El Gobierno de Córdoba rescindió el contrato con Grababus S.R.L. y suspendió el servicio por seis meses al detectar una evasión impositiva de más de 40 millones de pesos. En ese marco, el legislador provincial del Frente Cívico, integrante del interbloque Cambiemos, Juan Pablo Quinteros, se refirió a la medida ordenada través del Decreto N° 1670.
Al respecto Quinteros puntualizó: "La decisión que toma el Gobierno de Córdoba respecto a la empresa Grababus nos termina dando la razón de que estábamos ante una estafa a los cordobeses y un enorme negociado de una empresa privada en connivencia con el Gobierno provincial, algo que venimos denunciando incansablemente desde el 2015 y que, por ejemplo, en el año 2017 estimamos se quedaron con más de $180 millones de pesos de los cordobeses".
Además, el legislador recordó que en los último tres años elevaron numerosos pedidos de informes al Ejecutivo sin obtener respuesta y adelantó que este lunes volverán a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para la derogación de la ley 10.110 que funda el contrato entre Provincia y Grababus.
"No podemos permitir dejar la puerta abierta para que otra empresa se quede con el dinero de los cordobeses. La ley fue tan ineficiente que no solo no frenó la venta de autopartes robadas -motivo para el cual había sido promulgada la ley-, sino que robaron millones de pesos en un negociado en el cual los socios se terminaron desconociendo", denunció.
Además Quinteros agregó: "Jamás pudieron contestar cuántas autopartes de vehículos se habían logrado recuperar por este grabado indeleble, sencillamente porque su eficacia era nula. El pago de esta obligación a la hora de transferir un vehículo solo tenía como objeto que la empresa Grababus recaudara millonarias sumas de dinero. Ya los habían echado de Chubut y ahora le toca en Córdoba por la única y sencilla razón de que no los pueden encubrir más".
Finalmente el Legislador dijo que "la denuncia le cabe a la empresa privada pero también haremos una presentación judicial para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios provinciales en lo que jamás dudamos en calificar como un negociado de enormes dividendos, nulos resultados y de clara complicidad entre la empresa privada y los funcionarios provinciales. Debió ser mucho antes, pero finalmente la verdad salió a la luz. La pregunta que queda es, ¿quién le devuelve a los cordobeses los 40 millones de pesos que evadió la empresa?".
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