En medio del conflicto educativo, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario del Progresar

Este martes, en una nueva avanzada del Gobierno contra la educación pública, se conoció la medida que elimina el Fondo Fiduciario Progresar, mediante Decreto 888/2024 publicado en el Boletín Oficial. También se informó el cierre del Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

La medida llevada adelante por el Ministerio de Economía determinó el cierre “tras un proceso de revisión”, en el que los tres fondos fiduciarios “evidenciaron ineficiencias en su implementación”, según explicaron desde la cartera que comanda Luis Caputo.

La decisión es consecuente con la Ley Bases, en la que se establece que “el Ministerio de Economía propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, según corresponda, la modificación, transformación, unificación, liquidación o disolución de los fondos fiduciarios públicos”.

El Fondo Fiduciario Progresar fue creado en 2014 por ley 27.287 y consistía en un fideicomiso que tomaba aportes de la Nación y las provincias a partir de donaciones, renta de activos financieros, préstamos nacionales e internacionales e impuestos específicos.

Esos aportes permitieron que las becas Progresar llegaran principalmente a estudiantes de bajos recursos económicos que, precisamente por ello, no podían solventar los gastos de estudios.

Desde la cartera económica aclararon que “al igual que el Fondo Nacional de Emergencias, nunca llegó a implementarse”, aunque las becas funcionan desde hace diez años. 

Tras las alertas que desató la noticia en la comunidad educativa, el Gobierno salió a aclarar que por el momento el programa sigue vigente y que todo se debe a un cambio en la modalidad de administración a partir del advenimiento de la gestión de LLA.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano informó que las becas  "continúan en vigencia y que los más de un millón de beneficiarios seguirán cobrando en tiempo y forma".

Fondo Nacional de Emergencias y de Bosques Nativos

El Fondo Fiduciario Nacional de Emergencias tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectaran al país. Para justificar su cierre, desde Economía indicaron que “este fondo nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado”, por lo que el Gobierno nacional consideró que “quedó reducido a una enunciación carente de implementación práctica”.

Al respecto, en el texto oficial se citó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el que se expresó que “de acuerdo al análisis efectuado, surge con total claridad y evidencia que el Fondo creado en el año 2016 nunca estuvo operativo”.

En esa línea, se precisó que “desde el 15/11/17, fecha en que se suscribió el Contrato de este Fideicomiso hasta la actualidad, nunca se le asignó un presupuesto acorde al objetivo tenido en cuenta al momento de su creación” y que dicho “Fondo Fiduciario nunca cumplió con su objetivo”.

El Fondo para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), en tanto, fue creado para financiar medidas de protección de los bosques, “en el marco de la contribución nacional, de conformidad con la voluntad del Estado Nacional manifestada en el Acuerdo de París”.

En el documento oficial se recordó que parte de los recursos que abastecían al FOBOSQUE “provendrían del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondiente al año anterior del ejercicio en consideración”.

A pesar de esta premisa, el Gobierno expuso que eso no fue reflejado en los presupuestos nacionales de los últimos años (2021, 2022 y 2023) y aportó que “del Informe de Auditoría realizado al efecto por la SIGEN surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo”.

En este aspecto, desde Economía indicaron que la auditoría “puso en evidencia debilidades en los registros, mostrando un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones, así como también la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada”.

De esta manera, argumentaron que “dadas las disposiciones contenidas en la Ley de Bases y los objetivos perseguidos por el Gobierno Nacional, el cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento en la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos”.

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