Construir gasoductos o cómo tropezar con la misma piedra
Las noticias de los últimos días nos llevan a buscar en los archivos y tratar de reconstruir una historia sin final feliz.
Hace casi dos décadas surgió el proyecto de construcción de un gasoducto que serviría a localidades del noreste cordobés, oeste santafesino y sudeste santiagueño, a través de la gestión de una asociación de cooperativas de servicios públicos de esa región.
En marzo del 2006 se firmó en Casa Rosada la carta de intención que propiciaba la formación del fideicomiso financiero para la realización de la primera etapa de ese gasoducto regional que pasó a conocerse como “gasoducto lechero”, por abarcar a la principal cuenca láctea de Sudamérica.
En aquel acto participó el por entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, acompañado por autoridades provinciales, del Ministerio de Planificación Federal, del Banco Nación y de las cooperativas.
Tras tortuosas negociaciones y no pocas peregrinaciones hacia Buenos Aires, el titular del Ministerio de Planificación Federal Julio De Vido dispuso que se aceleraran los trámites para posibilitar el inmediato llamado a licitación para construir la tan esperada obra.
A fines del 2010 se licitó la obra del gasoducto Devoto-Morteros, resultando adjudicada a la empresa de capitales brasileros Odebrecht, quien presentó el respaldo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para financiar el 70 por ciento de la obra, en tanto que el resto sería cubierto con un fideicomiso del Banco Nación.
Como se produjo una demora por los detalles finos del acuerdo de financiamiento y nunca se explicó qué pasó con la licitación adjudicada, en julio de 2011 el gobernador Juan Schiaretti decidió patear el tablero y tomó la decisión política de construir el ya famoso gasoducto entre Devoto y Morteros dentro de un proyecto integral de gasificación de la provincia.
En febrero del 2013 quedaron sepultadas las gestiones del gobierno de Córdoba para obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el mismo que apoyaría a la por entonces poco conocida Odebrecht.
El gobierno nacional no avaló el crédito al “haber cambiado las condiciones económicas”. A raíz de esta situación la Provincia lanzó los Boncor II para obtener recursos para su plan de obras.
En 2015, el gobernador De la Sota decidió volver a licitar el megaemprendimiento gasífero. Ahora la plata vendría de China. Pero esos fondos no aparecieron y Juan Schiaretti resolvió reformular la licitación y emitir nueva deuda para sostener el proyecto, generando un coro de protestas desde la oposición. No solo por el costo para los cordobeses sino también por las empresas que tienen en sus manos las obras.
Recientemente se conoció que habría tratos “non sanctos” de años atrás entre la ahora famosa Odebrecht y el patrón de Iecsa. Según dicen, la tercera en discordia también genera reparos por su cercanía a cierto sector político.
La cuestión es que, por acciones poco claras, por supuesta corrupción, por "maldad" política, el gas se dispersa hasta desaparecer, dejando a amplios sectores de cordobeses sin las posibilidades de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida.