Consuelo Cabral
“En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa”, Lohana Berkins, incansable luchadora trans argentina.
En los últimos dos meses cuatro travestis fueron asesinadas sobre la ruta provincial 4 conocida como Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Sus muertes no son independientes entre sí, ni aisladas, ni misteriosas. A todas, o casi todas, las une un factor común: dos de las víctimas eran testigos claves en una causa por una red de trata con fines de explotación sexual regenteada por jefes policiales del sur del conurbano bonaerense, e investigada por Cecilia Incardona, cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. Las otras dos habían recibido amenazas.
Pamela Arancini (40), Maxim Brizuela (22), Marilin Sosa (32) y Laly Heredia (36), eran trabajadoras sexuales. A Pamela, Maxim y Laly les dispararon cuando trabajaban y sus cuerpos fueron abandonados en la ruta. A Marilin la atropellaron hace un año atrás y murió el 16 de diciembre pasado en el Hospital de Florencio Varela. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a La Nueva Mañana que, a diferencia de Marilin y Laly, asesinada en la madrugada del domingo 3 de febrero, Pamela y Maxim habían declarado en la causa por la red de trata.
Por dicha causa están presos siete policías, la mayoría de ellos de alto rango: el comisario inspector Nicolás Félix Breglia, el subcomisario Patricio Miguel Kearny Herrera (ambos del Comando de Patrullas de Avellaneda), el subcomisario Javier Alejandro Caffarena (jefe de la seccional de Llavallol), el teniente primero Jorge Abel Virreira y los oficiales César Pérez (jefe de calle de Llavallol), Braian Fabián Robledo (de Llavallol) y la oficial principal Claudia Yamila Ferrando (de Avellaneda). En tanto, que el comisario Héctor Coquena de la Jefatura Distrital de Ezeiza, también imputado, permanece prófugo.
Distintas organizaciones trans y travestis llevan registrados en lo que va del año 11 transfemicidios (muertes violentas) y travesticidios sociales (muertes causadas por la exclusión). En los últimos dos meses, tres travesticidios se produjeron en las 20 cuadras conocidas como Camino de Cintura, donde de lunes a lunes, se prostituyen cerca de 180 mujeres, trans y travestis. Y cuatro, si se suma el fallecimiento de Marilin tras permanecer internada.
En diálogo con La Nueva Mañana, J.B., testigo en la causa contra los policías acusados de explotación sexual, contó que la red de trata continúa funcionando y que cada noche para poder trabajar en la ruta de 20 a 5 de la madrugada, se debe pagar entre 1500 y 2000 pesos a distintos efectivos de la zona. De lo contrario, quienes no pagan son baleadas desde autos que pasan por la ruta u obligadas a vender droga.
“Yo hace un año que dejé de trabajar en esa zona porque tras declarar en la causa contra los policías en el 2015 comencé a recibir amenazas y cada vez fueron aumentando más. Las tres, junto con Pamela y Maxim, éramos testigos claves. Todas pagábamos porque si no pagás desaparecés. Los policías de la Comisaría 4ta de Lomas de Zamora siguen manejando todo. Cuando yo trabajaba me cobraba el comisario Jorge Virreira, que ahora está preso”, asegura J.B.
Al momento de cerrar esta nota, la familia de Laly Heredia se prepara para velarla en una sala de Villa Luro. “Ni siquiera nos querían dar el cuerpo, demoraron cuatro días. Ella era muy tranquila, no merecía esto. Ellos piensan que una persona trans merece ser asesinada. Había venido desde Lima, Perú, cuatro años antes que yo”. La que habla es Rosa Heredia, su hermana y quien no alcanza a comprender la violencia y el odio de los que fue víctima Laly.
“Le pegaron un tiro que ingresó por la cadera y se alojó en el abdomen. Pero le dispararon ocho veces con un arma 9 milímetros, de las que usa la policía. Los casquillos estaban a su alrededor, sobre la ruta. No le robaron nada. Ella no pagaba porque no estaba en un sitio específico en Camino de Cintura, sino que caminaba las cuadras. Siempre lloraba, decía que le iba a pasar algo. Estaba asustada. Quería solo trabajar y dedicarse a su pareja, y enviarle dinero a mi madre que vive en Perú. Todos los meses le depositaba dinero. Nosotros queremos justicia pero hasta ahora no se comunicó ningún medio con nosotros. Esto no es normal, es raro”, reflexiona Rosa.
La falta de observatorios y registros oficiales de crímenes de odio en Argentina, se suman a la falta de visibilización que existe desde los medios de comunicación. A diferencia de los femicidios, en los travesticidios la mayoría de las veces ni siquiera llegan a conocerse los nombres de las víctimas, sus edades, ni el contexto en qué fueron asesinadas. La exclusión social que sufren las personas trans y travestis se perpetúa de esta forma a lo largo de sus cortas vidas (el promedio de edad ronda los 35 años) e incluso hasta después de su muerte.
*Esta nota también fue publicada en la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales Cosecha Roja.
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