Redacción La NUEVA Mañana
Este lunes se conoció el fallecimiento de una nueva mujer que estaba detenida en la cárcel de Bouwer. El deceso ocurrió a pocas semanas de la muerte de otra interna, hallada ahorcada en su celda.
Por ese primer hecho, "Autoconvocadxs Anticarcelarixs Córdoba" emitió un duro comunicado que contó con numerosas adhesiones, entre las que destacan Correpi, "Núcleo de antropología, violencia, muerte y política" del Museo de Antropología de la UNC, Ammar y Colectivo de Educadorxs desde el Sur y la agrupación docente María Saleme.
"En lo que va del año 2019, al menos dos mujeres perdieron su vida en la cárcel de Bouwer, como consecuencia directa de las medidas de tortura que allí se llevan a cabo, con total impunidad. Algunos de los dispositivos de castigo y tortura que sufren quienes están presas son el hostigamiento psicológico cotidiano, la negación de atención médica y la sobremedicación como forma de control", indica el escrito.
Además, la organización denunció otros métodos de tortura como "el 'aislamiento dentro del aislamiento' que es obligarlas a permanecer por tiempo indeterminado en celdas totalmente cerradas, con salidas de tan solo una hora al día para higiene personal y el siniestro método medieval de la 'cama de sujeción' que consiste en inmovilizar en una cama a la persona, la cual permanece atada de manos, pies, y a veces cabeza y torso, anulando así por completo sus acciones".
Asimismo, el comunicado destaca violencia de género y trans y lesbofobia en el personal penitenciario: "A la hora de las requisas pasan por alto la identidad de género autopercibida, al poner en duda quien debe llevarlas a cabo si un hombre o una mujer".
También indican que se les niega a las mujeres lesbianas "la posibilidad de hacer pública su orientación sexual, ya que si demuestran afecto entre ellas son castigadas con el traslado de un pabellón a otro para separarlas, claro ejemplo de lesbofobia".
Finalmente, Autoconvocadxs manifestaron que desde el Servicio Penitenciario se ponen obstáculos a la hora de agilizar el régimen de visitas, exigiendo un carnet para que cual la persona que desea ver a una interna debe ser familiar directo y no tener antecedentes.
"En las cárceles de mujeres, es sabido que se reciben muchas menos visitas que en las cárceles de hombres. A esto se le suma el régimen de visitas, que vulnera los derechos de las mujeres y allegados que desean verlas; ya que este sistema exige realizar un carnet de visita para el cual hay que ser familiar directo y sin antecedentes penales", señalan.
A la vez que agregan que en muchas ocasiones "los días de visita general la instancia de autorización implica que la presa debe autorizar, para que así puedan ingresar y visitarlas, esto es un problema para ellas ya que la mayoría de las veces nadie les avisa que hay personas esperando esa autorización para poder verlas".
Asimismo, "los días de visita cambian semana a semana, como así también los objetos y alimentos que pueden ingresar, y usan como castigo los traslados de las presas sin previo aviso, sin tener en cuenta que el costo del transporte es altísimo. Tampoco se contempla el tiempo que requiere llegar hasta la cárcel, ni el de espera para ingresar al salón".
Entre los requerimientos de la Coordinadora Anticarcelaria Cordoba figuran:
-Abolición inmediata de la cama de sujeción.
-Abolición inmediata del uso de celdas de aislamiento, llamadas buzones o
calabozos: "Sabemos que la cuarta parte de los “suicidios” se produce en los
lugares de aislamiento".
-Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulneran
derechos elementales.
-Que "la visita íntima, la educación y el acceso a la salud no sean premios, sino derechos".
-Que se respete la Ley 24660, acceso a salario y derechos laborales de las personas
que están en contexto de encierro.
-Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes
salen en libertad.
-Incorporar al observatorio recientemente creado por el ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a mujeres y familiares de personas presas, integrantes de
equipos interdisciplinarios de la UNC que aborden las problemáticas específicas de
los contextos de encierro y de otras organizaciones por fuera del Ministerio de
Justicia y DDHH.
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