Pidieron el desafuero y la imputación del juez Anticorrupción Hidalgo

Por: Gastón Gracia Daponte

El juez del Fuero Anticorrupción Gustavo Hidalgo quedó a un paso de ser procesado por la Justicia provincial por el encubrimiento al gobierno de la Provincia en el caso de las coimas que empresas brasileras habrían pagado para obtener las obras de los gasoductos troncales, al negarse el juez en siete oportunidades a solicitar un exhorto a Brasil para que se investigara esta cuestión en la mega causa de corrupción de Sudamérica denominada “Lava Jato”.
Los legisladores opositores Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba); Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) pidieron ante el Fiscal de la Cámara de Acusación de Córdoba el desafuero, quita de inmunidades y privilegios para Hidalgo y su inmediata imputación basados en la resolución de la jueza de Control de Primera Instancia.
La semana pasada, la magistrada María Celeste Ferreyra emitió una resolución en la que consideró que Hidalgo no actuó al no enviar este requerimiento para que el arrepentido de la causa explicara en detalle cómo se pagaron las coimas en la licitación de la mencionada obra pública citando una extensa jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, contradiciendo así al fiscal de Instrucción del Distrito 1 Turno 3 de la ciudad de Córdoba que solicitó la desestimación y archivo de la denuncia que los tres legisladores cordobeses le habían realizado el 17 de abril del año pasado por “encubrimiento agravado” y “mal desempeño”.

Siete pedidos de exhorto en un año

Los parlamentarios le habían pedido en siete presentaciones judiciales a lo largo de casi un año (desde el 12 de marzo de 2015 hasta el 10 de febrero de 2016) que diligenciara un exhorto judicial a Brasil para que se indagara el pago de coimas que mencionó el arrepentido Youseff dentro del listado de 750 obras obtenidas con esta metodología en todo el mundo.
“El exhorto solicitado por los denunciantes aparecía como imperioso y fundamental a los fines de precisar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas necesarias para llevar a cabo la investigación solicitada. Tampoco se recepcionó ningún otro tipo de prueba independiente o alternativa más que la aportada voluntariamente por los denunciantes”, explica la magistrada en los fundamentos de su resolución.
En cuanto al archivo que Hidalgo resolvió sobre la causa, la jueza entendió que no aclaró las razones por las cuáles el entonces fiscal anticorrupción no solicitó la información que a todas luces era necesaria en la medida que se trataba de cuatro menciones concretas de pagos ilegales para obtener la obra de los gasoductos troncales.

Qué dice la jueza Ferreyra sobre el accionar de Hidalgo

“No se trató en el caso de simples omisiones aisladas o que constituyan meras negligencias producidas por la irreducible sobrecarga de trabajo de las oficinas del Poder Judicial. Tampoco se trató de un rechazo fundado en el principio de libertad probatoria consagrada en nuestro Código Procesal Penal, ya que dicha prueba (exhorto) no fue suplida por ninguna otra. Y el ex fiscal a cargo de la investigación archivó la causa sin haber aclarado dichas circunstancias”, sostiene Ferreyra.
La magistrada advirtió además que las razones por las cuales Hidalgo ordenó la desestimación y archivo total de la causa argumentando que había agotado las medidas pertinentes a los fines de corroborar la existencia de los presuntos hechos denunciados, se basó, entre otras cuestiones, “en la indeterminación de las conductas a investigar”.
“No debe olvidarse que aunque por imperio del mentado principio de libertad probatoria de la ley no exija un medio determinado para acreditar un objeto específico, siempre deberá preferirse aquel que ofrezca mayores garantías de eficacia. Solo así se podrá lograr la obtención del dato probatorio de utilidad preponderante para probar el hecho o circunstancia que pretenda demostrarse. Pero el fundamento que “no se pudo proceder” atento que la denuncia era genérica e inespecífica, descansaba en supuestos que podrían haber sido esclarecidos con el medio de prueba omitido (exhorto) por el ex fiscal a cargo. Estimo que la omisión de diligenciar prueba dirimente es suficiente a los fines requeridos”, asegura Ferreyra refiriéndose a la denuncia de los parlamentarios por mal desempeño y encubrimiento agravado por parte de Hidalgo.
Los tres legisladores de la oposición no solo han intentado forzar al Fuero Anticorrupción para que investigue la trama de corrupción en Córdoba, en este caso por los gasoductos troncales, sino que sin suerte chocaron una y otra vez contra un paredón protector que les ha impedido ser querellantes particulares para poder seguir las actuaciones de los funcionarios judiciales dentro de la causa, primero como legisladores y luego omo representantes de la Asociación “Acción Solidaria por una Mejor Argentina” (Asoma).

Sin la última palabra

Si bien la jueza de Control asegura que Elorrio, Montero y Quinteros no agotaron todas las instancias para acceder a la causa con la figura de querellantes, sí determina que esta restricción sistemática aplicada por Hidalgo a los denunciantes no resulta ni siquiera “aconsejable” en cuanto constituyeron la última palabra de la Justicia en este tema y que no son ni siquiera de un juez, sino de un fiscal.
“En un esquema de indisponibilidad de la acción penal tan cerrado en el que el particular ha sido desposeído de la mayoría de los poderes de impulsión de pretensión represiva, poniéndolos en manos de un funcionario público, no parece ni siquiera aconsejable que el rigor interpretativo prohíje criterios a partir de los cuales las determinaciones de un fiscal (y no un juez) adversas a las expectativas de aquél, terminen resultando la última palabra que la Justicia tiene para decir”.
Por último el texto de la magistrada señala que el accionar de Hidalgo en la investigación por las coimas de los gasoductos no solo que es contraria a la legislación interna de la respuesta penal sino que la califica como “una clara y evidente directriz político criminal” en este sentido.
“Por otra parte, no debemos olvidarnos que atento a la particularidad de los delitos denunciados, y más allá de su hipotética existencia fáctica y de sus eventuales partícipes –lo que debió ser materia de investigación-, se establece una perspectiva axiológica más gravosa, de lo que surge una clara y evidente directriz político criminar hacia la legislación interna de endurecimiento de la respuesta penal”.

Qué pasa en Brasil con el caso

Actualmente, la justicia brasilera investiga si las coimas que dice que pagó Alberto Youseff, el arrepentido de la megacausa conocida como “Lava Jato” (lavadero de autos), para obtener la obra de los gasoductos troncales en Córdoba en 2009, se realizó con fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y sigue la ruta de la coima mencionada a través de la creación de la empresa Madero Urbana en donde intervinieron los hermanos Guillermo y Patricio Álvarez, socios y empleados de Herman Karsten en Kolektor y que recientemente se llevaron un nuevo contrato por el cobro de impuestos en la provincia de Córdoba a través de una de las sociedades base que componían a Kolektor, Servicios y Consultoría S.A.

A finales del mes de octubre del año pasado García Elorrio, Montero y Quinteros del Bloque del Frente Cívico viajaron a Curitiba, Brasil, donde le entregaron a Roberto Gavão y Laura Golçalves Tessler, dos de los fiscales del caso de corrupción más grande de América Latina, pruebas que podrían vincular fondos públicos de Brasil utilizados para el pago de las coimas en la provincia de Córdoba.
Los legisladores le entregaron el decreto provincial Nº443, del 13 de mayo de 2015 para establecer el vínculo entre lo que dice la lista de Youseff y su correlación con lo que sucedía en Córdoba. En el decreto provincial firmado por el ex gobernador José Manuel De la Sota se detalla que la provincia suscribió el 20 de diciembre de 2010 el Contrato de Colaboración Financiera con el BNDES para la realización de los gasoductos.

Madera Urbana, en el foco de la denuncia

Además el 22 de febrero próximo pasado, tras la publicación en La Nueva Mañana de la nota “La posible ruta de las coimas de Odebrecht en Córdoba”, los tres legisladores opositores presentaron ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que funciona en Avenida de Mayo de la ciudad de Buenos Aires una denuncia por lavado de dinero contra la empresa Madero Urbana que en paralelo, fue avanzando con la licitación de los gasoductos troncales en el año 2008/2009 y que tras una vertiginosa capitalización en menos de un año terminó en manos de Ángelo Calcaterra, después de pasar por las manos de los hermanos Álvarez en una operación por once millones de dólares, un tercio de los U$S 33 millones que supuestamente se pagaron por coimas en la provincia.

El 2 de septiembre de 2011 se produjo el negocio de transferencia de acciones, mediante el cual Gestión y Desarrollos Inmobiliarios S.A. (cuyas autoridades son Guillermo y Patricio Álvarez, dos hombres de Herman Karsten y por ende a Horacio Miró), en carácter de propietario del 40% de las acciones de MADERO URBANA SA, cedió por la suma de U$S 11.086.750 equivalente a 48.931.806 acciones (siendo el valor nominal conforme al estatuto de cada una de $1) a favor de IECSA SA (perteneciente al Grupo ODS).
Por esta empresa pasaron además como directores Walter Poplawski –socio de Horacio Miró en emprendimientos y hermano de María del Carmen Poplawski, exsecretaria General de la gobernación de José Manuel de la Sota– y el economista Ramiro Sosa Navarro, hijo de Ricardo Sosa, actual ministro de Obras Públicas y Financiamiento de Juan Schiaretti. En la actualidad, Sosa Navarro es director del Banco de Córdoba y de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.

Un Fuero Anticorrupción con los días contados

El Fuero Anticorrupción de Córdoba que fue creado bajo el mandato del exgobernador José Manuel de la Sota con la sanción de la ley 9122 el 6 de agosto de 2003, cuando Juan Schiaretti presidía la Unicameral de Córdoba, ha dado todas las garantías y actuaciones para demostrar desde su origen que el gobierno de la Provincia está blindado en las investigaciones por casos de corrupción.
Estos hechos de connotación pública son la razón por la cual el gobierno de Juan Schiaretti ya dejó trascender que derogará la existencia de este fuero judicial al haber caído en el descreimiento casi total por parte de la sociedad cordobesa anclado en sus sistemático accionar.
Semanas atrás el Poder Judicial se expresó en igual sentido asegurando que en el proceso de su creación, las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no fueron ni siquiera consultadas por las autoridades políticas ni legislativas.
Durante la apertura del año judicial en Córdoba, el pasado viernes 16 de marzo, Aida Tarditti, Presidenta del TSJ volvió a pedir independencia económica. Parece una verdad de perogrullo pero si la Justicia depende de los recursos que el poder político le concede, ergo, la Justicia depende del poder político de turno.
Con el fallo de la jueza de control de Primera Instancia, María Celeste Ferreyra en el que advierte las numerosas irregularidades en las que incurrió Gustavo Hidalgo durante sus actuaciones en la investigación por las coimas de los gasoductos troncales que dio sustento al pedido de desafuero e imputación del actual Juez Anticorrupción, la justicia cordobesa demostrará si la dependencia económica del poder político alcanza para que el encubrimiento sistemático de los actos de corrupción deje de pertenecer a una jurisdicción específica para alcanzar a todo el Poder Judicial o si por el contrario la justicia actúa en consonancia con la resolución de la magistrada Ferreyra y demuestra las razones que la califican como uno de los mejores servicios judiciales del país. Sin medias tintas, es a todo o nada.  

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