Discapacidad: con el desfinanciamiento de la Andis, "las personas quedan fuera del sistema"

En la mañana de este miércoles, y en el marco de una jornada nacional de manifestaciones para instar al Congreso a aprobar una Ley de Emergencia en Discapacidad, en la Plaza San Martín se movilizaron prestadores, profesionales, representantes de instituciones, transportistas, personas con discapacidad y sus familias.

La actividad de visibilización de la grave crisis que atraviesa el sector también se replicó en localidades del interior cordobés, como Río Cuarto, Alta Gracia, Mina Clavero y Oncativo, entre otras.

Paralelamente, en Diputados y sin presencia de "libertarios", un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, emitió dictamen para que la "Emergencia en Discapacidad" se discuta en el pleno de la Cámara baja el 14 de mayo.

Se trata de un triunfo de la movilización del sector, que viene sosteniendo el reclamo desde hace meses.

Un modelo que excluye

Consultada por La Nueva Mañana, la directora técnica de la fundación Arkho, secretaria General de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) y representante de la ONGs por Córdoba en el Consejo Federal de Discapacidad, Belén Frías, brindó un panorama sobre la acuciante realidad que atraviesa el sector de la discapacidad en el país.

"Lo que sucede es muy grave y está llevando a las instituciones a lugares de los cuales es muy difícil salir", alertó.

A continuación, detalló que por un lado, las auditorías de pensiones no contributivas que está llevando adelante el Gobierno nacional "afectan directamente a las personas con discapacidad" porque "se están haciendo en un marco de desinformación y maltrato, exclusión, vulneración de derechos y falta de información".

Indicó en este sentido que muchas personas con discapacidad y sus familias "no están pudiendo resolver este tema, y al pedir colaboración, es bastante acotado lo que reciben". Advirtió que esta situación pone a las personas y a sus familias en situaciones muy delicadas. "En ese marco, las organizaciones no gubernamentales estamos jugando un papel central", subrayó.

Y respecto a las prestaciones en discapacidad, ventiló un panorama preocupante: "Hace tiempo conocíamos que alrededor de 200.000 personas estaban acogidas por este sistema de prestaciones básicas en discapacidad. Ahora sabemos que son muchas menos, porque hay personas que se quedaron sin obra social, instituciones que cerraron y lo que ha logrado la Agencia Nacional de Discapacidad con este programa de desfinanciamiento, es ir progresivamente logrando que las personas queden fuera del sistema".

Respecto a las instituciones que prestan servicios en discapacidad, alertó que "todo lo que es estimulación temprana, centros categorizados de inclusión a la escuela de nivel, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, están llegando a casi su tope, al no poder seguir brindando estos servicios porque toman deuda para pagar los sueldos o hacer frente a las cargas impositivas de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP) para los empleados en relación de dependencia y se está haciendo insostenible".

Las demandas del sector

El sector de la discapacidad demanda que la ley de emergencia que apruebe el Congreso contemple protección social y financiamiento para pensiones no contributivas, programas de salud y servicios de atención integral; y un régimen que permita la regularización de deudas tributarias y de seguridad social para los prestadores de servicios, condonando intereses y multas.

También la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); y un modelo de diálogo que permita la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas.

Asimismo, se demanda la modificación de la Ley 13.478 para establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, que sea compatible con el trabajo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos; y el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad que perciben la pensión, a acceder al programa médico integral (PMO), que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901 ("Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad").

Un sistema en emergencia

Con respecto al panorama general del sector, destacó Frías que con las medidas que se están implementando, "un sistema creado por la Ley 24.901, que es muy virtuoso, ha quedado en una situación tremenda". 

Paralelamente, mencionó como dato adjunto y complementario de la crisis del sector, que con la gestión de Javier Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) pasó a la órbita del Ministerio de Salud. "La discapacidad no puede ser pensada sólo desde el modelo de la salud; eso también genera una nueva vulneración", subrayó y agregó que esta Agencia todavía tiene vigente la cuestionada resolución 187/2025, que definió a las personas con discapacidad como imbéciles, idiotas y débiles mentales.

En este marco, explicó que las movilizaciones que lleva adelante el sector en todo el país tienen por objetivo que el resto de la sociedad tome conocimiento y entienda la gravedad de lo que está ocurriendo con el sector de la discapacidad. "Es algo que no puede dejarse de lado y no considerarse", enfatizó.

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