Gabriel Silva
En un acalorado y extenso debate que se llevó a cabo en la sesión de ayer en la Unicameral, el oficialismo consiguió, con los votos propios, modificar la Ley de Seguridad Pública. Durante la discusión, que tuvo un amplio rechazo de todo el arco opositor, se reiteraron las críticas y los cruces entre Unión Por Córdoba y Cambiemos por los índices de pobreza e inseguridad.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo procura implementar el Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, el Observatorio de Estudios para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia, los Consejos Municipales y el cambio de nomenclatura del Ministerio de Gobierno y Seguridad, entre otros aspectos.
Entre las principales modificaciones que introduce el proyecto se encuentra la creación de los Consejos Barriales que serán coordinados por promotores que, a su vez, serán un nexo entre el barrio y las distintas áreas del Gobierno. Según Unión Por Córdoba, la nueva normativa permitirá que se intensifiquen los programas de alerta barrial y comunitaria.
“Tenemos que lograr que la lucha contra la inseguridad no sea sólo un problema del Gobierno, sino que tratemos de involucrar a la sociedad en su conjunto”, aseguró desde UPC, Julián López y agregó que “involucrar a la sociedad significa darle los instrumentos para que pueda trabajar con el Estado y se pretende lograrlo mediante los Consejos Barriales y el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana”.
En tanto, la Policía Barrial, otro de los puntos del proyecto, actuará con el nuevo sistema de cuadrantes “reordenando y reorientando” la actividad del patrullaje, según el oficialismo.
López aseguró también que se está realizando una profunda capacitación en la Policía “para que acompañe a los vecinos y tenga un conocimiento total del territorio”.
Las críticas y los cruces por la pobreza
La oposición manifestó un amplio rechazo que fue desde Cambiemos hasta el FIT. Y apuntando el centro de las críticas a lo que consideraron, saturación de las fuerzas policiales, unos; y consecuencias de los índices de pobreza en el Gran Córdoba que se dieron a conocer ayer.
Desde el radicalismo, la legisladora Elisa Caffaratti lo definió como “un marketinero proyecto de Seguridad” que “nadie puede obviar”. “Desde hace ya tiempo estamos inmersos en una situación muy delicada, en donde la provincia se encuentra sumida en un círculo de violencia y crecimiento de las tasas del delito. Tampoco puede nadie aquí desconocer que la inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones de los cordobeses”, dijo Caffaratti, quien además ayer, por unos minutos ocupó el sillón de la presidencia del recinto.
“Tampoco podría alguien pasar por alto que desde hace 17 años gobierna en Córdoba un mismo color político y que las sucesivas medidas paliativas y marketineras adoptadas en materia de seguridad han ido de fracaso en fracaso”, dijo y cerró con un “hagánse cargo”, emulando para algunos al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; aunque la propia parlamentaria le dio el crédito, en su propio discurso, al actual titular de Arsat, Rodrigo de Loredo.
En tanto, el macrismo, a través de Soher El Sukaría insistió con la pobreza en Córdoba y la izquierda criticó la política de represión, estigmatización y persecución de la fuerza en la provincia.
“El principal violento es el Estado que somete a la miseria a los sectores populares” dijo Ezequiel Peressini; mientras que, Laura Vilches, del PTS, señaló: "Córdoba tiene un alto índice de policía por habitante. El plan es saturación y estigmatización".
En tanto, Aurelio García Elorrio, el vecinalista que fue víctima de un grave hecho de inseguridad en los últimos días –al igual que el también legislador, Daniel Juez- apuntó a “la falta de consenso” y “el problema que tienen ustedes (por UPC) con la Policía”.
Sin embargo, no todo terminó acá. Las críticas a los índices de pobreza motivaron la respuesta de López, quien desde el bloque oficialista disparó contra Cambiemos: “no han hecho nada para solucionarla; por el contrario, la aumentaron”.
Con discusiones, debate y chicanas, el Gobierno volvió a aprobar, en este caso, una modificación a una norma, sin inconvenientes con los votos. Aunque, sin consenso, es cierto.
