Bolivia, un país normal

Un consenso (todavía y por ahora) indiscutido afirma, al menos formalmente, que democracia es un sistema político cuyo poder soberano reside en el pueblo, potestad que ejerce en forma directa o a través de representantes elegidos. Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, asumió su cargo y desconoció el mandato que le fue delegado a través del voto. Tomó medidas que vulneraron derechos de la mayoría que lo eligió y optó por minorías que habitan la cúpula social de su país. Con poca originalidad derechista, secuenció los primeros pasos de su gestión leyendo y ejecutando la partitura que respetan presidentes análogos de la región: ajuste, alineamiento con Donald Trump, motosierra encendida para desmantelar el Estado. Eliminó el impuesto a las grandes fortunas y retiró subvenciones que provocaron un incremento del 100% en el precio de combustibles. Firmó un memorándum para la entrega del litio y tierras raras; abrió las puertas a operaciones de la DEA.  Endeudamiento.  Decretó una reforma en la tenencia de la tierra regresiva que despoja a campesinos y favorece a terratenientes. El pueblo actuó en consecuencia.

La democracia sediciosa.

Las protestas fueron gradualistas. Primero solicitaron un aumento salarial. No es poca cosa. Con los ingresos mensuales se come. De ser ignorado el reclamo, como ocurrió, ameritaba exigir la renuncia del mandatario. Es lo que hicieron y hacen los núcleos más dinámicos de la sociedad civil: la Central Obrera Boliviana, organizaciones campesinas e indígenas, maestros.

El Gobierno llamó “sedición” a lo que son demandas democráticas de su comunidad. Desconoce la naturaleza del Estado (plurinacional) que administra. Igual el periodismo local que denuncia golpismo. La institucionalidad boliviana está sostenida en dos pilares clave: la participación directa del movimiento indígena-campesino  y popular en el poder político y  la socialización de los excedentes derivados de la renta del gas.

Luchas históricas dieron rango constitucional al protagonismo de los pueblos indígenas a través de representación propia en la institucionalidad política nacional.  Para que no queden dudas, el nombre completo del sistema político boliviano es  Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Su carta magna fue aprobada mediante un referéndum constitucional, el 25 de enero de 2009 y promulgada formalmente el 7 de febrero del mismo año. A partir de ese día comenzó a ser letra constitucional el principio filosófico del “vivir bien”. Bolivia dejó de ser una república liberal para articular tres formas de democracia. La representativa es la que conocemos: elección de autoridades por sufragio universal y sistema de partidos. Por este motivo Rodrigo Paz es presidente. La directa y la comunitaria delegan poder en asambleas ciudadanas y en iniciativas populares autónomas: es lo que hoy practica el movimiento social boliviano.

La irrupción popular en las instituciones.

El entonces vicepresidente Álvaro García Linera fue el principal ideólogo y teórico del nuevo orden boliviano. Sostiene que el viejo modelo de la democracia liberal de élites fue superado por una democracia de movimientos sociales. Como intelectual orgánico del proceso constituyente, colaboró para que en su país la democracia no se limite al acto de sufragar cada cierta cantidad de años, sino que implique la expansión de la participación popular en la gestión de lo común. En la esfera de las decisiones económicas, recursos naturales, presupuesto, escuelas y educación, condiciones de trabajo.  

García Linera adjetiva a la democracia boliviana como “plebeya”. Refiere a la irrupción de las mayorías indígenas y trabajadoras en la vida política de su país. Estas son el motor social e histórico que hizo posible la transición hacia una democracia popular, participativa y multicultural. La democracia plebeya transformó al Estado desde abajo y también desde ahí, desde las bases de la sociedad, custodia la legalidad conquistada.

Entonces, el bloque plebeyo, conformado por indígenas, campesinos, vecinos de las periferias urbanas, docentes y clase media pobre, mineros y obreros, se está limitando a defender la institucionalidad democrática de su país, legal y legítima. Lo hace con sus instrumentos históricos de acción directa: movilizaciones multitudinarias, cortes de ruta, bloqueo y sitios a ciudades. Sus tácticas y estrategias de autodefensa ante la represión policial también vienen de lejos en el tiempo. Las practican con piedras y dinamita, en cuyo manejo los mineros son expertos.

A contramano del mundo.

La cultura política boliviana, en este rato histórico, es contracíclica. La ciudadanía no está conformada ni actúa como un conjunto de individuos aislados.  Las personas se desempeñan como parte de un colectivo popular que desborda las ya poco menos que arcaicas instituciones liberales conservadoras. Desafían la idea de que la política pertenece exclusivamente a las élites de profesionales del poder. Demuestran la capacidad de las clases populares para frenar políticas estatales antidemocráticas e inconstitucionales. Bolivianos y bolivianas están dictando clases de educación cívica al mundo. Argentina, claro, incluida.