En la Plaza San Martín y en diversas localidades cordobesas hubo manifestaciones para exigir que el Congreso declare la emergencia en discapacidad. Belén Frías, de Capredis, detalló a La Nueva Mañana el acuciante presente que atraviesa el sector.
Córdoba30/04/2025
Pablo Javier Rodríguez
En la mañana de este miércoles, y en el marco de una jornada nacional de manifestaciones para instar al Congreso a aprobar una Ley de Emergencia en Discapacidad, en la Plaza San Martín se movilizaron prestadores, profesionales, representantes de instituciones, transportistas, personas con discapacidad y sus familias.
La actividad de visibilización de la grave crisis que atraviesa el sector también se replicó en localidades del interior cordobés, como Río Cuarto, Alta Gracia, Mina Clavero y Oncativo, entre otras.
Paralelamente, en Diputados y sin presencia de "libertarios", un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto, emitió dictamen para que la "Emergencia en Discapacidad" se discuta en el pleno de la Cámara baja el 14 de mayo.
Se trata de un triunfo de la movilización del sector, que viene sosteniendo el reclamo desde hace meses.
Consultada por La Nueva Mañana, la directora técnica de la fundación Arkho, secretaria General de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) y representante de la ONGs por Córdoba en el Consejo Federal de Discapacidad, Belén Frías, brindó un panorama sobre la acuciante realidad que atraviesa el sector de la discapacidad en el país.
"Lo que sucede es muy grave y está llevando a las instituciones a lugares de los cuales es muy difícil salir", alertó.
A continuación, detalló que por un lado, las auditorías de pensiones no contributivas que está llevando adelante el Gobierno nacional "afectan directamente a las personas con discapacidad" porque "se están haciendo en un marco de desinformación y maltrato, exclusión, vulneración de derechos y falta de información".
Indicó en este sentido que muchas personas con discapacidad y sus familias "no están pudiendo resolver este tema, y al pedir colaboración, es bastante acotado lo que reciben". Advirtió que esta situación pone a las personas y a sus familias en situaciones muy delicadas. "En ese marco, las organizaciones no gubernamentales estamos jugando un papel central", subrayó.
Y respecto a las prestaciones en discapacidad, ventiló un panorama preocupante: "Hace tiempo conocíamos que alrededor de 200.000 personas estaban acogidas por este sistema de prestaciones básicas en discapacidad. Ahora sabemos que son muchas menos, porque hay personas que se quedaron sin obra social, instituciones que cerraron y lo que ha logrado la Agencia Nacional de Discapacidad con este programa de desfinanciamiento, es ir progresivamente logrando que las personas queden fuera del sistema".
Respecto a las instituciones que prestan servicios en discapacidad, alertó que "todo lo que es estimulación temprana, centros categorizados de inclusión a la escuela de nivel, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, están llegando a casi su tope, al no poder seguir brindando estos servicios porque toman deuda para pagar los sueldos o hacer frente a las cargas impositivas de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP) para los empleados en relación de dependencia y se está haciendo insostenible".
El sector de la discapacidad demanda que la ley de emergencia que apruebe el Congreso contemple protección social y financiamiento para pensiones no contributivas, programas de salud y servicios de atención integral; y un régimen que permita la regularización de deudas tributarias y de seguridad social para los prestadores de servicios, condonando intereses y multas.
También la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); y un modelo de diálogo que permita la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas.
Asimismo, se demanda la modificación de la Ley 13.478 para establecer una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, que sea compatible con el trabajo formal, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos; y el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad que perciben la pensión, a acceder al programa médico integral (PMO), que garantice las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901 ("Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad").
Con respecto al panorama general del sector, destacó Frías que con las medidas que se están implementando, "un sistema creado por la Ley 24.901, que es muy virtuoso, ha quedado en una situación tremenda".
Paralelamente, mencionó como dato adjunto y complementario de la crisis del sector, que con la gestión de Javier Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) pasó a la órbita del Ministerio de Salud. "La discapacidad no puede ser pensada sólo desde el modelo de la salud; eso también genera una nueva vulneración", subrayó y agregó que esta Agencia todavía tiene vigente la cuestionada resolución 187/2025, que definió a las personas con discapacidad como imbéciles, idiotas y débiles mentales.
En este marco, explicó que las movilizaciones que lleva adelante el sector en todo el país tienen por objetivo que el resto de la sociedad tome conocimiento y entienda la gravedad de lo que está ocurriendo con el sector de la discapacidad. "Es algo que no puede dejarse de lado y no considerarse", enfatizó.
Noticias relacionadas:
La Cámara 7° del Crimen de Córdoba pospuso la fecha del veredicto de los jurados contra la enfermera, médicos y exfuncionarios acusados por la muerte de cinco bebés y ocho presuntos intentos de homicidio a recién nacidos, ocurrido en el Hospital Provincial Neonatal. Los pedidos de condenas de la fiscalía.
El Ministerio de Justicia dejó sin efecto cinco de los programas que habían sido establecidos por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La medida fue firmada por el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, quien celebró la noticia.
El incremento fue autorizado por el Ersep, en su Resolución Número 60, publicada en el Boletín Oficial. Las empresas justifican el aumento por las actualizaciones del IPC, el Convenio Colectivo de Trabajo de la Aoita y el precio del combustible.
Tras dos jornadas de votación, de las 15 facultades de la UNC, 14 renovaron autoridades decanales para el periodo 2025-2028, pero la Facultad de Psicología tendrá segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas, dado que ninguna alcanzó el piso del 40%.
La Cámara 7° del Crimen de Córdoba pospuso la fecha del veredicto de los jurados contra la enfermera, médicos y exfuncionarios acusados por la muerte de cinco bebés y ocho presuntos intentos de homicidio a recién nacidos, ocurrido en el Hospital Provincial Neonatal. Los pedidos de condenas de la fiscalía.
El incremento fue autorizado por el Ersep, en su Resolución Número 60, publicada en el Boletín Oficial. Las empresas justifican el aumento por las actualizaciones del IPC, el Convenio Colectivo de Trabajo de la Aoita y el precio del combustible.
El Departamento de Delitos Económicos de la Policía realizó cinco allanamientos en distintos puntos de la ciudad y también en el CPC de barrio Jardín. Investigan maniobras delictivas vinculadas al expendio irregular de carnets de conducir.
La medida forma parte de un plan de lucha para denunciar el doble standard salarial que sufren, al no poder acceder en igualdad de condiciones a la equiparación salarial que lograron los magistrados provinciales, con sus pares federales.
La propuesta fue tratada en el Concejo Deliberante de la ciudad en la tarde del jueves y se aprobó con la mayoría de los votos positivos del oficialismo. Vecinos se concentraron en el ingreso del edificio manifestando su disconformidad.
El joven es de contextura física delgada, mide más de 1,76 metro, tiene cabello color castaño y ojos color marrón claro. La Fiscalía de Instrucción del tercer turno en Carlos Paz pide colaboración a la comunidad para poder dar con su paradero.
Desde este viernes Córdoba adhiere a un nuevo sistema de pago con la tarjeta SUBE en el transporte urbano de pasajeros. Cuánto cuesta, dónde se consigue y qué pasa con los beneficios provinciales.
Anunció el gobernador que se destinará un millón y medio de pesos para cada uno de los 400 espacios que funcionan en la Capital y el interior provincial; y que se impulsará la figura Promotor, que oficiará de nexo con los municipios y la Provincia.
La preinscripción se realizará en el Pabellón Argentina, Sala de las Américas, los días 19, 20 y 21 de mayo. Hay cursos de construcción, carpintería y muebles, medios y comunicación, y nuevas tecnologías.
La decisión, impulsada por el Directorio del Seguro de Salud, responde a un reclamo histórico de personas afiliadas, familias y organizaciones del sector.
La propuesta fue tratada en el Concejo Deliberante de la ciudad en la tarde del jueves y se aprobó con la mayoría de los votos positivos del oficialismo. Vecinos se concentraron en el ingreso del edificio manifestando su disconformidad.
