El ex juez Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad brasilero, presentó este lunes un plan contra el crimen que amplía la legítima defensa para los agentes.
Mundo 05/02/2019
El plan para combatir el crimen que el ex juez Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro, presentó este lunes contempla exculpar a policías de servicio que presas de “miedo, sorpresa o emoción violenta” maten criminales.
Esta medida que amplía el concepto de legítima defensa es una de las promesas estrella de la campaña del ultraderechista Bolsonaro, que triunfó en las urnas con su receta de mano dura con los delincuentes y su defensa de “los brasileños de bien”.
La propuesta (parte del primer proyecto de ley del Gabinete) se asienta en la realidad cotidiana de uno de los países más violentos del mundo con 175 asesinados al día. “No estamos ampliando la legítima defensa, solo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa. Eso es algo que ya se hace en la práctica”, ha declarado Moro.
Casi 64.000 brasileños murieron violentamente en 2017, según los datos del Forum Brasileño de la Seguridad Pública. Una parte considerable (5.144 personas) falleció en operaciones policiales, lo que supone 14 fallecidos al día. Pero mientras los asesinatos en general aumentaron un 2,9% respecto al año anterior, los causados por la policía se dispararon un 20%, según la ONG.
Bolsonaro, militar retirado y padre de un antiguo policía federal ahora diputado en Brasilia, Eduardo, goza de gran predicamento entre las múltiples fuerzas de seguridad del Estado. Uno de sus primeros decretos fue para flexibilizar la tenencia de armas. Ahora dedica su primer proyecto de ley al plan para combatir la delincuencia violenta, el crimen organizado y la corrupción.
La propuesta legislativa de Moro, el ex juez que condenó a Lula, implica reformar el Código Penal para que los agentes que, “en riesgo de conflicto armado inminente, intervengan para prevenir una agresión injusta en su contra o contra terceros” y sean condenados por “un exceso doloso” puedan ver sus penas reducidas por los jueces a la mitad o incluso no aplicadas. La ley actual exige que, para responder, el agente deba esperar a una amenaza concreta o a que se esté perpetrando ya el crimen. “Creo que el policía no tiene que esperar a recibir un tiro para poder reaccionar”, recalcó el ministro.
Moro también pretende convertir en ley que los condenados en segunda instancia vayan a la cárcel aunque les queden apelaciones. Un asunto que divide Brasil porque ese era el caso de Lula cuando los jueces ordenaron que entrara en prisión –frustrando su carrera electoral a la presidencia, en la que partía como favorito—. La defensa del líder del Partido de los Trabajadores siempre insistió en que hasta entonces los condenados quedaban libres mientras tuvieran recursos pendientes. En un carril paralelo a la tramitación parlamentaria de este proyecto, el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse en abril sobre esta cuestión tan relevante el polarizado debate brasileño.
El nuevo Gobierno también pretende criminalizar las cajas B en la financiación de las campañas electorales y mencionar en la ley a los principales grupos criminales, los grandes enemigos de la seguridad pública como el Primer Comando de la Capital (PCC), cuyo bastión es São Paulo, el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, o las milicias parapoliciales que controlan favelas enteras con militares y agentes en activo en sus filas.
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