Redacción La NUEVA Mañana
Al cumplirse dos meses de la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela, el presidente constitucional Nicolás Maduro aseguró ante miles de partidarios en Caracas: "Al títere diabólico le acabamos de desmantelar un plan, que dirigía él personalmente, para matarme".
Maduro aseguró que fondos venezolanos bloqueados por Washington y entregados al jefe parlamentario financian el complot, que según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, contemplaba "asesinatos selectivos" y "sabotajes" a servicios públicos.
Más temprano, Rodríguez denunció que la trama incluyó el envío de "sicarios" a Venezuela desde El Salvador, Guatemala y Honduras, con apoyo del presidente colombiano, Iván Duque, quien tilda a Maduro de "dictador".
El Gobierno venezolano señala como "organizador" a Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, detenido el pasado jueves por el servicio de inteligencia.
Rodríguez difundió capturas de pantalla de supuestas conversaciones en Whatsapp entre Marrero y Guaidó en las que -dijo- se coordinó usar 1.000 millones de dólares en fondos bloqueados para financiar grupos irregulares.
“Le dice el señor Marrero al señor Guaidó: Pídele a Duque, suponemos que se refiere a Iván Duque (…), una ONG para canalizar los fondos”, aseguró el ministro, citando un fragmento que alude a un supuesto compromiso para pagar “sicarios”.
"No nos temblará el pulso para que estos malandros vayan a la cárcel", aseguró el mandatario, que tildó de "grupo terrorista" a Voluntad Popular, el partido de Guaidó. En ese sentido, Maduro anunció que un "jefe paramilitar" colombiano fue capturado en Venezuela y que su testimonio aporta "pruebas".
El presidente venezolano se aferra a los militares -su principal sostén- agitando la lucha contra el intervencionismo, alimentada por la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no descarta una acción armada en Venezuela.
Guaidó en tanto se mostró dispuesto a pedir al Parlamento que autorice una intervención, aunque el Grupo de Lima (13 países latinoamericanos y Canadá que lo reconocen) y la Unión Europea se oponen al uso de la fuerza.
