Denunciaron a la jueza Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura por las detenciones "arbitrarias" de militantes del PJ
La jueza federal fue denunciada por las detenciones “ilegales” y allanamientos a edificios públicos ordenados en la causa abierta contra militantes políticos que dejaron un pasacalle y estiércol como forma de protesta, frente a la casa de José Luis Espert.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por las detenciones “ilegales” y allanamientos a edificios públicos ordenados en la causa abierta contra militantes políticos que dejaron un pasacalle y bosta frente a la casa del diputado oficialista José Luis Espert.
La denuncia es por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” y fue presentada por diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley, que tienen asiento en ese organismo encargado de controlar a los miembros del Poder Judicial.
Arroyo Salgado quedó en la mira por tener a su mando una causa promovida por Espert y respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la política de “caza de brujas” contra opositores desatada por el gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, los consejeros reclaman el juicio político de Arroyo Salgado por "mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de sus funciones" por la la detención ilegal de cinco militantes políticos"
La jueza detuvo a los militantes kirchneristas Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, por haber atacado el pasado 17 de junio el domicilio del libertario ubicado en San Isidro.
Una de las detenidas, Mieri, es la presidenta del bloque de concejales de UxP en Quilmes, y es una dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza, mientras que Abaidar es una funcionaria del ministerio de las Mujeres.
Recalde y Siley acusan a la magistrada de "detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una cárcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal".
Los legisladores sostendrán en su denuncia de se trata de militantes que " están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie".
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