Ley Brisa: alrededor de 100 niñas y niños podrían ser beneficiados

“Ley Brisa” es el nombre con el que el miércoles pasado la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reparación a hijos e hijas de madres víctimas de femicidios. Con 203 votos a favor, por unanimidad, sin votos en contra, ni abstenciones, quedó sancionada la norma que reconoce a las “víctimas colaterales” de la violencia de género en Argentina: niñas, niños y adolescentes menores de 21 años con sus madres asesinadas y sus padres prófugos, presos o muertos por suicidio.

La norma nacional, sancionada pero aún no reglamentada ni publicada, surgió primero en Capital Federal, donde rige desde enero de este año. Fue llamada así por el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su expareja a martillazos en la cabeza el 20 de diciembre de 2014. Tanto Brisa como sus dos hermanos, también hijos de Daiana, quedaron al cuidado de su tía Cintia, madre de tres niños, y del abuelo materno. Osvaldo Barrionuevo, quien sin recursos económicos suficientes pidió ayuda a través de los medios de comunicación, puso de manifiesto la desoladora situación que viven no sólo las víctimas colaterales de los femicidios, es decir los niños y niñas, sino además la de aquellos familiares que deben velar y cuidar de ellos. Brisa, sus hermanos, y su abuelo, viven actualmente en la provincia de Buenos Aires, por lo que recién ahora, con la ley nacional, podrán acceder al reparo que lleva su nombre.

Entre los puntos más importantes que contempla la ley nacional, figuran un haber jubilatorio mínimo mensual con sus incrementos móviles para hijos e hijas de víctimas de femicidio, y una cobertura integral de salud. La reparación económica está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactiva al momento de la comisión del crimen. Por otro lado, se extingue cuando las “víctimas colaterales” cumplen los 21 años y es compatible con la Asignación Universal por Hijo, el régimen de Asignaciones Familiares y otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios.

Madre asesinada, padre suicidado, preso o prófugo

En la última década en Argentina se produjeron 2.679 femicidios vinculados de mujeres y niñas, sin contar los casos ocurridos en lo que va de 2018. A esa cifra espeluznante, se suma otra más: 3.378 hijos e hijas quedaron sin madre y más del 64% son menores de 18 años.

Los datos se desprenden de un informe realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que ante la ausencia de estadísticas oficiales, en 2008 comenzó a relevar los casos con el objetivo de ampliar los monitoreos y diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de todas las mujeres.

En Córdoba, el último informe realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales (CEPJ) del Tribunal Superior de Justicia sobre los femicidios ocurridos en la provincia entre el 2013 y el 2017 inclusive, sirve para analizar la situación respecto a las víctimas directas y colaterales de femicidio.

En la investigación dada a conocer por el CEPJ, entre 2013 y 2017, se registraron 94 femicidios, cuyas víctimas fueron mujeres adolescentes, adultas, niñas, una trans y un hombre, perpetrados por hombres por razones asociadas a su género.

Asimismo, según el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, en dicho periodo quedaron 93 hijos e hijas huérfanos. En el 86 por ciento de los femicidios ocurridos en ese lapso existía una relación de pareja entre víctima y victimario. En el 65 por ciento de los casos, la víctima convivía con el femicida. En el 26 por ciento de las causas, el imputado por femicidio se suicidó. Este último dato se fortalece con informes realizados por otras agrupaciones feministas, como ser Mumalá, desde donde indican que los femicidios seguidos de suicidio, ascienden al 40 por ciento en el total de los casos. Los números, que no incluyen los nueve femicidios registrados en Córdoba en lo que va del 2018, trazan un mapa del horror.

Si bien aún resta que el CEPJ realicé una discriminación por edades de las víctima colaterales, para conocer si son mayores o menores de 21 años -edad contemplada por la ley Brisa para considerarlos beneficiarios-, los datos dibujan la dramática situación de las familias.

La Unicameral se prepara para la Ley Brisa

Tras la sanción de la Ley Brisa, resta conocer los detalles de su reglamentación a cargo del Ejecutivo nacional, y cuáles serán los pasos para su aplicación en las provincias. En relación a ello, el legislador Daniel Passerini, de Unión por Córdoba, habló con La Nueva Mañana.

“Es un paso fundamental en la reparación a las víctimas colaterales de los femicidios. Hasta el momento, en el despacho de la ley, no figura la invitación a las provincias para adherir, aunque no descarto que lo pongan una vez publicado el decreto reglamentario. Ahora resta conocer si cada Provincia deberá hacer una ley específica o si al existir una ley nacional, la Nación va a girar estos fondos para que sean traslativos a las víctimas de femicidios de cada provincia. Entiendo que la sola sanción de la ley obliga a la Nación a financiar y a cumplimentar el financiamiento sin la necesidad de adherir o no, pero debemos esperar a la reglamentación”, dijo el legislador.

En la última década, en Argentina se produjeron 2.679 femicidios vinculados de mujeres y niñas, sin contar los casos ocurridos en lo que va de 2018. A esa cifra espeluznante, se suma otra más: 3.378 hijos e hijas quedaron sin madre y más del 64% son menores de 18 años.

Además, Passerini destacó que en la provincia de Córdoba desde el año 2006 se llevan adelante distintas acciones destinadas a las víctimas directas e indirectas de violencia de género. “Desde hace 12 años, con la creación de juzgados específicos y con su propia ley contra la violencia, Córdoba cuenta con instrumentos para asistir a las víctimas e hijos, aunque claramente no tienen el alcance que plantea la ley Brisa, pero que permiten asistir y contener a todas las víctimas. En ese sentido, lo más importante va a ser esperar a ver como se publica la ley, y de ahí en más la autoridad provincial indicará cuál será la conducta a llevar frente a esta nueva norma”.

Ayuda económica a víctimas colaterales

En ese sentido, desde la Secretaría de la Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas, destacaron que existen entre otros programas y mecanismos de asistencia a las víctimas, dos becas de ayuda económica: las Becas Nueva Vida de $3.500 mensuales que se cobran durante 24 meses y las Becas Nuevo Rumbo, que pueden ser de Emergencia hasta $ 6.000 mensuales durante tres meses, y/o para Alquiler de hasta $ 5000 hasta por 24 meses.

Ambos recursos están a disposición de hijos e hijas menores de edad, mayores de edad, y familiares también considerados como víctimas colaterales.

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