Está allí desde antes que nadie en el barrio. El edificio del Establecimiento Penitenciario Nº 2 fue construido en el año 1887 por el arquitecto Francesco Tamburini. La cárcel de barrio San Martín fue inaugurada el 3 de enero de 1895. Por allí pasaron desde el Cura Brochero hasta Carlos Gardel. Allí quedaron historias personales y señales de la época más bárbara de nuestra historia contemporánea. Y también hubo una vida cotidiana para los que habitaron los alrededores del centro carcelario.

Según la información oficial, el 28 de mayo el gobierno provincial abrirá la licitación para la restauración y puesta en valor del inmueble. La memoria del pliego indica que la intervención consistirá en reacondicionar todo el edificio para que puedan funcionar las nuevas actividades. La superficie cubierta total a intervenir es de 3680 m2. La inversión es de 58 millones de pesos y el plazo de ejecución de 315 días.
El terrible motín del 2005 marcó el quiebre en la historia del Penal de San Martín y precipitó su cierre. Desde entonces pasaron varios intentos de reasignación del destino de un emblema de esa parte de la ciudad de Córdoba.
El proceso posterior al desalojo de los presos fue largo. Pasó por varias propuestas para realizar diversos proyectos. Primero fue la idea de parquizar el predio y conservar los pabellones en los que estuvieron presos políticos de la etapa de Terrorismo de Estado. Los vecinos circundantes se opusieron porque esto significaba derribar un edificio que estaba bien conservado y que tenía valores arquitectónicos significativos.
“Fuimos recabando datos históricos en facultades, en archivos nacionales, provinciales, municipales. Tomamos contacto con la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Ahí pudimos expresar nuestra preocupación de que quedara gran parte demolido, que no estaba convenido con instituciones o al menos con los vecinos”, expresó Nancy Rueda, integrante del Movimiento Cultural Barrio San Martín. Las gestiones derivaron en la declaración como monumento histórico.
Los vecinos de barrio San Martín se constituyeron en un sector activo de diálogo que empezó a manifestarse a través de propuestas para conservar el emblemático establecimiento carcelario. La idea de los vecinos apuntaba a recuperar los edificios para un destino cultural y educativo. La persistencia en esta modalidad de dar a conocer su posición hizo que fueran convocados por las áreas gubernamentales a cargo del proyecto para congeniar las acciones a seguir.
Los lugares que se van a habilitar tras la restauración son un auditorio, una biblioteca, los espacios de memoria, un centro comercial para que pueda ser sustentables.
“Nos parece un proceso sumamente interesante desde el punto de vista de las necesidades de todos los vecinos de Córdoba en todo sentido. Tenemos una situación promisoria”, comentó Rueda.

¡Penal-azo para la vida!

El trabajo continuo de los vecinos se materializó apropiándose del espacio externo y dando vía libre a expresiones culturales para visibilizar la existencia del edificio y la necesidad de conservarlo. Así surgió el “Penal-azo” que sirvió también para celebrar el pasado 12 de mayo el Día Nacional de los Monumentos.
“Penal lo vamos a considerar siempre al enclave edilicio en el lugar y ‘azo’ por el propósito nuestro de que sea conservado, que sea puesto en valor y podamos participar como vecinos de las actividades que se van a realizar cuando sea terminada la obra”, precisó la vecina.
El Penal-azo es una expresión plural, concebida como una tribuna abierta para todas las opiniones vecinales sin agravios ni influencias partidarias. “Esta idea nos permitió hacer visible el Penal, que era lo que nos importaba, su historia, su situación y lo que podría venir”, enfatizó Rueda.

Testigo de cargo

El 5 de mayo de 2015 se inició un trabajo de demolición que, apenas fue advertido por los vecinos, motivó la convocatoria a organismos de Derechos Humanos que intervinieron para frenar esa acción con el argumento de preservar eventuales pruebas de delitos de lesa humanidad cometidos en el Penal durante la etapa de

Terrorismo de Estado.

”Ellos intervinieron por un interés referido a los Pabellones de la Memoria, donde fueron asesinados 32 presos políticos pero nos quedábamos con el desconocimiento de lo que ocurriría con el resto de la cárcel. Ahí tomamos cartas como participación ciudadana desde cero, para ver cómo podíamos hacer”, manifestó Nancy Rueda.

“Un dato para la memoria: familiares de presos comunes aportaron datos a las familias de las víctimas del Terrorismo de Estado que tenían sus hijos en el Centro Clandestino de Detención y colaboraron con organismos internacionales para decir lo que escucharon, lo que se veía de traslado de presos, del maltrato hacia ellos. En el motín del 2005 vimos la trágica situación cuando explotó el tema de la sobrepoblación del Penal”, agregó.
Los vecinos llegaron a la conclusión de que no correspondía que fuera demolido ya que había razones de orden histórico, patrimonial, arquitectónico. “Llegamos a establecer un diálogo como vecinos, nunca hemos pedido el Penal para uso propio de los vecinos de ninguna forma sino de participar en las decisiones que se fueran a tomar acerca del lugar”, recalcó.

Convivencia singular

“Así como los vecinos convivimos con una escuela, una institución educativa, nosotros hemos convivido con una institución de las características del Penal y hemos entablado vínculos con el Servicio Penitenciario”, apuntó la habitante de barrio San Martín.
“Hemos atravesado terribles tragedias como el período de 1976, la época del Terrorismo de Estado, donde se militarizó la zona porque éramos todos sospechosos y se podía constituir en un peligro por las fugas que pudieran ocurrir y, como se pensaba en aquella época haciendo al vecino partícipe de colaboración. Pero no hubo éxodo de ninguna forma”, rememoró Nancy.
“Nunca pensamos que la cárcel nos molestara. Todas nuestras familias vinieron después que estuviera el Penal así que fueron nuestras familias quienes eligieron vivir en convivencia urbana con este sitio. Aprendimos a vivir así. El impacto del cierre fue grande. De alguna manera lo esperábamos”, admitió la integrante del Movimiento Cultural Barrio San Martín, agregando que: “El peligro del motín nos dejó a todos expuestos, quizás ya no era la situación fácil de vivir”.

El Penal fue más que eso, entre lo lúgubre del lugar de detención también había vida. Desde las canchas de fútbol entre los espacios verdes, lugares para recreación, hasta hubo una pileta de natación en los años ’60. También había trabajo, realizado por los internos, que también fue una vía de conexión con el vecindario.
“Hemos siempre propiciado la idea de que donde hubo tragedia podemos sembrar la esperanza y de lo que podamos recuperar como memoria digna entre el vecindario, presos y vecinos también nos vamos a comprometer. Hemos comprado el pan que hacían los presos, porque hemos comprado los cestos de mimbre, hemos ido al vivero. Sabemos de grandes hitos que hubieron en el lugar”, destacó.

Sentimientos encontrados
Nancy Rueda se sincera al decir que no puede hablar en representación de los 18 mil habitantes del barrio, pero rescatando sus vivencias admite que tiene sensaciones contradictorias o ambiguas. “El vivir cerca de un Penal no es lo mejor si uno lo viera a la distancia. Tampoco es lo peor, en el sentido de que todos somos seres humanos y alguien que cayó en desgracia o está preso merece ser considerado como vecino por estar en esa institución privado de su libertad. En ese sentido es dramático pero también sobre los dramas sociales o personales estamos convencidos que se funda la esperanza y que toda etapa puede surgir la esperanza y el progreso inclusive para la sociedad”, reflexionó.

“Nuestro principal fundamento es decir que el sector de vecinos buscamos integrar las memorias que están ahí contenidas, sin preponderar una memoria sobre otra sino poder aunar todas las memorias para aprendizaje de los niños, de los jóvenes, y de las futuras generaciones que van a venir, para que el lugar una vez puesto en valor cobre la dimensión histórica que contiene”, auguró.

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