Se pone en marcha la maquinaria judicial contra CFK

Será el 26 de febrero con el primer juicio oral que deberá enfrentar la ex Presidenta por la causa de la “Obra Pública” en Santa Cruz. Penalistas denuncian injerencia del Ejecutivo.

Ed Impresa15/02/2019 Daniel Salazar
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Especial para La Nueva Mañana

Casualidad o no, tal como un gobierno de turno perfila una serie de inauguraciones de obras públicas en tiempo de elecciones para potenciar sus posibilidades, un sector de la Justicia con competencia federal busca encolumnar, con claros fines electorales, la elevación a juicio de la mayoría de las causas penales con las que pretenden incriminar a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández.

Pero no es que no se pueda investigar y someter a juicio a la ex mandataria. El problema radica en los medios espurios utilizados con el fin de evitar denodadamente que la principal líder de la oposición, considerada así por el enorme caudal de votos que la respaldan, compita nuevamente por el cargo de la primera magistratura nacional si se decidiera a iniciar esa carrera.

La obra pública en Santa Cruz

El ciclo de juicios que involucran a Cristina Fernández pautado por la agenda judicial para que coincidan este año electoral comenzará el martes 26 de este mes con la causa de “Obra Pública” que elevó a juicio oral el juez federal Julián Ercolini por el supuesto fraude y direccionamiento de obras viales al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara y entre los 16 procesados por el juez Ercolini se encuentran los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, todos detenidos por distintas causas.

Según los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos”.

Sin embargo, un informe difundido por el kirchnerismo y en el que se basará la defensa de la actual senadora, sobre el total de la inversión pública ejecutada entre 2003 y 2015 permitió relativizar el rol que desempeñó Báez en ese período. Según el estudio, el Grupo Austral ocupó el puesto 36, con un 0,3 por ciento del total de los montos adjudicados en obra pública nacional en el ranking de empresas que se adjudicaron obras durante los 12 años. Los primeros lugares fueron ocupados por Techint (Paolo Rocca), Electroingeniería, IECSA (Ángelo Calcaterra) y Grupo América (Eduardo Eurnekian).

Qué indica la auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad

Además un informe de la auditoría interna de la Dirección Nacional de Vialidad encargada por el gobierno en 2017 sobre las obras viales, no así sobre toda la obra pública, ejecutada por Lázaro Báez en la provincia patagónica, concluyó: “Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse” y que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.

Las otras causas que quedaron en pie

En tanto, entre las otras causas que tramitó Ercolini, “Hotesur” que investigó los negocios hoteleros con el mismo empresario Báez, podría ser elevada a juicio este semestre , mientras que “Los Sauces S.A.”, la inmobiliaria de la familia Kirchner, en la que acusa a sus dueños Cristina y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los principales inquilinos de los hoteles que manejaba, los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos en prisión, por el presunto delito de lavado de dinero y recepción de dádivas, que recayó en el TOF 5, tampoco tiene fecha de inicio prevista.

Por otra parte, en la causa “Fotocopia de los Cuadernos”, por la que intentan vincular a la ex Presidenta con las coimas de la patria contratista de la obra pública, el lobby corporativo apura al polémico juez, ya jubilado, Claudio Bonadio, para que cierre la etapa de instrucción y la eleve a juicio antes de junio, señalaron fuentes judiciales.

Claudio Bonadio
Claudio Bonadio envió a juicio la causas “Dólar Futuro”, y “Memorándum con Irán”.

Stornelli, en la mira por extorsión

También golpeó a la causa la reciente denuncia de extorsión del empresario Pedro Etchebest con pruebas contundentes contra el fiscal Carlos Stornelli, quien lo sobornó a través del abogado de su entorno íntimo Marcelo D’alessio para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos supuestamente escritas por el chofer Oscar Centeno, según la denuncia publicada días atrás por el portal “El cohete a la luna”, de Horacio Verbistky.

Además, Bonadio envió a juicio la causas “Dólar Futuro”, a cargo del TOF 1, en la que se acusa a la ex Presidenta de supuesta administración infiel en perjuicio del patrimonio de la administración pública junto a otros funcionarios. Paradójicamente, una operatoria bursátil con la que se beneficiaron varios integrantes del gabinete del actual gobierno apenas asumieron y que también es utilizado actualmente por el macrismo. Y finalmente, “Memorándum con Irán” en la que la acusan junto a otros integrantes de su gobierno de abuso de autoridad y encubrimiento agravado “para dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes” acusados del atentado contra le sede de la AMIA, que también tienen designado tribunal pero esperan fecha del juicio oral, aunque tienen cada vez menos posibilidades de que las impulsen por la insustentabilidad de las acusaciones.

Las denuncias y causas caídas

También es importante recordar las falsas operaciones más relevantes que se llevaron a cabo.

Miriam Quiroga: La Cámara de Casación determinó que “los hechos no existieron” sobre sus declaraciones de “tipos llevando bolsos llenos de billetes” en la Casa Rosada. También que nunca fue secretaria del ex presidente Néstor Kirchner, que su despecho no estaba enfrente del presidencial y su ex pareja afirmó que mintió para su promocionar su libro “Mis años con Néstor, lo que vi”.

Axel Kicillof: “Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400 mil pesos”, tituló Clarín en su portada. YPF desmintió al diario mediante un comunicado y tuvo que corregir la información.

Máximo Kirchner y Nilda Garré: El matutino de Magneto, en una nota de Daniel Santoro, les atribuyo cuentas off shore en el estado de Deleware, Estados Unidos. El departamento de Justicia de los EE.UU. negó oficialmente que existan en un banco de Delaware cuentas bancarias de la ex ministra de Defensa y actual diputada del Frente para la Victoria (FPV) Nilda Garré, de su colega Máximo Kirchner. Publicaron la réplica.

Aníbal Fernández: En una operación de prensa que montó el periodista Jorge Lanata en su programa televisivo de canal 13, con una serie de entrevistas a delincuentes vinculados con el caso de la efedrina (Martín Lanatta y José Salerno) que vincularon falsamente al ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner con el triple crimen de General Rodríguez, con el apodo de “La morsa”, lo que le costó la gobernación de la provincia de Buenos Aires a manos de María Eugenia Vidal. El autor intelectual del asesinato Ibar Perez Corradi, nunca lo vinculó.

La ruta del dinero K: En la causa se ventila en juicio oral y público desde octubre del año pasado los supuestos delitos de Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y otros empresarios acusados de lavar millones de dólares y de fraude fiscal mediante complejas operaciones financieras. El juez federal Sebastián Casanello dictó la “falta de mérito” de la senadora Cristina Kirchner en la causa.

Traición a la patria: El juez Claudio Bonadio tuvo que eliminar esta figura delictiva de la causa que elevó a juicio por el memorándum con Irán que le atribuía a la ex presidenta Cristina Kirchner y dio marcha atrás con las prisiones preventivas de los detenidos.

 

 

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