alimentaria. Murió golpeada, asfixiada y apuñalada. Su agresor fue condenado a prisión perpetua.

MARÍA JOSÉ URBANEJA
En la tarde soleada del 25 de noviembre de 2012, Majo fue abordada por Cristian Peralta para hablar. Pero luego la obligó a ingresar a la vivienda y allí comenzó una discusión que terminó en el ataque con un arma blanca a la chica de 22 años, madre de una niña.
Un tribunal condenó a Peralta a 16 años de prisión. Además, se sobreseyó a funcionarios judiciales por la acusación de negligencia.

Sin probation

Desde 2013, la Justicia de Córdoba dispuso que en los casos de violencia de género no se aplique la figura de la suspensión de juicio a prueba o probation. La decisión por entonces del Tribunal Superior de Justicia destaca que Argentina adhirió a la “Convención de Belém Do Pará” que, entre otras cosas, obliga a los estados firmantes a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; y a establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que haya sido sometida a violencia, que incluyan medidas de protección y un “juicio oportuno”. 

Patria potestad

El Congreso de la Nación modificó la semana pasada un artículo del Código Civil, que establece que los asesinos de sus cónyuges o quienes hayan cometido un delito de lesiones o de índole sexual agravado por el vínculo, aún en grado de tentativa, serán privados de la responsabilidad parental. Según la ley, la condena penal firme “produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental”.
En la actualidad, el padre o madre de los menores y autor del asesinato no es privado de su patria potestad, pudiendo estar la guarda a cargo de ellos.
Uno de los fundamentos de la norma, que fue redactada por los peronistas Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío, destaca que se intenta “evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales, de indispensable cumplimiento para asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia”.