País21/03/2018

Madres cuestionó a quienes piden “misericordia” por el genocida Astiz

"Con él son misericordiosos pero con nosotros que no tenemos respuestas sobre de qué forma y por qué se llevaron a nuestros seres queridos, no", dijo Mirta Acuña Baravalle.
Durante el verano se realizaron numerosos escraches contra el genocida Etchecolatz, beficiado con domiciliaria y esta semana de vuelta a prisión.

La cofundadora de Madres de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo, Mirta Acuña de Baravalle, quien conoció al genocida Alfredo Astiz cuando se infiltró en el grupo de familiares de desaparecidos de la Iglesia de Santa Cruz en la última dictadura, cuestionó la "misericordia" de la Justicia ante la posibilidad de que reciba el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.

"Con él son misericordiosos y benévolos pero con las personas que no tenemos respuestas sobre de qué forma y por qué se llevaron a nuestros seres queridos, no", lamentó Baravalle, de 93 años, al recordar que aún espera que la Justicia ordene realizar los análisis genéticos que permitan determinar la identidad de un joven que cree es su nieto.

La dirigente de derechos humanos busca desde el 27 de agosto de 1976, a su hija Ana María, secuestrada junto a su pareja, Julio César Galizzi, en el partido bonaerense de San Martín, cuando ella estaba embarazada de cinco meses.

Desde entonces, su vida giró en torno a la búsqueda de su familia y fue una de las integrantes del "Grupo de la Iglesia de la Santa Cruz", lugar convertido en el centro de reunión de personas cuyos familiares habían sido secuestrados por la dictadura militar y donde se infiltró Astiz bajo el seudónimo de Gustavo Niño.

"En marzo de 1977 conocí a ese asesino que llegó al grupo diciendo que tenía a un hermano desaparecido" recordó Baravalle al señalar la fecha que Astiz comenzó el plan macabro de secuestro y desaparición de personas, un mes antes de la primera ronda que realizaban las Madres de Plaza de Mayo.

Baravalle participó de esos encuentros y hoy señala: "Hablan de humanidad (para con Astiz, por la enfermedad que padece) y yo pienso en las personas que estaban en esas reuniones y hoy no hay ninguno de ellos".

"Si no hay Justicia, no hay sociedad que pueda vivir en paz", alertó Baravalle, tras agregar: "No acepto reparación para criminales como él".

De esta forma se refirió a una nómina remitida por el SPF al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, en la que se consignan los nombres de los detenidos -un total de 1.436- que, por razones de salud, podrían quedar en libertad condicional, vigilada o en un régimen de prisión domiciliaria, entre ellos Astiz.

Ese Sistema está integrado por representantes de la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal; de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; de los jueces nacionales de ejecución penal; de la Procuración General de la Nación; de la Defensoría General de la Nación y de la Procuración Penitenciaria de la Nación. 

El 8 de diciembre de 1977 un grupo de tareas de la Marina comandado por Astiz irrumpió en la Iglesia Santa Cruz, donde secuestró a nueve personas, luego de "marcarlas" con un beso en la mejilla, entre ellas, la religiosa francesa Alice Domon, y las Madres de Plaza de Mayo, María Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. 

Dos días después de ese hecho, fue secuestrada la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y horas después se produjo la detención de la compañera de Domon, Leonie Duquet.

Todos fueron trasladados al centro clandestino que funcionó en la ESMA, torturados y arrojados vivos al mar, que tiempo después devolvió cinco cuerpos, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense como los de las monjas francesas y las Madres Villaflor, Careaga y Bianco.

Astiz, de 67 años, figura en una lista del Servicio Penitenciario Federal como uno de los detenidos que por razones de salud podrían acceder a un régimen de libertad condicional, vigilada o de prisión domiciliaria.

Fuente: Télam

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